En el procesamiento del magistrado Llarena contra los responsables de la declaración de la república catalana, son todos los que están, pero no están todos los que son.

En efecto, se han obviado una serie de responsables que a la luz del Código Penal, tenían también que estar procesados.

Manos Limpias presentó siete denuncias contra Arturo Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dada su condición de aforado, así como contra todo su Gobierno, por la preparación con comportamientos y actos de los delitos de rebelión y sedición, facilitando por tanto la actuación posterior de Carlos Puigdemont, pese a lo cual no ha sido procesado.

Excuso decirles que el TSJ de Cataluña tampoco hizo prácticamente nada para seguir adelante con esas denuncias y querellas, y la fiscalía, todavía menos.

Tanto ese gobierno anterior al de Puigdemont, como los 70 diputados que votaron a favor del proceso separatista, algunos con mucha cobardía ocultando el sentido de su voto, para evitar posibles responsabilidades penales, en opinión de Manos Limpias, y en la mía propia, debería estar procesados.

Hay dos figurar penales que en mi modesta opinión el magistrado Llarena no ha tenido en cuenta, y son las siguientes:

1. La existencia del art. 17 del Código Penal, relativo a la conspiración y proposición, y la regulación por el art. 18 del citado Código de la provocación a la comisión de los delitos de rebelión y sedición.

Ambas eran claramente palpables y evidentes en el ejecutivo de Arturo Mas.

Además se denunció a Arturo Mas por malversación de caudales públicos, y a pesar de ello, el TSJ de Cataluña se lavó las manos como Pilatos, archivando las denuncias de Manos Limpias.

Con el informe favorable de la fiscalía, que todo hay que decirlo.

2. La otra figura penal es la del cooperador necesario, que está regulado en el art. 28, b, del Código Penal vigente.
Los 70 diputados autonómicos que votaron a favor de la república, y por lo tanto de separarse de España, fueron cooperadores necesarios en ese delito.

Sin su voto no se hubiera producido la proclamación de la república catalana.

El magistrado Llarena, pese a que yo mismo le envié toda la documentación con las denuncias previas de Manos Limpias al respecto, no ha dictado resolución alguna al respecto, desestimando por lo tanto, y por segunda o tercera vez –si contamos con la sin par “colaboración” de la fiscalía- investigar estos presuntos delitos, como entendemos es su obligación.

Todo ello evidencia, pues, que en este proceso, por las razones que sean, el magistrado Llarena ha dejado impunes a responsables evidentes y manifiestos del proceso separatista, como instigadores y cooperadores necesarios.

Se olvida Llarena de la existencia de un plan concebido por una pluralidad de personas, perfectamente identificales, lo que debe dar lugar a la existencia de una organización criminal, y el agravamiento consiguiente de las penas, al tratarse de un plan preconcebido, y de un grupo de más de tres personas.

Y no creemos que un magistrado de su fuste y rigor intelectual desconozca estas circunstancias, cuando un simple jurista como el que suscribe lo conoce perfectamente, de lo que debemos deducir que algo huele a podrido en este asunto.

Recuerdo finalmente que cuando se detectó la primera cédula cancerígena del proceso, si se hubiese actuado con determinación, aplicando la Ley y el Derecho, que son los dos brazos del sistema jurídico, no hubiéramos llegado a la actual situación de metástasis separatista, y cuyas consecuencias son impredecibles.

Desde Manos Limpias se denunció ante la Fiscalía General del Estado, y ante el propio Presidente del Gobierno, a la sazón don Mariano Rajoy, esta situación, e hicieron oídos sordos, pues no “interesaba” molestar a los “amigos” catalanes.

Los poderes públicos solo han actuado cuándo ya no les quedaba más remedio, y posiblemente era ya demasiado tarde, y la Historia –y nosotros también, en las próximas elecciones generales-, tendremos que exigirles las correspondientes responsabilidades.

*Jurista y secretario general de Manos Limpias