No cabe duda que a estas alturas de la historia uno llega a la conclusión que la propaganda del socialismo es tan efectiva como falsa. Recordemos, si no, cómo los socialistas, catedráticos en profesar el proselitismo, son los artífices en implantar un rebaño sin la menor capacidad de discernimiento, una negación del sacrificio y una masa que carezca de un pensamiento crítico. Porque envestidos bajo palio -laico por supuesto-, presumen de ser los salvadores de los parias del mundo cuando llevan engañando a los obreros desde su fundación un siglo atrás. Por tanto, poco puede extrañar que haya una máxima en el socialismo que desde tiempos inmemorables se repite ad aetérnum. Me refiero a que todo imperio sumergido bajo el paraguas socialista experimenta una riqueza proporcional al empobrecimiento de la clase media y del ahogo fulminante de las clases más humildes.

Este principio, que a primera vista pudiera parecer un hecho arbitrario, se convierte en una realidad notoria cuando se recuerda, por ejemplo, como este gobierno de los obreros adjudicó 50.000 millones de euros a la banca, con cargo al Tesoro Público, para supuestamente inyectar liquidez y reactivar el crédito tanto para empresas como para las familias. Crédito que, para más señas, nunca llegó. Y todo esto mientras los bancos, a pesar del retroceso del 5,8%, lograron un beneficio conjunto en 2010 de 14.078 millones de euros. Por si no fuera poco con esto cabe señalar la extraordinaria labor que los grandes empresarios de este país hacen de la agenda de ZP por cuanto se apoya en ellos para sobrevivir políticamente a la vez que ignora a la pequeña y mediana empresa. Lo cual no es baladí, porque supone dar la espalda al tejido empresarial que genera más puestos de trabajo en España.

Por tanto, ¿nos puede sorprender las intenciones de Telefónica de recortar en unos seis mil trabajadores su plantilla en España con un plan de jubilaciones anticipadas? Y esto sucede al mismo tiempo que la empresa anuncia un programa de incentivos para 1.900 ejecutivos por el que les pagará 450 millones de euros si se logran determinados resultados. Con todo, lo más grave no es que se premie a los directivos o que no nos sorprenda. Lo más grave es que estos ERE, como otros tantos -y en Andalucía salen a borbotones con la venia de los sindicatos y del socialismo andaluz-, podrían salir de la caja del INEM durante los dos primeros años del proceso, en los que esos trabajadores tendrían derecho a cobrar el paro. Si así fuera el caso, el ERE podría costar unos 208 millones de euros a la Seguridad Social, lo cual produce arcadas. Máxime si tenemos en cuenta la actual coyuntura económica, la sangría que está teniendo el desempleo y los dramas familiares que todo ello conlleva. Poco parece importar que en un quinquenio se presentaran otros ERES que afectaron a 13.900 trabajadores, un tercio de la plantilla española, con más de 52 años, que se fueron a casa cobrando dos años de desempleo y con importantes ayudas fiscales y el 70% de su sueldo hasta que cumplieran 61 años, edad en la que pasaron a cobrar prejubilaciones. La memoria es demasiado frágil como para incomodar al establishment oficial.

Entretanto, ¿qué han hecho los sindicatos al respecto? Me temo que, como grandes beneficiarios, no sólo han tenido que jugar a ser titiriteros, contener la alegría desbordada y esconder las botellas de cava que han corrido por sus dependencias en una especie de botellón sindicalista con efectos secundarios, sino que, además, el silencio les delata. Y si no tengamos en consideración que, gracias a estos procesos de ERES, en Andalucía algunos miembros de la UGT se han lucrado de forma ilícita en nombre de los mismos trabajadores que dicen representar.

Por lo tanto, a la vista de estos escándalos y de esta corrupción moral, ¿debería permitir la ley que los trabajadores prejubilados cobren dos años de las arcas del Estado antes de empezar a recibir la retribución que la empresa les paga hasta la jubilación definitiva? Esto merece una reflexión colectiva e institucional. Porque en cierto modo es escandaloso que se le haga una prebenda a una empresa permitiéndole ahorrar el salario de los trabajadores prejubilados mientras cobran de la ubre pública. Y esta circunstancia se lleva a cabo mientras el presidente del grupo Telefónica, César Alierta, el consejero delegado del grupo, Julio Linares y el presidente de Telefónica Latinoamérica, José María Álvarez Pallete han visto como su sueldo se incrementaba el pasado año en un 3,8% hasta 14,54 millones de euros, mientras pensaban en adelgazar la empresa. Lo único cierto es que con el beneplácito de los distintos gobiernos, pero sobre todo con el socialista, estas privilegiadas condiciones han hecho de Telefónica, la aristocracia del proletariado español. Y todo ello mientras, puño en alto, se glorifica a los parias del mundo. ¡Cuanta hipocresía!