Cristóbal Montoro

Cristóbal Montoro no detectó todas las facturas destinadas a gastos para el referéndum del 1 de octubre. Dos recientes informes de la Guardia Civil incluyen en sus anexos documentos con órdenes de pago de distintos conceptos vinculados a la organización de la consulta independentista que llegaron a hacerse efectivas. Tanto el Tribunal Supremo como el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ya tienen en su poder esta documentación, que revela El Confidencial.

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Uno de los casos es el de los sobres que se emplearon para remitir por correo las comunicaciones de designación de las mesas electorales. Este material, con la leyenda exterior Generalitat de Cataluña fue solicitado por el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales que dirige Josep Ginesta a la empresa guipuzcoana Zelatun, que suministra de forma tradicional a esta y otras áreas del Govern.

De esta forma, camuflado en un pedido general fechado el 27 de junio, el mismo departamento que elaboró el mensaje de comunicación remitido a los miembros de la mesa electoral encargó también los sobres. Aquellos que debían emplearse para este cometido se identificaron como modelo 8837. Muchos de ellos fueron incautados en las naves de Terrassa y Manresa donde la empresa Unipost almacenaba el resto del material para la votación, incautado en una operación policial días antes de la consulta. Ya se encontraba preparados para su envío, con la correspondiente notificación electoral en su interior.

No es el único ejemplo, otro de los más evidentes es el pago a la institución holandesa The Hague Center for Strategic Studies. El contrato fue suscrito por la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea y abonado en su mayor parte a través de transferencias. Según se desprende de la pieza sobre la actividad del ente de exteriores, Diplocat, que investiga el Juzgado 13 y hasta ahora se mantenía secreta, la información que se solicitó a la Asesoría Jurídica del Govern y la que proporcionaron otros organismos no concuerda. “Es una señal de opacidad”, asegura el informe.

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Mientras los primeros han respondido en distintas ocasiones a los mandamientos judiciales con la frase “en ningún departamento de la Generalitat se ha producido coste alguno relacionado con el referéndum”, los datos de la Delegación de Gobierno desmienten esta afirmación, aseguran los agentes. En este caso, la contratación y el pago trataron de disimularse otro concepto genérico: el asesoramiento para el desarrollo de una estrategia de acción exterior en el entorno de la Unión Europea. El informe concluye que el concepto era falso y la función real de la empresa era la de supervisar el referéndum.

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La cantidad total asciende a 167.065 euros que debían abonarse en tres pagos. Los dos primeros llegaron a su destino aunque no así el último de ellos. En septiembre se transfirieron 58.250 euros y en octubre 61.450. La Guardia Civil cita a la interventora que aporta los datos sobre el gasto al Ministerio de Hacienda, Rosa Vidal, que fue nombrada para este cargo en mayo de 2016 y se mantuvo como responsable de las notificaciones semanales de gasto tras la aplicación del 155.

Vidal informó que las transferencias que publicamos y su contabilización se incluyó en el programa electrónico Gestión de Autonomía a cargo de la partida presupuestaria 2278900 ‘Otros trabajos realizados por otras empresas’ del programa 231 ‘Relaciones exteriores’ y bajo el concepto ‘Assesment contract for the development of multidimensional external action strategy in the EU’. Fue autorizado por el Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores.

95.000 euros un día después del 1-O

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Otro dato significativo de este nuevo informe, hasta ahora secreto, es el que afecta a los gastos de la cuenta del Diplocat. Las pesquisas han podido determinar que el organismo utilizaba una depósito en CaixaBank y ha detectado más de 95.000 euros sospechosos que se gastaron el 2 de octubre, un día después del referéndum. En esa jornada se realizaron transferencias simultáneas a dos empresas de montaje industriales, otra de autocares, un servicio de taxis, una compañía de diseñadores gráficos y el Hotel Paseo de Gracia, donde se transfirieron nada menos que 5.538 euros. El informe también reseña el pago con una tarjeta de crédito vinculada a Diplocat de los gastos de los observadores internacionales los vuelos, la estancia y la manutención de una treintena de personas, identificadas como observadores y acompañantes. El importe total fue de 40.591 euros.

Hace tres días la respuesta de la Guardia Civil a las dudas expresadas por el ministro Cristóbal Montoro no se hizo esperar. Los agentes remitieron datos sobre 300.000 euros suplementarios de gastos vinculados al 1-O hasta alcanzar una cifra que ya roza los dos millones. Por contra, Montoro sigue convencido de que los mecanismos de control del gasto de las Administraciones Públicas que él mismo impulsó son suficientes para garantizar que “no se utilizó ni un solo euro de dinero público” para financiar el referéndum del 1-O. Al menos, no dentro del sector público, insiste pese a las afirmaciones de los investigares.