Por José L. Román.- La sentencia contra los miembros de “La Manada” ha desencadenado una oleada de protestas entre la hipocresía de unos, la impotencia de otros, y la indignación de todos.

La hipocresía de las que no movieron ni un solo dedo para movilizar a nadie cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo hizo pública la sentencia que ponía en libertad a violadores de menores y asesinos en serie, junto a narcos y terroristas etarras con cientos de víctimas en su haber, muchas de ellas mujeres y niñas.

La impotencia de otras muchas mujeres, espoleadas por los medios informativos, que arremeten furibundas contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona sin tan siquiera conocer las pruebas que dicho tribunal, que deliberó a puerta cerrada, tuvo a bien someter a un riguroso análisis antes de emitir su veredicto.

Y por último, la indignación de todos. Es cierto que salir a la calle de forma espontánea para protestar por una decisión judicial o política que se considere injusta, es un derecho, sí, pero siempre que esa protesta se enmarque dentro de las normas de un país con una sociedad sana y saludable, con unos medios de comunicación libres e independientes, con un Parlamento sin mácula y con sentido nacional, con una Justicia independiente al servicio de la verdad y con un Gobierno con la fuerza moral intacta.

Por desgracia, nos encontramos en un país que no reúne los requisitos anteriores por cinco razones fundamentales:

La primera razón sería la enfermedad que padece la propia sociedad, que bajo una democracia podrida hasta el tuétano, se le ha despojado desde los centros de enseñanza de unos valores éticos y morales, ha sido educada en el odio a España y donde ha sido presentada a la mujer, incluso en programas de televisión pseudo pornográficos, como objeto de presa fácil y al alcance de cualquiera.

La segunda razón la encontramos en el sectarismo de los medios informativos al servicio del poder político y financiero.

La tercera razón es la grave infección de los partidos políticos representados en el Parlamento y al servicio de unas autonomías políticas, que sirven como instrumentos de ruptura, y de chiringuitos financiados abundantemente con dinero público para colocar a todos sus palmeros.

La cuarta, la politización de la Justicia. Y, la quinta y última, la necrosis que afecta al Gobierno de la nación y que ha sido provocada principalmente por la corrupción, el complejo y la cobardía.

Con este panorama a la vista, no es difícil darse cuenta que, el objetivo de las hipócritas que están detrás de las movilizaciones por la sentencia de “La Manada” no es otro que aprovechar la presencia entre los acusados de un militar y un guardia civil. Pretenden con ello provocar el rechazo y linchamiento social contra dos instituciones, cuyos miembros, estoy seguro que en su inmensa mayoría, son los primeros que reprueban y condenan la conducta de sus compañeros.

Si la víctima en este mismo caso hubiese sido una mujer militar, policía o guardia civil, y los acusados universitarios anónimos, les puedo asegurar que el silencio no hubiese enturbiado el “caso Cifuentes”, y la sentencia se hubiese aceptado de buen grado como ajustada a derecho.

¿Dónde nos lleva todo esto? Pues a que la condición del presunto o presuntos violadores solo es importante y prioritaria si sirve de materia prima para la máquina de que disponen algunos para picar carne. Prueba de ello, es el silencio sepulcral que guardan cuando los supuestos violadores son por ejemplo magrebíes, como recientemente ha sucedido en Alicante, donde una chica ha sido brutalmente violada por un grupo de argelinos.

Estos hipócritas son los mismos que con idénticos apoyos mediáticos, están llevando a cabo una campaña de presión contra el Tribunal que está juzgando los hechos que tuvieron lugar en Alsasua, donde dos guardias civiles y sus respectivas parejas fueron literalmente apaleados. Los titulares esgrimidos por estos hipócritas son los siguientes: “Acusados de terrorismo cuando solo fue una pelea de bar”; “Les piden 375 años de cárcel por un tobillo roto”, etc.

Poco les importa a estas hipócritas que se levantan en oleadas de improperios contra una sentencia que consideran injusta, que en Alsasua moliesen a palos a dos mujeres por ir acompañadas de dos guardias civiles.

Aún estoy esperando que estos hipócritas feliciten a la Guardia Civil por la rápida e impecable resolución de los asesinatos de Diana Quer y del niño Gabriel Cruz. Ni un solo titular en sus medios resaltando la profesionalidad de la Guardia Civil, ni la crueldad de una dominicana llamada Ana Julia, que arrebató la vida a un ángel de ocho añitos, o subrayando la condición del apodado “El Chicle”, que asesinó vilmente a una joven indefensa con toda una vida por delante.

Manipular a la gente so pretexto de una sentencia injusta, poniendo énfasis únicamente en la condición de los que visten un uniforme, no es que lo considere injusto, siniestro y miserable, sino un motivo más que suficiente para repudiar a los hipócritas que, cuando convocan movilizaciones, nunca lo hacen a instancias de poner en valor la verdad y la justicia, sino por intereses y objetivos políticos e ideológicos.