Lucas Alcón Zaragoza.-  Perplejos nos hemos quedado muchos ciudadanos al contemplar que en determinadas listas electorales figuran siempre los mismos, aunque no hayan acreditado mérito alguno durante los cuatro años de duración del mandato o legislatura, aunque estén imputados o implicados en casos de corrupción, en delitos electorales o de información privilegiada. Así en la lista municipal de la capital alicantina figura en segundo lugar el presidente de la Diputación, a quien un informe del Departamento de Estados de EE UU cita, exageradamente a nuestro entender, como ejemplo de corrupción en España.

Además encontramos en ellas a hijas de algún candidato autonómico o senador. Si hace ya unos cuantos años un destacado dirigente socialista, refiriéndose a unas listas, dijo groseramente que “se trataba de los mismos perros con diferentes collares”, ahora podemos modificar tal aserto en el sentido de que también los collares son los mismos.

Dice la alcaldesa de Orihuela que su homónima de Alicante accedió al cargo con la condición de que figurase nuevamente como número dos, en las actuales listas, el presidente de la institución provincial. PeroÉ entonces nadie pudo prever que a día de hoy estuviese imputado por varios delitos por el caso Brugal. O sea que nos encontramos ante unas circunstancias sobrevenidas que provocan dejar sin efecto aquel pacto establecido.

Mientras tanto, Izquierda Unida ha firmado un código ético para evitar que en sus listas aparezcan imputados, aunque figura como tal por el caso Mercasevilla, el candidato a la Alcaldía de aquella ciudad. La normativa obliga a dejar el cargo a los imputados sin esperar resolución judicial.

Muchos dirigentes políticos insisten en que no es lo mismo imputado que condenado, olvidando el sempiterno refrán de que “la mujer del César no sólo ha de ser honrada sino, además, parecerlo”. ¿No se piensa en las nefastas consecuencias que acarrearían las posibles condenas de algunos?
Según se ha informado, Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana son las autonomías que cuentan con más candidatos imputados en casos de corrupción, prevaricación urbanística, cohecho o tráfico de influencias. Lógicamente las listas con más imputados y/o implicados pertenecen a los dos grandes partidos.

Ante el desconcierto provocado entre la ciudadanía, que se debate entre votar o abstenerse, resulta inexplicable cómo sigue vigente el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas, que nos inducen a la duda expuesta. Con las listas abiertas, emitiríamos el voto a favor de quienes nos convenciesen por su honestidad, por su vocación para servir a los demás, por su catadura moral y eliminaríamos a los desmerecedores de representarnos por su tendencia al despilfarro, por su gestión ineficaz, por su mala educación, por estar involucrados en casos de corrupción oÉ simplemente, por llevar demasiados años aferrados al poder sin apenas haber demostrado algo.

Por otra parte, ¿cómo puede entenderse que determinados candidatos figuren como tales en poblaciones de las que no son vecinos?
Tampoco se digiere que figuren tantos alcaldes de ciudades muy importantes en las listas autonómicas, ya que son los únicos cargos que permanecen las 24 horas del día al servicio de los ciudadanos, por lo que no deben distraerse viajando varios días a la semana a Valencia. ¿Cómo se puede compatibilizar una Alcaldía como la de Alicante o Crevillente con ejercer de parlamentarios?, ¿o es que el trabajo de éstos es tan escaso que les permite a los que no son primeros ediles seguir con sus profesiones tan solo renunciando a una ridícula cantidad de sus haberes?, ¿por qué no se cuadruplica su importe?

Mientras tanto, el coordinador general de IU emplaza a los líderes de PSOE y PP a que firmen y apliquen un código ético contra la corrupción, e insinuando que los municipios en los que gobiernen pondrán carteles con la inscripción “libres de corrupción”.

Recientemente una plataforma ciudadana ha presentado de forma simbólica ante el Congreso de los Diputados más de cien mil firmas oponiéndose a la inclusión en las listas de imputados por delitos relacionados con la corrupción. Se impone regenerar la clase política y poner fin al considerable número de empleos por nombramiento político, por cuanto que propician la corrupción.

Ante tal panorama, la ciudadanía se decanta por la modalidad de voto de lista abierta y, en su defecto, de lista cerrada pero no bloqueada en la que se puede señalar algún orden de preferencia entre los candidatos, vigente en algunos países de la UE.