El mayor escándalo de corrupción de fondos públicos, nacionales y de la Unión Europea, son los “cursos de formación” protagonizado por los agentes sociales (sindicatos y patronales), y con la responsabilidad “in vigilando” de las Administraciones Públicas, ha quedado impune, a pesar de que la Audiencia Nacional y el CGPJ recibieron numerosas denuncias, querellas y quejas de nuestro Sindicato Manos Limpias, desde el año 1999.

Este gran fraude masivo y continuado, en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, pero con especial incidencia en Andalucía y Extremadura, las zonas españolas con más porcentaje de paraos sobre el total de la población activa, tenía un organismo judicial competente para su investigación y enjuiciamiento, la Audiencia Nacional, al haberse realizado en la práctica totalidad del territorio de España, a tenor de lo preceptuado por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se instruyeron numerosos procedimientos judiciales individuales, en varias provincias, siendo investigados los hechos por los juzgados de instrucción correspondientes, en lugar de centralizar todo el asunto en la Audiencia Nacional, que para algo está.
No solo eso, sino que en los casos que llegaron a la Audiencia, esta se inhibió en favor de los juzgados de instrucción que habían comenzado la investigación, impidiendo así tener una visión en conjunto, total y completa, del latrocinio, sin que el CGPJ quisiera o pudiera obligar al citado órgano a cumplir con su deber.

Ya en el año 1999, el Sindicato Manos Limpias denunció ante el Juzgado Central de Instrucción Núm. Tres, cuyo titular entonces era la magistrada doña Teresa Palacios, a los secretarios generales de CC.OO. y UGT, señores Fidalgo y Cándido Méndez, respectivamente, por su presunta participación en estos delitos de malversación de caudales públicos.

El fiscal jefe por aquel entonces de la AN, don Eduardo Fuigariño, no pudo, no quiso, o no le dejaron, asumir la investigación de este fraude.

Más recientemente, en el año 2.012, Manos Limpias vuelve a la carga, y presenta nueva denuncia ante la AN contra los máximos responsables de CC.OO, UGT y la Patronal, que recayó en el Juzgado Central de Instrucción Núm. UNO de la AN, siendo juez del mismo Santiago Pedraz, que rápidamente se quitó de encima la denuncia, inhibiéndose en favor de los Juzgados de Sevilla.

Allí la causa recayó en el juzgado de la Juez doña Mercedes Ayala, que fue la única magistrada que realmente cumplió con su deber, y se tomó interés por el asunto.

Al tratarse de un asunto que afectaba a numerosas provincias, y dónde se hablaba de un fraude de alrededor de 3.000 (tres mil) millones de euros, con los que se habían estado financiado los principales sindicatos, patronales y, posiblemente el PSOE, Manos Limpias pidió al CGPJ la creación de un juzgado específico, dentro de la AN, para centralizar la investigación de estos asuntos, solicitud que ni que decir tiene, no fue tomada en consideración. El CGPJ prefirió mirar para otro lado, con tal de no ver nada.
Ante esa imposibilidad de obtener alguna tutela judicial efectiva en España, Manos Limpias pidió a la Unión Europea la suspensión de esas ayudas a España, en tanto en cuanto no se aclararan todos estos fraudes.

La única medida que tomó el ministerio de empleo y seguridad social, posiblemente a instancias de la UE, fue la de privar a los agentes sociales del control de las referidas subvenciones, que pasaron a estar controladas, por lo menos teóricamente, por las Administraciones Públicas competentes en la materia.

Dos datos a tener en cuenta: a todo trabajador por cuenta ajena se le descuenta el 0,5% de su nómina para formación, lo que multiplicado por los quince millones de empleados por cuenta ajena que hay en España, más o menos, supone unas cantidades millonarias, que mucho nos tememos se han malversado, alegremente.

Había y hay tanto interés en ocultar este asunto, que salpica a todos, sindicatos, empresarios, PSOE, y seguramente algún otro partido político, que rápidamente se apartó a la juez Ayala de la instrucción del asunto, no fuera a descubrir cosas que debían permanecer en el olvido.

Su actuación, con total independencia y profesionalidad, habría sido un auténtico peligro público para el sistema, pues podría haber puesto en jaque a todos los beneficiarios de este dinero público, detraído –más bien sustraído- a los trabajadores cotizantes.

El fraude de los Eres, que estos meses se está juzgando, supone un perjuicio a las arcas públicas de unos 950 millones de euros, aunque ahora se está intentando minimizar y reducir su cuantía, pero el caso de los “cursos de formación” se ha valorado en más de 3.000 (tres mil) millones de euros, lo que da cuenta de su importancia.

Ahora, que está de moda imputar a los presuntos delincuentes su pertenencia a “organizaciones criminales”, según la Fiscalía, es decir, creadas para delinquir, resulta obvio que la legislación atribuye su persecución a la Audiencia Nacional, como Tribunal especializado en estos temas, y ello a pesar de su “resistencia” a asumir este asunto.

Y lo mismo digo de la necesidad de instar la disolución de esas “organizaciones criminales”, previo procesamiento de sus máximos dirigentes.

Nada de esto se ha hecho.

Al fin y al cabo, vivimos en Italia, digo en España, y la existencia de la mafia y de las organizaciones criminales –en el caso de España, que todo se andará-, es el pan nuestro de cada día.

¿Y quién nos dice que algunos de aquellos que deberían perseguirlas no están a sueldo de las mismas?

*Jurista y Secretario General del Sindicato Manos Limpias.