Se repiten hasta la saciedad infundios carentes de todo fundamento sobre actuaciones o comentarios personales de “el Caudillo” en relación con la justicia militar o las actividades represivas. No las refutaré porque esa falta de fundamento es suficiente para rechazarlas. Por otra parte, las cifras facilitadas por la Dirección General de Prisiones, que son fiables, desmontan por sí mismas numerosas exageraciones muy persistentes. El 1 de enero de 1940 se alcanzó un máximo entre el conjunto de los presos, por consecuencia de la guerra o comunes, ya que había muchos delitos que se juzgaban por la jurisdicción militar que ahora se juzgan por la jurisdicción civil, que llegaba a 240.000; esto supone que la gran mayoría de quienes habían integrado el Ejército Popular en la zona centro-sur estaban ya en libertad e incluso, en muchos casos, no habían sido privada de ella. Para mitigar los efectos de la pena de prisión y reinsertar a los presos en la sociedad Franco ordenó establecer el Plan para la Redención de Penas por el Trabajo, basándose en los estudios de un eminente jesuita, el padre Julián Pereda, que había intervenido en las conversaciones con los dirigentes nacionalistas durante la guerra civil.

El sistema de redención era voluntario y no un sustituto de trabajos forzados, respondía a principios católicos de equidad y humanitarismo y proporcionaba a los penados, además de un sensible acortamiento de su pena, una ayuda muy necesaria para sus familias. Pero, además, el 24 de enero de 1940 se crearon comisiones para la revisión de todos los procesos abiertos por los tribunales militares. El 4 de junio de 1940 se dio un decreto de indulto para los condenados a penas de seis años o menores. El 1 de abril de 1941 se amplió el indulto a las penas hasta 12 años, con los que obtuvieron la libertad cuarenta mil presos. Sucesivamente prosiguió la ampliación escalonada del indulto para penas superiores, hasta el 17 de diciembre de 1943 cuando el indulto se extendió a los condenados a 20 años y un día. De esta forma, a fines de 1943 el conjunto de la población penal se había reducido a cifras menores que las existentes el 18 de julio de 1936. La información reunida por la Dirección General de Prisiones el 1 de enero de 1946 ofrecía la cifra de 32.380 presos, ahora en España la población reclusa ronda los 60.000, incluidos los que habían sido capturados en acciones subversivas de las llamadas guerrillas, que se incrementaron al calor de las perspectivas de la victoria aliada y derrota del Eje.

Lo que sí es completamente cierto es que Franco, al terminar la guerra civil, se negó rotundamente a conceder una amnistía general al modo de las dictadas en el siglo XIX con las guerras carlistas. Franco pensaba que la guerra civil española había sido un combate de dimensión universal y pretendió un severo escarmiento a los miembros de organizaciones que consideraba culpables, a lo que contribuyó sin duda el clamor de justicia de muchas familias que habían perdido a los suyos por la represión del Frente Popular.

Franco consideró seriamente el problema de los indultos que atemperaba escalonadamente y dio un indulto general en 1969, cuando se cumplían los 30 años del final de la guerra y preparaba la sucesión del Príncipe don Juan Carlos. Este, como el escalonamiento de los indultos, es un hecho que se suele desconocer e incluso negar.

*Teniente coronel de Infantería y doctor por la Universidad de Salamanca