ABC.- El Gobierno de Pedro Sánchez está empeñado en crear un escenario de normalidad ficticia para acomodar su relación con la Generalitat de Cataluña, que no es otra cosa que la coartada para pagar con competencias y financiación el precio de los votos nacionalistas a la moción de censura.

Sin embargo, la realidad de Cataluña dista mucho de la normalidad por decreto que pretende Sánchez, porque el nacionalismo está restringiendo libertades y derechos y está consiguiendo derogar paulatinamente la Constitución en todos los ámbitos de la actividad de sus administraciones públicas, dominadas por el separatismo. La realidad cierta de Cataluña es, entre otros datos, las casi 2.000 empresas que entre enero y junio de 2018 confirmaron su salida de Cataluña. En concreto, en la primera mitad del año se fueron 1.886 empresas de las que 1.066 se dirigieron a Madrid, es decir, más de la mitad, el 56 por ciento según la estadística trimestral del Colegio de Registradores. Una hégira que simboliza que la economía catalana, pese a la aplicación del artículo 155 y la elección de un nuevo Govern, no ha vuelto a recuperar la tracción que tenía anteriormente. Cuando en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat se debaten las cifras del déficit y la deuda de la administración catalana, el Gobierno de Sánchez debería exigir responsabilidades al ejecutivo nacionalista por la fuga de empresas.

Asimismo, BBVA Research estima que el PIB crecerá un 2.5% por debajo del 2,7% de media que augura para el conjunto de España. En el sector turismo las pernoctaciones en Cataluña se han reducido un 2.8% desde octubre a junio, mientras que en el conjunto de España han crecido un 0,2%.

Es evidente que la economía catalana está en crisis y necesita al Estado, porque ni se financia por sí sola ni consigue fondos en los mercados. Pero es la penitencia de su propio pecado, porque si una Comunidad Autónoma con el tejido industrial y económico de Cataluña está casi en suspensión de pagos es porque está mal gestionada y porque sus dirigentes han confundido sus prioridades. Las empresas se van -por ahora muchas de ellas sólo a efectos fiscales, pero no tardará la fuga de centros de dirección y de producción- porque el separatismo ha creado un ambiente irrespirable para la libertad empresarial, lo mismo que para las libertades individuales. Sánchez y sus ministros no sólo no se enfrentan a los separatistas con sus responsabilidades por la ruina de Cataluña, sino que han decidido colaborar activamente con la Generalitat para falsear esta realidad como si fuera un problema de financiación de políticas sociales. No hay en Cataluña normalidad más que la que crea la factoría de ficciones en que se ha convertido La Moncloa. Y ya se sabe que no hay nada más peligroso que un político que se cree sus propias mentiras.