El presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Por Guy Millière.- Cuando Emmanuel Macron fue elegido presidente de Francia en mayo de 2017, se le retrató como un reformista que iba a cambiarlo todo en Francia y más allá.

Catorce meses después, las ilusiones se han esfumado. Las reformas acometidas han sido básicamente cosméticas y no han logrado ralentizar el esclerótico declive de Francia. El crecimiento económico es de casi cero: un 0,2% en el segundo trimestre de 2018. El paro, que ronda el 8,9%, sigue siendo elevado. El gasto público francés respecto al PIB sigue siendo, con un 56,4%, el más alto de Europa. El país sigue viéndose paralizado por las huelgas de los transportes públicos. Siguen proliferando las zonas de exclusión, y el propio Macron admitió hace poco su impotencia al pedir a la población una “movilización general”. Los disturbios son frecuentes; los acontecimientos de masas suelen conducir a saqueos y actos pirómanos. La noche después de la victoria de la selección nacional francesa en la Copa del Mundial de fútbol, cientos de gamberros mezclados entre las multitudes rompieron ventanas, destrozaron bancos y cajeros automáticos, destruyeron señalizaciones urbanas y prendieron fuego a coches.

Ya que la mayor parte de la actividad económica en Francia se para en julio y agosto, tal vez Macron haya pensado que podría disfrutar de un descanso veraniego. No pudo.

El 19 de julio, el diario Le Monde publicó un vídeo del 1 de mayo en el que un hombre que llevaba un casco agredía brutalmente a dos personas en el centro de París. La descripción que acompañaba al vídeo explicaba que el sujeto violento era “Alexandre Benalla, responsable de la seguridad del jefe del Estado”.

Benalla era en realidad el guardaespaldas personal de Macron. Protegía a Macron todo el tiempo, también en sus viajes privados a una estación de esquí o a la playa. Varios documentos hechos públicos muestran que Benalla decía ser “subsecretario de Gobierno del presidente”; sin embargo, su nombre nunca apareció en la lista de empleados del Gobierno. Benalla también obtuvo autorización de los servicios de seguridad secreta sin justificación aparente y, a pesar de no superar el examen para ser gendarme, recibió por arte de magia el título de teniente coronel de la Gendarmería, el mismo título que Arnaud Beltrame, un héroe con más de dos décadas de servicio ejemplar, condecorado por intercambiarse por una mujer que había sido tomada como rehén por un terrorista islámico que después degolló a Beltrame.

Benalla disfrutaba de toda clase de ventajas, desde un coche con conductor a un apartamento de 2.000 metros cuadrados en un lujoso edificio propiedad del Estado. Tampoco fue llevado a juicio por un reciente atropello y posterior fuga.

Miembros de la oposición a Macron, de la izquierda y la derecha, pidieron una comisión de investigación en el Parlamento. El ministro del Interior dijo que estaba al tanto de la agresión del 1 de mayo, pero añadió que no vio el nombre de Benalla hasta que no lo leyó en los periódicos. El jefe de la policía de París habló de “amistades poco sanas”, pero rehusó dar detalles. El secretario general del principal sindicato de policías (SGP Police FO) habló de la presencia de guardias de seguridad turbios en el entorno del presidente “que actuaban al margen de cualquier control legal” y que entraban en conflicto con los miembros de los servicios de protección oficiales.

Macron guardó silencio seis días. Después, en una reunión privada con diputados y ministros de su partido, dijo que “asume la responsabilidad” del caso Benalla. Al mismo tiempo, cargó contra los medios: “Tenemos una prensa que ya no persigue la verdad […]. Lo que veo es un poder mediático que quiere convertirse en un poder judicial”.
Al parecer, esperaba intimidar a los críticos e imponer el silencio. No lo consiguió.

La indignación de la oposición sólo se intensificó. Dijeron que la reacción de Macron al escándalo había sido insultante e inadecuada. Insistieron en que muchos detalles parecían extraños, y que era indispensable una investigación rigurosa. Un rival político dijo que el escándalo llegaba “al nivel del Watergate”.

Pero el Departamento de Justicia de Francia no es independiente del Gobierno; ningún juez intentará saber más. No tendrá lugar ninguna investigación a fondo y rigurosa. Los medios están fuertemente subvencionados por el Gobierno y no son más independientes que el Departamento de Justicia. Incluso los medios que no están financiados por el Estado se autocensuran en sus informaciones, porque están financiados por empresas que dependen de los contratos del Gobierno. Ningún periodista francés intentará descubrir nada.

Como la Constitución francesa no contempla la destitución (impeachment), los presidentes franceses gozan de una casi plena inmunidad.

Macron sabe que sus predecesores pudieron mantenerse en el poder a pesar de sus muchos escándalos. Charles de Gaulle creó una milicia bastante cuestionable que duró treinta años: el SAC (Servicio de Acción Civil). François Mitterrand disolvió el SAC después de que varios de sus miembros estuviesen involucrados en una sangrienta matanza cerca de Marsella. Mitterrand creó después una unidad de “contrainteligencia” —con base en el Palacio [Presidencial] del Elíseo–, con la tarea de intimidar a quienes pudiesen revelar la existencia de su segunda familia secreta. En 2005, nueve años después de la muerte de Mitterrand, miembros de la unidad fueron juzgados por hacer grabaciones ilegales durante la presidencia de Mitterrand. No fue hasta 2011, cuatro años después de terminar su segunda legislatura, cuando Jacques Chirac recibió una indulgente sentencia suspendida de dos años de cárcel por malversación de dinero público y abuso de confianza.

El columnista Ivan Rifoul, en un libro reciente, describe la victoria de Macron como una “mascarada” organizada por “socialistas en declive”, “apparatchiks de la UE”, financiadores de la islamización de Europa y capitalistas confabulados.

Macron seguirá siendo presidente. Sin embargo, será un presidente deteriorado. Macron pretendía encarnar una “República ejemplar”: ya no podrá hacerlo más.

Aunque Macron había logrado marginar a la oposición política, esos días parecen haber terminado. Sus oponentes ya han criticado la falta de resultados de su política económica –una ligera bajada de impuestos, pero muchas nuevas regulaciones, y pequeños cambios en un código laboral muy rígido–, así como su débil respuesta al aumento de los robos, los asaltos en vehículos, las violaciones y la agitación social.

Ahora todas las decisiones de Macron se tratarán con sospecha y se escrutarán sin piedad. Ya ha aplazado una reforma de la Constitución que se suponía que iba a reforzar el poder presidencial (en concreto, el suyo). Otros proyectos que empezó —como los despidos masivos de funcionarios y jubilaciones anticipadas y una reforma de los seguros de desempleo— serán probablemente abandonados. Sus niveles de aprobación siguen cayendo.

El deterioro de Francia sigue su marcha.

Hace poco estalló un violento conflicto entre los residentes de Calais y los migrantes ilegales que viven en enormes campamentos periféricos —que albergan a aproximadamente 6.000 migrantes–, a los que los periodistas llaman “la jungla de Calais”. El Gobierno ha prometido muchas veces que se hará cargo de la situación, pero no ha resuelto el problema. Mientras, Calais, con 75.000 habitantes, es una ciudad devastada: los precios de la vivienda se han desplomado, las tiendas y restaurantes han cerrado sus puertas y la gente se está yendo a vivir a otra parte.

En mayo, algunos diputados publicaron un informe sobre la situación en el suburbio parisino de Seine Saint Denis. Según el informe, el 20% de la población de la zona lo componen personas de tipo similar al de la “jungla de Calais”; cientos de negocios están al borde de la bancarrota y la policía está demasiado asustada para hacer un trabajo eficaz.
La misma situación se da en otras partes del país. Han estallado disturbios recientes entre bandas musulmanas en Niza, la Riviera francesa y también cerca de Porte de La Chapelle, en París.

Los cambios demográficos en la población de Francia que empezaron hace varias décadas no se están atenuando. Hace unos meses, el economista Charles Gave utilizó datos estadísticos para demostrar que, si nada cambia, la población no musulmana de Francia será una minoría dentro de cuarenta años. Añadió: “Lo que pasó en España o Asia Menor en los siglos X y XI ocurrirá en Europa en el siglo XXI, es una certeza”.

Las encuestas muestran que, si se celebraran unas elecciones presidenciales ahora, ningún otro político francés podría reemplazar a Macron, aunque Macron obtuviera únicamente el 23,8% de los votos en la primera vuelta de las elecciones de 2017. La mayoría de los que le votaron en la segunda vuelta, al parecer, votaron más contra su rival que a favor de Macron. Nunca contó con el apoyo popular.

En cuanto al resto del continente, Macron es uno de los principales defensores de una Europa multicultural, posnacional, posdemocrática y poscristiana. Un creciente número de europeos considera que esa tendencia lleva a la destrucción de su propia civilización y ha empezado a votar a líderes que se resisten a ella.

Los políticos que comparten la misma visión de Europa que Macron han sido, en los últimos meses, eliminados de la escena política o reducidos a posiciones inestables. Matteo Renzi, en Italia, sufrió una dura derrota en las elecciones de 2018. La canciller alemana, Angela Merkel, antes descrita como “la líder más poderosa de Europa”, sobrevive ahora en el cargo sólo porque accedió a tomar medidas para poner coto a más inmigración a Alemania.

Puede que Macron no caiga tan abruptamente como Renzi, pero su posición en este momento parece tan precaria como la de Merkel.

Los gobernantes que encarnan la resistencia al multiculturalismo posnacional, por otra parte, han empezado a ganar terreno. El presidente húngaro, Viktor Orbán, logró ser reelegido en abril y está cumpliendo actualmente su tercera legislatura consecutiva. Hizo campaña a favor de las raíces judeocristianas de Europa y la soberanía nacional y contra la inmigración musulmana. El nuevo canciller de Austria, Sebastian Kurz, tiene un programa similar al de Orbán.

Los gobiernos polaco y checo también tienen posturas similares a las de Kurz y Orbán. Matteo Salvini, el líder de La Liga (un partido contrario a la inmigración masiva), es ahora ministro del Interior y vice primer ministro de Italia.

Macron reveló hace poco lo que piensa de los “populistas” como Orbán, Kurz y Salvini: “Una lepra en toda Europa”, y pidió a los europeos que “lucharan” contra ellos.