Marlaska en Marruecos.

El Ministerio del Interior y la Generalitat han pactado un compromiso genérico de mantener la neutralidad de los espacios públicos, aunque sin concretar cómo. El Gobierno no está para adoptar una posición equidistante ante la monopolización de calles y edificios que ha hecho el independentismo sino para asegurar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos y de su libertad.

El Gobierno y la Generalitat han evitado polemizar sobre la presencia de lazos amarillos en las calles en una reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña. Solo hay un «compromiso de garantizar un espacio público neutral». El esfuerzo por asegurar la convivencia no pasa de eso, un compromiso genérico que se basa, según el ministro Fernando Grande-Marlaska, en la «lealtad» entre instituciones y en la «confianza» de que los Mossos d’Esquadra actuarán. Ahora bien, poco se puede esperar de los agentes si su jefe directo, el consejero Miquel Buch, considera que los lazos amarillos no son «un problema grave de convivencia».

Pedro Sánchez accedió al poder con los votos de los independentistas. A cambio de este imprescindible apoyo ha desplegado una estrategia de apaciguamiento y de distensión. Ninguna de sus concesiones ha servido para apaciguar a Torra y Puigdemont, que llaman a tomar las calles y proclaman que no solo no darán un paso atrás, sino que no descartan abrir las cárceles si los políticos procesados por el 1-O resultan condenados. Sin embargo, el presidente del Gobierno responde con más cesiones como este pacto de neutralidad. Se trata de un gesto que sigue dando alas a los secesionistas en su estrategia de ocupar las calles. Si la Generalitat y los partidos y asociaciones que la apoyan siguen exacerbando la división entre catalanes de modo que la mayoría desista de sus derechos y se rinda a una imposición de la independencia, el Gobierno no puede ser neutral.