El PSOE se benefició del reparto arbitrario del dinero de los parados de muchas maneras. La famosa partida 31L o «fondo de reptiles» de la Junta era un cajón de sastre en el que cabía todo, desde prejubilaciones de amigos, ayudas sociolaborales a empresarios afines y sobrecomisiones millonarias a subvenciones directas a municipios.

En esta última casuística hay exactamente 12 ayuntamientos beneficiados que tienen una misma cosa en común: todos estaban gobernados por alcaldes socialistas. El montante de las ayudas varía de unos a otros, pero también hay una coincidencia habitual en las fechas de otorgamiento del dinero: apenas unos meses antes de las elecciones municipales. El «modus operandi» era el siguiente: el Ayuntamiento le solicitaba la ayuda al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, quien firmaba un protocolo y concedía la cantidad, pero sin exigir que se justificara su gasto en el proyecto aprobado.

El procedimiento se entiende mucho mejor analizando un caso concreto. Por ejemplo, el Centro Ecuestre de Los Palacios y Villafranca. Según confirma la Guardia Civil, la Junta otorgó 901.000 euros a este ayuntamiento, gobernado por el socialista Emilio Amuedo, dos meses antes de las elecciones locales de 2003. Sin embargo, sólo se acreditaron dos gastos de 10.440 y 11.994 euros para la compra de unos macetones.

El resto del dinero desapareció. A fecha de hoy, nadie sabe a ciencia cierta cuál fue su destino, pero desde la oposición palaciega señalaron que en esas fechas se organizaron muchos actos de campaña y se arreglaron muchas calles del municipio. De este caso, además, existe un vídeo registrado por la televisión local en el que los firmantes del acuerdo se jactan de su capacidad para repartir dinero. Uno de los participantes en la firma, José Núñez Casaus, que después fue delegado de Agricultura de la Junta, le pidió a Francisco Javier Guerrero que le dejase un borrador para ver cómo se hacían esos convenios.

El director de Trabajo le contestó entre risas: «De estos, diez mil protocolos». Guerrero presumía abiertamente de su frenética actividad firmando subvenciones con cargo al «fondo de reptiles», sobre todo en fechas preelectorales. «Alguno me va a tener que pagar una comida porque no se creía que íbamos a conseguir esto», se ufanó durante la rúbrica el alcalde, Emilio Amuedo. Y Guerrero le contestó: «Incrédulos siempre hay».

Entre los «diez mil protocolos» que él mismo se vanagloriaba de haber firmado constan los que beneficiaron a los pueblos socialistas en campaña. Con esta fórmula, Guerrero regó de dinero público al Ayuntamiento de Gelves, capitaneado por Juan Rodríguez Cordobés, que después también fue incluido como intruso en un ERE. Lo mismo pasó con el de Camas, donde Antonio Rivas había repartido prejubilaciones sin complejos.

La firma de Guerrero se extendió por La Puebla del Río, Alcolea, Villanueva del Río y Minas, Coria del Río, Guadalcanal, La Barca de la Florida, Chiclana o Guarromán, en Jaén. Ningún ayuntamiento justificó nada. Pero tal vez el caso más sorprendente es el de San Nicolás del Puerto. El director de Trabajo firmó un convenio con su alcalde, el socialista Francisco Rodríguez Galán, el 5 febrero 2003, a las puertas de los comicios. Le otorgó 871.467,50 para el desarrollo y fomento del empleo en el municipio. Pero el alcalde sólo gastó un tercio para comprar un terreno en el que vivían 54 familias de forma alegal. De esta forma, esas casas pasaban a tener suministro municipal. Uno de los propietarios era él mismo, por lo que ganó dos cosas: la legalización de su vivienda y las elecciones.