El informe de la comisión de expertos sobre la Mezquita-Catedral, encargado por el Ayuntamiento de Córdoba (PSOE), defiende que el templo “nunca” fue propiedad de la Iglesia y plantea recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la inmatriculación del monumento que se llevó a cabo en el 2006.

Según el informe, presentado este sábado en el Consistorio, el análisis histórico realizado por la comisión “demuestra” que la Iglesia “no tiene, ni puede tener, título de propiedad alguno” sobre la Mezquita-Catedral y, a pesar de ello, el Obispado de Córdoba “inmatriculó a su nombre la ‘Santa Iglesia Catedral'” en el 2006.

​Por su parte, el Cabildo catedralicio ha manifestado este sábado que “numerosas instancias judiciales y de la Administración” han reconocido que el Conjunto Monumental Mezquita-Catedral “es propiedad de la iglesia desde 1236”.

Tras una “primera lectura”, la representación de la Iglesia ha señalado que en 2014 la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda confirmó que este conjunto monumental “no consta en el inventario de Bienes y Derechos del Estado”.

En ese sentido, la Dirección General de Patrimonio recogía que la Abogacía del Estado “ya señala que nadie cuestiona que Fernando III el Santo, tras la conquista de Córdoba en el año 1236, decide que la Mezquita sea consagrada y convertida en Catedral de la ciudad”.

“Desde entonces la Iglesia es quien gestiona la misma, si bien colaborando con la misma en su conservación y mantenimiento, ya en la época moderna tanto el Estado como otras administraciones públicas, y ello dada su condición de bien de patrimonio histórico”, añade el escrito de la Abogacía.

La alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio (PSOE), ha afirmado que elevará al Gobierno central y a la Junta de Andalucía el informe presentado este sábado.

Además, el texto dado a conocer por el consistorio, considera “injusta” la situación actual y “lesiva para los intereses de la ciudadanía” y propone una serie de actuaciones para “solucionar el conflicto planteado” tras la inmatriculación.

Entre ellas, se plantea como “más apropiado” “recabar los apoyos parlamentarios necesarios” para llevar a cabo un “recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”, con el objetivo de “anular” la inscripción de la “Santa Iglesia Catedral”.

En caso de no prosperar esta vía, sugiere que el Ayuntamiento de Córdoba “podría hacer uso de los tribunales ordinarios” en un procedimiento “más complejo”, ya que la institucional municipal “no debe reclamar la propiedad del bien”.

Respecto al análisis histórico, el informe indica que la Mezquita “carece de antecedentes cristianos documentados”, se origina como un proyecto arquitectónico “ligado a la dinastía Omeya” y fue un edificio de propiedad “estatal a lo largo de todos los siglos de Al-Ándalus”.

Añade que, tras la conquista de Córdoba por Fernando III, el edificio “continua ligado al Estado”, en este caso “a la Corona de Castilla”, y existen “numerosos indicios” que llevan a pensar que “no se produjo una donación” del monarca a la Iglesia.

De esta manera, los expertos consideran que el “uso religioso de una antigua mezquita no supone reconocimiento de propiedad por parte de la Iglesia, salvo que exista donación expresa”, y en este caso “no existe”.

En este sentido, los expertos señalan que, al tratarse la Mezquita-Catedral de un “bien público”, no es posible que la Iglesia “apele al mecanismo de usucapión” (adquisición de una propiedad mediante su ejercicio durante el tiempo previsto por la ley), ya que la “posesión pacífica y continuada no es suficiente en este caso para demostrar la propiedad”.

Admitir que el templo es de la Iglesia supondría reconocer la propiedad a una institución “regida por normas de un Estado distinto al español”, en referencia al Vaticano, añade.

Entre las actuaciones en el ámbito patrimonial, el informe denuncia la existencia de “graves carencias” y propone la creación de un “Museo de la Mezquita”, en un edificio próximo de propiedad estatal, para “paliar algunas de estas deficiencias”.

Por ello, los expertos consideran que el modelo de gestión adecuado para la Mezquita-Catedral responde al “sistema de patronato”, liderado por la Junta de Andalucía, y en el que esté presente el Estado, el Ayuntamiento, el Cabildo y las universidades.

El informe ha sido elaborado por el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, los historiadores Alejandro García San Juan y Juan Bautista Carpio, y la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien no firma el documento al dejar la comisión tras su nombramiento.

Mayor Zaragoza ha apuntado que el informe demuestra que la Iglesia Católica “nunca” ha sido propietaria de la Mezquita-Catedral y que la inmatriculación en 2006 fue “indebida”.

Ha defendido además que admitir la titularidad privada del inmueble sería ir contra el “dictamen de la UNESCO de 1984” de reconocerlo “como Patrimonio de la Humanidad”, declaración que partía “de su consideración de bien público”.

Según Mayor Zaragoza, el Cabildo “no tiene ningún documento” en su Archivo Histórico “que demuestre que el bien es de su propiedad” y el Ayuntamiento está en su “perfecto derecho” y tiene razones “históricas” para reclamar que sea de titularidad pública.

Por último, ha recomendado recabar los apoyos parlamentarios necesarios para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que “anule” la inmatriculación en 2006.