La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, durante la sesión de control al Ejecutivo

Antes de llegar al Gobierno el PSOE tuvo que afrontar, en forma de desautorización y de desmarque, los planteamientos del PSC respecto a la necesidad de indultar a los políticos independentistas que se encuentran en prisión acusados de delitos como rebelión, sedición, malversación o desobediencia. El propio líder del PSC, Mique Iceta, se vio obligado a rectificar este planteamiento en mitad de la campaña electoral catalana del pasado diciembre por el malestar generado en Ferraz.

Eran otros tiempos, en los que Pedro Sánchez se alineaba con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Un fervor que llegó hasta el mes de mayo, pocos días antes de la moción de censura. El 16 de mayo de este mismo año Pedro Sánchez proponía como líder de la oposición la adaptación del delito de rebelión en el Código Penal para adaptarlo a lo sucedido en Cataluña meses atrás. Como advertencia a futuro.

Pero una vez en Moncloa las prioridades son otras. El pasado 14 de febrero todos los grupos del Congreso de los Diputados votaron a favor de la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que modifica la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto. Una norma que data del año 1870. El PSOE pretendía que esta medida no pudiera aplicarse a los condenados por corrupción y por delitos de violencia de género.

Una vez superado el pleno con el apoyo de todos el texto se encuentra paralizado en la Comisión de Justicia. Fuentes parlamentarias denuncian que el motivo es una decisión política de la presidenta de la comisión, la socialista Isabel Rodríguez, para «no elaborar el informe de la ponencia y llevar el asunto a votación después de que el PP introdujese una enmienda para que tampoco se pueda aplicar a los delitos de sedición, rebelión y traición. «Rodríguez lleva muchas semanas retrasando la convocatoria de la ponencia para la proposición de ley del PSOE sobre indultos, para evitar que se debata y vote la enmienda del PP», denuncian fuentes parlamentarias.

Una actitud que contrasta con su premura para tramitar la pasada semana la enmienda que limitaría el papel del Senado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Desde el PP se considera que no se quiere debatir la enmienda de prohibición de indultos por rebelión y otros delitos «como parte del pacto oculto del Gobierno con los independentistas catalanes».

Desde la formación popular se asegura que su portavoz, María Jesús Moro, insiste en todas las reuniones de Portavoces de dicho órgano en la necesidad de constituir la ponencia, pero acusa a Rodríguez de seguir «dando largas» a su convocatoria pese a que ya están nombrados los ponentes. Desde Ciudadanos también se asegura que «la ponencia se debería haber constituido en febrero o marzo y no lo ha hecho».

Casado reacciona

Ante este bloqueo, el PP va a optar por forzar al Gobierno a posicionarse. El presidente del PP, Pablo Casado, anunció ayer que el lunes registrarán su propuesta de prohibir los indultos por rebelión y sedición en forma de Proposición de Ley. Con esta decisión se garantiza que el debate llegue al pleno del Congreso.

El presidente del PP aseguró ayer tras escuchar las declaraciones de Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña, a favor del indulto que «urge cambiar este Gobierno rehén de los independentistas». Y proclamó que no caben «ni indultos, ni humillaciones a España de quienes quieren romper la convivencia».

Con esta proposición de ley se forzará al Gobierno a manifestar una posición. Aunque en términos efectivos el escenario seguirá siendo incierto. En Ciudadanos, que apoya este extremo que defiende el PP, el movimiento de Casado ayer genera dudas por varias cuestiones. Fuentes de la dirección del partido naranja manifiestan que, aunque frenada en la Comisión, «ya se está tramitando la reforma de la ley», y consideran que si el PP finalmente presenta la proposición mañana lunes «sería hacer lo mismo que el PSOE» con la enmienda introducida a una ley de reforma del Poder Judicial para modificar la de Estabilidad Presupuestaria cuando la reforma de dicha norma ya había sido tomada en consideración por el pleno del Congreso: «duplicar las vías para lograr el mismo objetivo». Por lo que se avecina un nuevo conflicto entre los partidos en la Mesa del Congreso y en la Junta de Portavoces.

En Cs defienden que la proposición actual tiene ya enmiendas anticorrupción y de delitos contra la Administración que también afectarían a los independentistas, por lo que creen que sería más «rápido y efectivo» seguir presionando en la comisión porque Rodríguez «no lo va a poder parar más tiempo». Entienden que el movimiento de Casado es «puramente comunicativo» para que se visualice una votación en el pleno. Su apuesta es cercar a Rodríguez para activar la ponencia porque «está más avanzado y a nosotros también nos interesa».