Bloque de viviendas de la urbanización de Parquesol, en uno de cuyos pisos murieron los niños.

Jorge Moreno.- Los dos padres de los niños de Valladolid, de 9 y 11 años, que aparecieron muertos el 9 de diciembre de 2010 en la vivienda que ocupaban con su madre divorciada, se verán por primera vez en una vista oral a la que han sido citados para hoy por la magistrada de Primera Instancia 3 de Valladolid, en la que el padre que ejerce la acusación contra ella por asesinato, solicita que se modifiquen las medidas establecidas en la sentencia de divorcio que se acordó en su día por la Audiencia.

El abogado paterno presentó semanas después de que se produjese este doble homicidio, consecuencia de una asfixia mecánica después de que se les hubiera suministrado un sedante, que se modificasen las medidas civiles que consistían en el pago de los alimentos de los hijos, la cuota de la hipoteca del piso y una pensión compensatoria de 200 euros al mes durante dos años. La madre no trabajaba y era el padre el que asumía la mayor parte de las cargas familiares por los recursos que obtenía como profesor de educación física en un instituto.

Es respecto a las dos últimas cuestiones por las que el padre quiere que el Juzgado se pronuncie, ya que la madre ha seguido pidiendo, tras la presentación de la demanda paterna hace unas semanas, que se le pague la pensión que se le concedió en su día, por estar pendiente del cuidado de los menores. La vista oral ha supuesto que la jueza haya ordenado la salida de la prisión de María del Carmen C. S., de 40 años, quien deberá junto a su letrado pronunciarse sobre la solicitud de extinción del pago de los 200 euros a la progenitora.

A mediados del pasado año, la madre recurrió ante la Audiencia dicha cantidad y reclamaba, cuando los hijos vivían, un aumento hasta 300 euros al mes ampliando el plazo hasta los cinco años. El tribunal provincial se lo rechazó.

Fuentes de la defensa de la madre indicaron que la oposición a que el padre deje de pagar la pensión se debe a que se mantiene la circunstancia de desequilibrio que sufre María desde hace unos dos años, y el hecho del fallecimiento trágico de sus dos hijos «no comporta la extinción jurídica» del efecto por el que se le concedió la pensión.

Piso cerrado y en alquiler

Respecto a la segunda reclamación paterna, de que se le adjudique la vivienda común de Parquesol comprada en gananciales mientras ella continúe en prisión, la madre también se opone ya que considera que sigue siendo también propiedad suya y para su uso.

El progenitor continua pagando los 500 euros de la hipoteca fijada y los gastos de la comunidad, luz y agua de la vivienda, que fue adjudicada en su día por el juzgado para el uso de los hijos y la madre. Con su expareja en la cárcel, el padre, que ejerce la acusación contra ella, no puede disponer del piso y sigue pagando un alquiler en otra vivienda donde reside tras la separación. Cinco meses después, el progenitor de Jairo y María continúa de baja por ansiedad y residiendo en Madrid, donde está su familia y de donde es natural.

El piso está situado en la calle Adolfo Miaja de la Muela y sigue precintado por orden del juez de Instrucción número 1 de Valladolid, que permitió en su día a familiares de la madre que sacasen algunas pertenencias personales bajo vigilancia policial.

La defensa de la madre trata de delimitar lo que es el procedimiento penal contra ella, del proceso civil abierto por el divorcio de la pareja, unos argumentos que no comparte la familia paterna.

La madre, imputada por el doble homicidio, se ha negado a declarar en dos ocasiones ante el juez acogiéndose a su derecho. El procedimiento judicial está a punto de cerrarse y será sentenciado por un jurado de 9 personas.