Tal como ocurrió, el 1 de diciembre, tomo posesión de su cargo el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Como se pudo observar en su mensaje a la nación, básicamente concentró su atención en los asuntos de orden interno. Sin embargo, como se desprende de sus declaraciones tras la victoria electoral cuando dijo que: “seremos amigos de todos los pueblos y gobiernos del mundo” y de las expresiones de sus principales asesores en política exterior; el mismo volverá a aplicar la Doctrina Estrada.

Con ello, el nuevo presidente mexicano en plena era de la globalización, retrotraerá en casi una centuria, los fundamentos de la política exterior de su país, cuando en su momento, ante la negativa de los Estados Unidos de reconocer los gobiernos mexicanos surgidos como resultado de décadas guerras civiles, levantamientos y golpes de estado o cuartelazos; México adopto la Doctrina Estrada (1930), dirigida a contrarrestar la utilización del reconocimiento de gobiernos, como forma de influir en el rencauzamiento constitucional del orden interno, en caso de alteración, para lo cual supuestamente se asentó, en los principios de libre determinación de los pueblos y no intervención en los asuntos internos. En otros términos, en teoría, México no tomaría partido ante los cambios de gobierno en otros países, aunque los mismos fuesen mediante golpes de estado, pues supuestamente, ello implicaría una intromisión en sus asuntos internos.

Tan extraviada conducta externa, aunque parezca inverosímil, sobrevivió la época de la guerra fría y la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, promovida por los Estados Unidos en Latinoamérica, que se tradujo en el apoyo de los gobiernos militares, violadores de los derechos humanos, los cuales, bajo el amparo de la Doctrina Estrada, contaron con la bendición mexicana.

Empero, como el mundo evoluciona, y con ello, el orden jurídico internacional, este fue testigo de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la admisión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969 y la adopción en 2001, de la Carta Democrática Interamericana, para en caso de que en un Estado miembro de la OEA, se produzca una alteración constitucional, se pueda restablecer el orden democrático.

Ante semejante avance, de la lucha por la defensa de los derechos humanos y de la democracia representativa, resulta fuera de lugar, que en pleno siglo XXI, un gobierno mexicano pretenda retrotraerse en política exterior a la época del mundo incivil en la región y utilizar la no intervención como artilugio, para proteger gobiernos ilegítimos y violadores de los derechos humanos y lo que es peor, con una carta de presentación pésima, pues cuando como país la adopto; ni siquiera hizo de ella una práctica reiterada e interrumpida en tiempo considerable.

¿Acaso México respetó la Doctrina Estrada y en particular el principio de no intervención en ocasión de la guerra ítalo-etíope (1935), o la guerra civil española (1936)? ¿Se nos olvida que en vez de mantenerse expectante como reza la doctrina, rompió de inmediato relaciones diplomáticas con el régimen de Pinochet (1973)? ¿Fue al azar que intervino en apoyo en 1979 a la revolución sandinista? ¿Es posible ignorar que tiro por la borda dicha doctrina, cuando proclamo el Comunicado franco-mexicano de 1981, para declarar al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional como fuerza beligerante en la guerra civil salvadoreña? ¿Fue casualidad que rechazo de inmediato el golpe de Estado en Honduras (2009) contra Zelaya? ¿Tal vez, se mantuvo pendiente ante el reconocimiento del gobierno hondureño de Juan Hernández (2017)?

Precisamente por dicha conducta dubitativa es que la Doctrina Estrada no fue acogida por otros Estados; ni nunca ha llegado a ser parte del derecho de costumbre internacional y por tanto fuente creadora de derecho internacional, ni en América, ni en ninguna parte del mundo.

La duda razonable que subyace con la propuesta de López Obrador de ampararse en la anacrónica Doctrina Estrada, es que lo hace para apuntalar a la dictadura cubana, los Ortega, Morales y Maduro y no la libre determinación de los pueblos, pues en realidad lo que se está apoyando, es la libre determinación de dichos gobiernos autoritarios, toda vez que la constitución nicaragüense fue violentada para permitir la reelección de D. Ortega, que debe responder por los muertos y heridos de las últimas manifestaciones y por la negativa a convocar elecciones adelantadas ante el temor a un resultado contrario, ya que con ello niega el derecho a la libre autodeterminación del pueblo de Nicaragua, lo mismo ocurre en Bolivia, que luego de un referéndum contrario a la reelección de Evo Morales, este ilegalmente insiste en reelegirse y que decir de N. Maduro, que al igual que A. Fujimori en Perú (1992) y J. Serrano Elías en Guatemala (1993); cierra la Asamblea Nacional propiciando un golpe de Estado parlamentario. Es evidente, que con la falacia de la no intervención y defensa de la autodeterminación de los pueblos, en realidad se encubre la imposición de gobiernos ilegítimos, sobre los pueblos, para a través de elecciones controladas, permitir que estos se reelijan de por vida, como si en este continente, el sistema político imperante fuera el monárquico- absoluto, disfrazado de presidencialismo.

*Profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá.