Cobardes y rastreros con los golpistas catalanes, justicieros con los militares patriotas y con apego al honor. La ministra de Defensa, Margarita Robles, a propuesta del instructor jurídico, impondrá una sanción de 8 días sin sueldo al teniente coronel de Infantería, Enrique Area Sacristán, por un artículo de opinión  publicado en Alerta Digital el 31 de agosto.

El departamento de Margarita Robles establece que el alto mando ha vulnerado el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas infringiendo la neutralidad política por reflexionar sobre el conflicto catalán. Reproducimos el artículo por el que ha sido sancionado el teniente coronel y doctor por la Universidad de Salamanca:

“A medida que las nuevas circunstancias pluralistas han ido descomponiendo la unidad de los sistemas de valores, han aparecido diversas reacciones posibles a las que pueden recurrir las sociedades y sus dirigentes políticos responsables para lograr la cohesión social que tu estás dilapidando con la Ley de la Memoria Histórica, el conflicto catalán, el conflicto vasco y tus alianzas con la extrema morada izquierda que quiere dilapidar la Nación española como los artistas políticos del sexenio revolucionario.

Imagen entrañable del teniente coronel Área Sacristán con su hija.

La solución a los problemas que tenemos en nuestra Patria no se puede hallar en el restablecimiento de valores del pasado, específicamente de la II República, perdidos durante los 40 años del Régimen del Generalísimo, el perdón de los padres de la Constitución de ambos bandos y otros 40 años de democracia en los que no se han tenido en cuenta valores como la venganza, el rencor y la confrontación renacidos por tu irresponsable dirección sino todo lo contrario.

En el crisol de las sociedades pluralistas resulta posible la “estrategia de la vuelta atrás” fomentando valores y actitudes en unas sociedades, como la vasca y catalana, de adoctrinamiento en el odio y el rencor que se está divulgando o desarrollando en todo el territorio nacional.

Actualmente, el pluralismo no es sólo un fenómeno presente dentro de las Comunidades Autónomas, sino también entre ellas al percibir unos desequilibrios de reparto económico y poblacional absolutamente injustos y desequilibrados fruto de la discriminación positiva que impulsó, precisamente quien ahora es denostado: el Generalísimo.

La interacción entre Comunidades implica inevitablemente conflictos normativos de uno u otro tipo, sin que importe si se cree de verdad en las diferencias normativas o si sólo se utilizan para justificar intereses particulares enfrentados.

Prácticamente todas las sociedades humanas experimentan conflictos, como los provocados por PODEMOS en lo referente a los intereses de clase, aspiraciones políticas como la tuya personal o animadversión étnica como los partidos identitarios.

Las sociedades que conforman la Nación se mantienen unidas por diversas fuerzas, intereses comunes, la mera costumbre, la falta de alternativas, un bienestar económico razonable, una experiencia histórica común y concepciones compartidas acerca de sus adversarios y de sus aliados, consolidadas todas ellas por medio de las Instituciones que en España tienen diferentes objetivos dentro de un mismo sistema y que desde algunas de ellas se quieren corromper desde dentro por movimientos antisistema e inconstitucionales desde el más estricto sentido del término. No hace falta ser un sociólogo durkheimiano ortodoxo para aceptar que, tarde o temprano, nuestra sociedad se verá en problemas graves como están ya ocurriendo si no se encuentra aunada por orientaciones normativas comunes que no siempre han sido promulgadas por instituciones oficiales como el Estado, la Iglesia o tal o cual Movimientos ideológicos. Se trata de tradiciones normativas dadas por supuestas, en nuestro caso por la Constitución y la fase de transición, difundidas entre la población y mantenidas por lo que Thomas Luckmann ha denominado la “comunicación moral en la vida cotidiana” que tu has crispado. Sin embargo, si tomamos la expresión en un sentido estrictamente sociológico, esas tradiciones también deberían estar institucionalizadas de manera formal e informal.

Muchas de las Instituciones de mediación de esta sociedad están comprendidas bajo la expresión de “sociedad civil” prácticamente inexistente en España por lo que la labor de mediación la deben hacer las Instituciones formales que los supuestos líderes dirigís.

Pero, por otro lado, se deben señalar también los límites de estas Instituciones intermediarias como ocurre en Cataluña con los Ayuntamientos, la Generalidad, los medios de comunicación, o los Mossos que discriminan a la mitad de la población, para la solución del conflicto ligado a la identidad cultural que, hasta no hace mucho tiempo y por motivos particulares, eran étnicos y religiosos que erosionan hábitos de civilidad y polarizan la sociedad en campos ideológicos antagónicos.

Concluyo así, que las instituciones de mediación en Cataluña y Vasconia deben reducir su intensidad hacia una de las partes para no exasperar a las mismas por activa o por pasiva e indicar la importancia de atender al carácter de las ideas y los valores que deben inspirar a estas.

Me consta que todo lo dicho o gran parte de ello son declaraciones teóricas de solución de conflictos, pero no soy ajeno a las soluciones derivadas de la aplicación de la violencia legítima que, como última salida y si no entran en razón las partes, el Estado tiene la obligación de aplicar antes, durante y después del estallido real del enfrentamiento civil.

Lo que sí me queda claro como sociólogo es que existe un problema que hay que solucionar con la buena voluntad de las partes, pero que, si ésta no existe, como militar nos quedaría la solución armada en la que se aplicará la Ley de Estados con toda su contundencia, pero, eso sí, sin rencor por nuestra parte ni ánimos de venganza que para eso somos profesionales y ustedes españoles, aunque no les guste. No les quepa la menor duda a los dirigentes de todas las partes en lid.

COMUNICADO DE ALERTA DIGITAL

El teniente coronel Área Sacristán

Tras conocer la sanción al teniente coronel Area Sacristán, ALERTA DIGITAL ha emitido el siguiente comunicado:

“Con la ex magistrada Margarita Robles al frente del Ministerio de Defensa se sigue la tradición socialista de purgar a los mejores mandos, los más patriotas, los más honorables. Obedecer implica, en diverso grado, la subordinación de la voluntad a una autoridad, el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que prohíbe. La disciplina militar es, por su parte, un factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado.
Sin embargo, tanto la obediencia como la disciplina tienen un límite: El límite de la obediencia es la conciencia y el límite de la disciplina es el honor. La conciencia es la facultad de decidir y hacerse actor y autor de los propios actos y responsable de las consecuencias que de ellos se siguen, según la percepción del bien y del mal -la moral- que sólo ofrecen los Diez Mandamientos de Dios. El mayor prestigio y fuerza moral del Ejército es su primer elemento; y asegurar la moralidad de sus individuos la base fundamental de la existencia de esta institución

El honor es pues la cualidad moral que impulsa a un militar a actuar rectamente, siempre en defensa de la Patria, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral. El honor ha de ser la principal divisa de un soldado; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás. Así ponía Calderón de la Barca en labios del Alcalde de Zalamea: ‘Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma ¡sólo es de Dios!’

En ninguna circunstancia el mando o superior jerárquico tiene derecho a mandar algo que vaya contra el honor o contra la propia conciencia. Un mando militar no tiene derecho a mandar a sus subordinados nada que vaya contra la verdad, el bien, y la justicia más elemental, la cual está por encima de todas las leyes positivas.

Y si el superior jerárquico pudiera llegar a hacerlo en algún momento, tenemos la grave obligación de dejarnos guiar por el honor y la conciencia, antes que obrar la injusticia. Si lo hubiésemos hecho siempre así, hubiésemos evitado a nuestra España tristes y dolorosos fracasos.

La llamada obediencia debida o cumplimiento de órdenes delictivas, injustas o criminales impartidas por el superior jerárquico, podrá ser causa eximente en Derecho Penal, pero no nos exime de la responsabilidad moral de nuestras acciones, si son malas e injustas. ¡Nuestras, sí!, aunque otra las haya mandado. El ser humano es un sujeto moral, capaz de obrar el bien y rechazar el mal, como ser que se expresa y crece en la experiencia de su acción. Por ello, la acción humana -siempre personal- identifica a la persona y la pone en juego, para bien o para mal, sobre sí mismo y sobre su destino.

La nueva sanción al teniente coronel Area Sacristán nos señala que, en esta España moralmente cochambrosa, obrar así, en conciencia y con honor, tiene un precio muy caro.

Por eso precisamente, el honor y la conciencia son las cualidades de los hombres verdaderamente libres y, aunque dejarse guiar por ellas es de precio inmensamente alto, recordemos siempre que el compromiso con España es infinitamente más trascendente que cualquier norma o ideología inventada por el hombre.

El teniente coronel Area Sacristán es un patriota cabal y valiente, es un hombre justo, es un hombre bueno, virtudes éstas que la ministra sectaria de Defensa no tiene ni alcanzará a tener nunca.

Tras la sanción al teniente coronel Area Sacristán por sostener en público lo que cualquier militar patriota y decente suscribiría con su propia sangre, nos gustaría que este Gobierno actuara con la misma determinación con los que quieren romper España desde dentro de las instituciones. Este caso arbitrario e injusto también nos evoca el comienzo del mítico vigésimo verso del Cantar de Mío Cid: ‘¡Dios, qué buen vassallo! ¡si oviesse buen señor!'”