Leire Pajín, ministra de Sanidad.

La ley de Igualdad de Trato y no Discriminación que impulsa el Ministerio de Sanidad prevé castigar con multas de hasta 5.000 euros y un año de cárcel las “ofensas o burlas” contras los homosexuales, incluso a través de los chistes. Se contempla asimismo la inhabilitación para funciones públicas de cualquiera que incurra en una de esas supuestas ofensas contrarias a una norma que, sin embargo, excluye de su ámbito de protección a la Iglesia Católica y a los heterosexuales, entre otros sectores representativos de la ley positiva.

Por otro lado, la ley contempla la inclusión de la homosexualidad como una forma opción sexual más dentro de los libros de textos. Durante un acto electoral en Cádiz, la directora general de Igualdad, Leire Pajín, defendió la discriminación positiva hacia gays y lesbianas en cuestiones tales como el acceso a una vivienda de protección oficial o para la percepción de ayudas y subvenciones públicas

RECHAZO DEL SECTOR EDUCATIVO A LA LEY

Pese a todo, la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación está siendo ampliamente cuestionada en varios sectores de la vida española, entre ellos el educativo. Las organizaciones patronales y de titulares del sector educativo privado y concertado –CECE, Escuelas Católicas y UECOE–, las confederaciones de padres Concapa y Cofapa y los sindicatos FSIE Y USO, rechazan el anteproyecto porque consideran que “vulnera la normativa existente y no se ajusta a las directivas comunitarias”.

En un comunicado conjunto, protestan por “considerar que se trata de una pretensión ideológica que vulnera la normativa existente y no se ajusta a las directivas comunitarias”. Además, denuncian “la arbitrariedad e inseguridad jurídica” de dicho anteproyecto y alertan de las enormes dificultades que puede añadir a la tarea docente.

Ante esta situación, solicitan una batería de “puntualizaciones” a su juicio necesarias para que la futura norma “se ajuste a las directivas comunitarias, a lo que la sociedad necesita en materia de igualdad y no a una pretensión ideológica del Gobierno”.

A partir del texto elaborado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y del informe posterior del Consejo General del Poder Judicial, estas organizaciones critican que se haya incorporado la Directiva 2004/113, de Aplicación del Principio de Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres al Acceso a Bienes y Servicios y su Suministro, cuando su aplicación “excluye” los ámbitos de la enseñanza y los medios de comunicación.

Además, llaman la atención sobre las advertencias del CGPJ relativas a la “posible lesión a otros derechos de las personas y la falta de concreción de conceptos y definiciones, procedimiento sancionador y sanciones accesorias”, así como sobre “la duplicidad de funciones entre la nueva Autoridad que se crea y el Defensor del Pueblo; de cargar a los sindicatos con la onerosa tarea de ser ‘guardianes abstractos de la legalidad'”, entre otras cuestiones.
Por otra parte, a estos representantes del sector educativo les “preocupa enormemente” que el anteproyecto se vaya a tramitar como una ley ordinaria “cuando afecta, o quiere afectar, al derecho fundamental a la educación”, consagrado en la Constitución y desarrollado por Ley Orgánica, lo que a su juicio se ha pensado para “eludir la mayoría reforzada que impone la Constitución al Poder Legislativo para poder regular e inferir en las libertades públicas y derechos fundamentales de los ciudadanos”.

En lo que se refiere a la educación concertada, CECE, Escuelas Católicas, UECOE, Concapa, Cofapa, FSIE Y USO consideran que la redacción actual del anteproyecto “podría llegar a cuestionar modelos pedagógicos avalados por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los organismos internacionales” por la pérdida de conciertos que podría suponer para los colegios con escolarización diferenciada.

“Con todo, lo más preocupante para las entidades antes mencionadas es la sobrecarga de dificultad que este anteproyecto impone a los centros escolares, obligando a titulares y profesores a demostrar continuamente que sus acciones no son discriminatorias en el transcurso ordinario de la convivencia escolar, es decir, a demostrar la no culpabilidad”, explican las organizaciones.