Yolanda Gómez- La política discurre a una velocidad de vértigo. Si el pasado domingo, a las miles de personas que en la Plaza de Colón de Madrid gritaban “Queremos votar” les hubiesen dicho que en poco más de dos meses lo podrían hacer, no se lo hubiesen creído. Pero sí.

El camaleónico Sánchez, que hasta hace una semana decía que con o sin presupuestos alargaría la legislatura para poder aplicar sus políticas sociales, cambia ahora el relato y dice que convoca elecciones porque la malvada derecha se ha unido al independentismo para impedir que su estupendo presupuesto no pueda aplicarse.

Sea como fuere, lo cierto es que el próximo 28 de abril hay elecciones generales. Y eso es bueno para España y bueno para la economía española. Y me explico. Alargar la agonía actual sería un delirio que haría mucho daño a las empresas y a los inversores, que durante los meses que durara la legislatura no sabrían a qué atenerse. Así, al menos, y dependiendo del resultado de las urnas, hay una oportunidad de dejar de depender de los independentistas, a los que solo les preocupa la autodeterminación y sacar de la cárcel a sus políticos presos, y dejar de depender también de una izquierda a la que se le da muy bien repartir la riqueza que generan otros. Pero para poder repartir la riqueza, primero hay que crearla, y creanme, las políticas del señor Sánchez, al dictado de Podemos, van justamente en la dirección contraria.

El presidente presumió ayer de un Gobierno ejemplar, cuando casi la mitad de sus miembros han creado sociedades para pagar menos impuestos, y cuando él mismo, no ha tenido el más mínimo rubor en plagiar parte de su tesis, en que le escriban su libro o en utilizar el Falcon que pagamos todos para ir de concierto a Castellón y de vacaciones a Lanzarote, o de utilizar el helicóptero oficial para desplazarse a La Rioja a la boda de su cuñado.

En el mitin que dio Sánchez ayer en La Moncloa para anunciar el adelanto electoral presumió de política económica y social, pero las principales medidas de gasto, como la subida del sueldo a los funcionarios y el alza de las pensiones, en ambos casos muy por encima del IPC, fueron compromisos del PP que el PSOE ha mantenido. De modo que el discurso de que somos nosotros los que redistribuimos y acabamos con las políticas de recortes del PP, queda un poco cojo, porque mucho me temo que esta política la había iniciado ya el señor Montoro, por la cercanía de las elecciones, eso sí. Sánchez ha ido más allá en la subida del salario mínimo que la ya pactada entre el Gobierno de Rajoy con sindicatos y patronal, lo que ha provocado no solo el descontento de los empresarios, sino también las advertencias de los principales servicios de estudios de dentro y fuera de nuestras fronteras sobre el impacto de esta medida en el empleo, y especialmente en los trabajadores menos formados, que pueden quedar fuera del mercado de trabajo.

Si algo hay que reconocerle al Gobierno socialista, eso sí, es la rapidez en aprobar decretos, en colocar a los suyos en las empresas públicas y en las administraciones, en la televisión o en la radio pública, sin el más mínimo pudor. Como tampoco se ruboriza lo más mínimo por utilizar hasta el último minuto el Consejo de Ministros para hacer campaña electoral y aprobar normas que sin duda debería dejar en manos del Gobierno que salga de las urnas.

Por todo esto y por muchas otras cosas que iremos desgranando, somos muchos en España los que hoy respiramos con cierto alivio por esa convocatoria electoral y con cierta esperanza de que esta locura se pueda frenar.