Por Judith Bergman.- “El extremismo islamista que promueve la violencia constituye actualmente la mayor amenaza para Suecia”, según un comunicado de prensa del 15 de enero emitido por el Servicio de Seguridad sueco (Säpo). “El nivel de la amenaza terrorista sigue siendo elevado, en una escala de 3 sobre 5. Esto significa que es probable que se produzca un acto terrorista”, dijo Klas Friberg, director del Säpo.

Para poder abordar la amenaza del terrorismo, el Servicio de Seguridad trabajará en el futuro de modo aún más estratégico para limitar el crecimiento de los entornos extremistas. Podría ser ocuparse de las personas [omhänderta] que constituyen una amenaza para la seguridad, o cooperar con otras autoridades, trabajando más duro para asegurar que estos individuos sean enjuiciados por otros delitos, o eliminar sus oportunidades.

Aunque el Säpo está asegurando a la opinión pública sueca que hará “aún más” para limitar el crecimiento de los entornos terroristas en Suecia, el Gobierno sueco está exacerbando el problema al dar la bienvenida a los combatientes del ISIS que regresan al país. Aproximadamente 300 personas se fueron de Suecia para luchar por el ISIS y se calcula que alrededor de 150 combatientes del ISIS han regresado. Unas 50 de esas personas que no volvieron murieron en combate.

El director del Säpo había descrito en enero a los combatientes del ISIS que volvían como “personas deshechas que estaban traumatizadas por sus experiencias”, y dijo que la sociedad sueca había “desempeñado un gran papel para reintegrarlos”.

La ley sueca no permite que los servicios de seguridad tomen todas las medidas necesarias contra los combatientes del ISIS que retornan, aunque se adoptó una ley relativamente nueva, concebida para abordar el problema de los terroristas en Suecia, en 2016. La ley no permite a las autoridades, por ejemplo, confiscar y registrar los teléfonos móviles y ordenadores de los combatientes del ISIS que vuelven, a menos que haya una sospecha concreta de delito, según Fredrik Hallström, subdirector del mando del Säpo para los “actores motivados ideológicamente”. Además, según Hallström, las autoridades no saben si los combatientes retornados constituyen un peligro o no para los ciudadanos suecos: “Es también difícil responder porque las valoraciones que hacemos pueden cambiar”.

Muchos de los combatientes del ISIS se llevaron a sus familias con ellos, incluidos los niños pequeños, cuando se unieron al ISIS. Una familia que hablaba sueco y que había viajado para unirse al ISIS había realizado una película casera, emitida hace poco por los medios locales, sobre su vida yihadista. En una escena aparece la madre haciendo prácticas de tiro, mientras que el padre explica amablemente a sus hijos: “Ahora, vamos a ver cómo mamá hace la yihad”. La película casera también muestra a la mujer disparando su pistola mientras exclama alegremente: “¡Eso ha estado genial!” y “¡Alahu Akbar!” (“Alá es el más grande”).

En otra escena se ve al padre preparándose para salir a matar, mientras que cuenta a su hijo y a su hija pequeña cómo robó un walkie-talkie a un “infiel” al que había matado disparándole a la cabeza. El pequeño explica al padre cómo utilizar mejor la munición para su rifle de asalto y le pide ir con él, pero la madre le dice que su padre sigue pensando que es “demasiado pequeño”. El narrador de la película explica que muchos niños de estas familias del ISIS han vuelto a Suecia con sus familias y acudido a jardines de infancia y escuelas suecas. La familia de la película es una de ellas. Las autoridades suecas, sin embargo, no saben cuántos niños han vuelto. Según una encuesta que realizó el canal de televisión SVT en los municipios suecos, los ayuntamientos sólo tienen constancia de 16 adultos y 10 niños de 150 retornados.

Ya en junio de 2017, el entonces director del Säpo, Anders Thornberg, declaró a los medios que el país estaba experimentando un problema “histórico” al tener que vérselas miles de “islamistas radicales en Suecia” (incluso en 2010 había 200 yihadistas en Suecia, según el Säpo). Thornberg también mencionó que su organización estaba recibiendo unas 6.000 pistas al mes relativas al terrorismo y el extremismo, frente a una media de 2.000 al mes en 2012.

Entre tanto, como era de esperar, los suecos se sienten cada vez más inseguros en su propio país. Cuatro de cada diez mujeres temen salir a pasear libremente, según el nuevo “Informe de Seguridad Nacional” publicado por el Consejo Nacional Sueco para la Prevención de la Delincuencia (Brottsförebyggande Rådet o Brå).

“Casi una cuarta parte de la población elige una ruta distinta u otro medio de transporte a causa de la ansiedad por la delincuencia, y una quinta parte evita la actividad en internet por temor a las amenazas y el hostigamiento”, según el Brå.

Por lo que hace a las mujeres de entre 20 y 24 años, el 42% declara que a menudo eligió otra ruta u otro medio de transporte porque se sentían inseguras y les preocupaba ser víctima de delitos. La correspondiente proporción para los hombres del mismo grupo de edad es el 16% (…) El grado de actividad en internet también se puede ver afectado por las preocupaciones a ser objeto de delitos. Alrededor de una de cada cinco personas, al margen de su sexo, declara que durante el año pasado se ha abstenido de publicar nada en internet por temor a exponerse a las amenazas o el hostigamiento.

“Las redes sociales son un foro cada vez más importante para el debate público. Si una quinta parte de la población no se atreve a expresarse en la red por temor a ser objeto de delitos, entonces puede ser un problema democrático”, declaró Maria Söderström, del Brå.

Los temores a las amenazas y el hostigamiento no es lo único que está haciendo que los suecos quieran evitar expresarse en internet. Muchos que han expresado opiniones incorrectas han sido acusados por las autoridades de “incitación contra un grupo étnico”, delito castigable por la ley. El “problema democrático” que describe Söderström, por lo tanto, es doble: el temor a las amenazas y al hostigamiento de los demás, y el temor a ser enjuiciado por el Estado.

La organización de la que se cree que es en gran parte responsable de las acusaciones, al menos desde 2017, es Näthatsgranskaren (“El Investigador del Odio en la Web”), una organización privada fundada en enero de 2017 por un expolicía, Tomas Åberg, que al parecer decidió identificar y denunciar ante las autoridades a los ciudadanos que él y su organización decidan que están cometiendo delitos de pensamiento e “incitando al odio” contra los extranjeros. Åberg presumió hace poco de que había presentado 1.218 denuncias a la Policía sólo entre 2017 y 2018, y que de 214 acusaciones, 144 fueron a juicio. “Muchos aún siguen pendientes de que se presenten cargos”, escribió en Twitter.

El pasado mes de noviembre, el Information Society Group, perteneciente al Consejo de Europa, invitó a Åberg como orador principal en su conferencia regional, “Abordando el delito de odio en los medios: el papel de las autoridades reguladoras y el poder judicial”, en Zagreb. En la conferencia se analizaba “cómo el discurso del odio está regulado en los diferentes países miembros del Consejo de Europa, centrándose en los poderes judiciales y los organismos autorregulatorios de los medios”. ¿Quizá el Consejo de Europa considera que los exitosos esfuerzos de Åberg para delatar a sus conciudadanos suecos a la Policía por delitos de pensamiento percibidos es un ejemplo que otros países europeos deberían emular?

Los contribuyentes suecos pagaron 1,5 millones de coronas suecas (165.000 dólares) por las actividades de Åberg en 2017 y 2018. La mayor parte, según el Fria Tider, se destina a pagar el salario del propio Åberg.

En noviembre, los esfuerzos de Åberg condujeron a la condena de una mujer de 70 años por escribir el siguiente comentario, sobre un artículo acerca de la violencia de los hombres musulmanes contra las mujeres, en un grupo de Facebook, Stand up for Sweden: “¿Es que no estamos en Suecia, o hemos transformado el país en un maldito monstruo musulmán?”. La mujer fue llamada para ser interrogada en una comisaría de policía, la misma Policía que no tiene suficientes recursos para investigar los casos de violación. Allí, la mujer explicó:

“Me provocaron varios titulares y Cold Facts [un programa televisivo de periodismo de investigación] que decían que habían quemado y pegado a sus esposas. Me pregunto si va a ser así en Suecia, también, y eso me deprime (…) Estoy en contra del maltrato a las mujeres. Vienen muchos musulmanes aquí. A lo que me debí referir es que están maltratando a las mujeres”.

Que una mujer mayor esté preocupada por la seguridad física de las mujeres en Suecia es, al parecer, inaceptable para el Gobierno sueco, que en 2016 se declaró “feminista”.

Aunque los combatientes del ISIS que han vuelto puedan haber violado, saqueado, torturado y asesinado a su antojo y puedan seguir con sus vidas –o tramar actos terroristas contra los suecos–, las mujeres mayores suecas no pueden pronunciar una palabra sobre su temor a dichos hombres o su ideología. El fiscal jefe de la Fiscalía de Gävle, Lars Göransson, decidió enjuiciar a la anciana de 70 años por “incitación contra un grupo étnico”. En noviembre, fue declarada culpable y condenada a pagar una multa de 4.800 coronas suecas (530 dólares).

Otro resultado de los esfuerzos de Åberg fue la condena en enero de una mujer de 78 años acusada de haber escrito en Facebook, entre otras cosas, que los musulmanes son “barbudos” y “fantasmas”. La mujer se había entristecido cuando leyó acerca de los delitos cometidos contra los ancianos y cuyos autores se habían librado del castigo o sido condenado a penas muy leves. Después de que Åberg denunciara a la mujer, que al parecer es pobre y tiene una salud delicada tras padecer un infarto y una enfermedad pulmonar, el fiscal decidió acusar a la pensionista por seis comentarios que había escrito en Facebook. Entre ellos, el siguiente: “Sí, habría que expulsar a todos los musulmanes del país, no los queremos aquí. Un montón de barbudos que asustan a los niños”.

La pensionista explicó en el interrogatorio:

“Me enfadé cuando leí sobre cómo eran las cosas con los inmigrantes y cómo evitan el castigo por todo lo que hacen. Son absueltos, aunque roben y hagan otras cosas. Es injusto que los que cometen delitos graves puedan quedar libres. Gente que tira a las personas mayores al suelo y les roban el dinero”.

La pensionista dijo que no habría escrito eso de haber sabido que era ilegal.

Evidentemente, actuó bajo el erróneo supuesto de que vivía en una democracia. En enero, fue sentenciada a pagar una multa de 4.000 coronas suecas (443 dólares). La mujer vive de una pensión mensual de sólo 7.000 coronas (775 dólares).

“Incluso una referencia indirecta a apodos u otros términos ofensivos sobre la raza o los inmigrantes en general están sujetas a la ley contra la incitación contra un grupo étnico y es castigable”, escribió el juez Jon Jonasson en su fallo.

Las autoridades suecas, claramente, no pueden enjuiciar o condenar –o no lo harán– a los yihadistas a los que han dado tan generosa bienvenida al país; sin embargo, no tienen reparos para acusar y enjuiciar a pensionistas ancianos e inofensivos. Se podría añadir que una cultura que respeta los derechos humanos de los combatientes del ISIS retornados más que los de las mujeres ancianas que los temen está acabada.