El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith (d), y el vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Fernández (i).

EC.- El comienzo de las testificales abrió la puerta a que Vox abandonara su letargo en el juicio del ‘procés’. Aunque los 12 acusados optaron por ignorar al partido de Santiago Abascal en los interrogatorios de las dos primeras semanas, los testigos están obligados a responder a todas las partes y esto permitió que Javier Ortega Smith y Pedro Fernández protagonizaran un cara a cara con pesos pesados como Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría. Ambos abogados, sin embargo, chocaron contra un muro al plantear sus preguntas más políticas: el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena.

Esa semana comenzó mal para Vox desde el primer momento. El martes se adelantó el inicio de la sesión a las nueve y media de la mañana en lugar de a las 10, pero los abogados del partido no tomaron nota del cambio: Ortega Smith y Fernández llegaron tarde al Supremo y se les impidió entrar en la sala hasta el primer receso, por lo que tuvieron que seguir desde el exterior el arranque del interrogatorio al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Una vez dentro, tanto Cuixart como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell siguieron los pasos de sus compañeros y se negaron a responder a sus preguntas.

El miércoles sí llegaron a tiempo y fueron los primeros en plantear preguntas al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà. El testigo había sido propuesto por el propio partido y se revolvió contra el tribunal nada más comenzar su declaración, ganándose así una advertencia de Marchena. Minutos después, el presidente de la sala volvió a intervenir, pero en esta ocasión para avisar al abogado Pedro Fernández de que no debía hacer preguntas que diesen pie a valoraciones: “Vamos a ver, señor letrado. No centramos lo que se pide de un testigo por iniciar la frase con ‘lo que usted conoce’, porque lo que le está pidiendo es una valoración”, dijo. Fernández asintió y volvió a lanzar la pregunta con la misma fórmula, lo que llevó al juez a interrumpirle de nuevo: “Fíjese, señor letrado. Está usted intentando preguntar al testigo qué es lo que pensaba. Le está pidiendo no lo que percibió, sino que valore comportamientos ajenos, y tenemos que evitar esto”.

La declaración del expresidente catalán Artur Mas transcurrió sin incidentes y entonces llegó el turno de la que fuera número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Al igual que la de Tardà, su comparecencia fue también propuesta por Vox, por lo que el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, fue el primero en plantearle preguntas. El abogado sacó cuestiones como sus reuniones con Junqueras o el despacho que tuvo la exvicepresidenta en Barcelona durante “la operación diálogo”, discurriendo así la comparecencia con calma hasta que abordó el dispositivo policial del 1-O. “A la vista de lo ocurrido, resultaron cuanto menos insuficientes. ¿Por qué? Pues porque los propios informes de la policía…”, dijo Ortega Smith antes de que Marchena le interrumpiera: “No conteste usted a la pregunta.

La pregunta iba bien orientada hasta que usted ha comenzado a responder”, le advirtió el presidente del tribunal.

La declaración más esperada llegó por la tarde con Mariano Rajoy. Una vez más, Ortega Smith fue el primero en preguntar, para lo que lanzó un dardo después de que el expresidente dedicara su introducción a defender la actuación previa al 1-O: “Y a pesar de todo ello, se convocó el referéndum”, señaló el abogado. Incómodo, Rajoy trató de esquivar el golpe: “Bueno… Eh… Yo creo que lo que se convocó no fue un referéndum, se intentó convocar un referéndum”, argumentó. El resto del cara a cara se produjo sin roces, una declaración en la que el abogado, al igual que con Santamaría, volvió a incidir en si se planteó la aplicación del artículo 116 de la Constitución, aquel que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio.

El espectáculo de la CUP

La jornada del miércoles terminó con los testigos de la CUP dando un espectáculo. El ‘show’ arrancó con el exdiputado Antonio Baños y siguió con Eulàlia Reguant, quienes se negaron a responder a las preguntas de Vox “por dignidad democrática y antifascista”. “Si me permite, señoría, yo me negaré a contestar a la acusación popular”, comenzó diciendo Baños. “No, no puede”, le respondió Marchena. “Sí, sí que puedo”, insistió el exdiputado. El magistrado trató entonces de explicarle que los testigos deben responder a todas las partes, intervención en la que Ortega Smith se limitó a mantener la mirada fija en sus documentos.

El presidente del tribunal trató de reconducir la situación y ofreció la posibilidad de que las preguntas de la acusación popular fueran planteadas por el propio tribunal para “evitar el desenlace que no queremos poner en marcha”, una opción a la que los abogados de Vox accedieron. Baños, sin embargo, siguió adelante con sus críticas y a Marchena no le quedó más salida que la deducción de testimonio para que un juzgado ajeno al Supremo investigue si su negativa a declarar tendrá o no una respuesta penal. Con Reguant la situación se repitió, por lo que los dos exdiputados tendrán que pagar por el momento una multa de 2.500 euros cada uno a la espera de ver las posibles consecuencias penales.

El choque con Rufián

El jueves siguieron adelante las testificales y la jornada arrancó con el lendakari Iñigo Urkullu, comparecencia en la que Vox volvió a preguntar sobre si se habló de aplicar el artículo 116 de la Constitución en sus conversaciones con el Gobierno. “No, en absoluto. Yo con el señor Rajoy no hablé del artículo 116”, respondió el político vasco. Una vez terminada su declaración, llegó el turno del diputado Gabriel Rufián, quien siguió la línea de otros políticos catalanes citados como testigos y arremetió contra Vox, al que calificó hasta en dos ocasiones como un “partido de extrema derecha, xenófobo y racista” que le da “vergüenza” que actúe como acusación en el juicio. Pese a sus duras palabras, el diputado prefirió desmarcarse de la estrategia de los ‘cupaires’ y sí les contestó.Gabriel Rufián califica de ‘fake news’ la violencia el 20S: “Me chirría que se dijera que era una rebelión. Yo fui a comer, a merendar, yo creo que en una rebelión, a merendar no va la gente”, asegurño.

La tercera semana del juicio, clave para Vox desde el punto de vista político, termina así con el partido acaparando titulares por los insultos que le han dedicado algunos testigos y no por sus preguntas a los representantes de lo que ha tachado en los últimos meses como “derechita cobarde”. Aunque Ortega Smith y Fernández trataron de acorralar a los pesos pesados del anterior Gobierno con varias de sus preguntas, Marchena no dudó en cortarles en seco con cada salida de tono.

Trapero como testigo

Por parte de las acusaciones, solo la acusación popular que ejerce Vox había propuesto al major Trapero como testigo. El abogado y número dos de la formación, Javier Ortega Smith, estuvo durante el interrogatorio más preocupado por algunos aspectos colaterales del procés, como la supuesta destrucción de documentos en la incineradora de Sant Adrià del Besos o el número de llamadas a Jordi Sànchez, líder de la ANC, el 20 de septiembre de 2017, y por el organigrama del cuerpo policial, al que se refiere siempre como los “Mozos”.

Ortega Smith, en un interrogatorio confuso en el que fue saltando de idea en idea, se dejó en el tintero preguntas esenciales. Una de ellas fue las reuniones que la cúpula de los Mossos mantuvieron los días 26 y 28 de septiembre con el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras o el exconsejero de Interior Joaquim Forn, en las que supuestamente los principales comisarios del cuerpo autonómico advirtieron a los líderes políticos de la posibilidad de incidentes violentos en caso de seguir adelante con el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre y pidieron –sin éxito- a los políticos que desconvocaran la consulta.

El juicio del ‘procés’ es el escaparate perfecto para la formación de Santiago Abascal, pero por el momento no han conseguido levantar la persiana.