Sala del Tribunal Supremo donde se está llevando a cabo el juicio del “procés”

El PSOE no lleva en su programa electoral recuperar las competencias en materia penitenciaria transferidas a Cataluña. Tampoco Podemos. Pero sí coinciden en este punto el PP, Ciudadanos y Vox.

Las elecciones generales marcarán la apertura de una nueva etapa en la política catalana y en la gestión del órdago independentista. El cambio es evidente si lo que sale de las urnas es un Gobierno «a la andaluza», con PP, Ciudadanos y Vox. Pero también supondrá un antes y un después si la mayoría es socialista y en función de cómo quede el reparto de fuerzas entre el PdCAT y ERC en el Congreso y también en la competición municipal y europea entre Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.

Para taponar hemorragias electorales el candidato socialista, Pedro Sánchez, ha convertido en uno de sus lemas de campaña la negación de que vaya a negociar un referéndum de autodeterminación. Aunque quisiera avanzar por esa línea en la negociación con los partidos independentistas abriría una fractura tan grave dentro del PSOE que es un camino intransitable. El referéndum es, por tanto, la liebre en esta campaña que oculta otras cuestiones que interesan más a los dirigentes independentistas, sobre todo a Esquerra. El partido de Junqueras es el que mejor ha entendido que la única salida que tiene para avanzar hacia el objetivo de la independencia es dirigir su estrategia a ampliar su mayoría social, para que sirva como elemento de presión sobre el Gobierno central. Y las prioridades a medio plazo son dos: las elecciones y el juicio del «procés» y los presos.

El PP propone recuperar la competencia en Instituciones Penitenciarias que tiene Cataluña si llega a La Moncloa. Y en este punto coincide con los programas de Ciudadanos y Vox. El PP también propone modificar la Ley General Penitenciaria en su artículo 72,6 para que el acceso del primer al segundo grado, o del segundo al tercer grado penitenciario, exija no sólo renegar de la violencia de la banda terrorista ETA que ya ha desaparecido, sino la colaboración efectiva para esclarecer los crímenes que quedan impunes. Esta última reforma va dirigida contra la política que empezó a poner en marcha el Gobierno socialista para acabar con la dispersión de los presos etarras.

Sánchez ha eludido pronunciarse sobre si es partidario de indultar a los presos independentistas después de que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo (TS). Pero el PSOE sí se retrata en relación al control por parte de la Generalitat de la gestión de las cárceles catalanas. Los socialistas no plantean ningún cambio en lo que para el PP, sin embargo, permite que haya presos de primera y de segunda en todo el territorio nacional por motivos estrictamente políticos. Como símbolo el caso de Oriol Pujol, que recibió por parte de la Consejería de Justicia catalana el tercer grado penitenciario o de semilibertad. Condenado a dos años y seis meses por el cobro de comisiones ilegales por el caso ITV, recibió este beneficio penitenciario 71 días después de haber ingresado en la cárcel de forma voluntaria. En la actualidad, sólo acude a dormir a prisión.

A la espera de que se conozca la sentencia del Supremo, previsiblemente el próximo verano, una de las principales incógnitas es saber cuánto tiempo pueden pasar finalmente en la cárcel los políticos presos si son condenados a penas de prisión. Las competencias penitenciarias transferidas y un director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Amand Caideró, que luce habitualmente lazo amarillo, hacen que el margen de la Administración catalana para suavizar el cumplimiento de las presuntas condenas quede bajo sospecha inevitablemente. Y ésta es una de las claves de la política catalana a medio plazo y no si se negociará o no un referéndum de autodeterminación.

Si el Gobierno que salga de las urnas no actúa de inmediato para limitar el margen de la Generalitat con las prisiones, el Ejecutivo de Torra tendrá dos vías principales para acortar la privación de libertad una vez que las condenas sean firmes. Y lo serán en todo caso, porque el Supremo es la última instancia jurisdiccional. La concesión de un tercer grado directo sin esperar a que los presos cumplan la mitad de su condena y la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que propicia un régimen de semilibertad entre el segundo y el tercer grado. Al margen del indulto, medida de gracia de carácter político, para acogerse a las otras dos los dirigentes independentistas deben haber progresado previamente al régimen ordinario, el segundo grado, del que podrían beneficiarse en apenas unos meses o incluso menos al no tratarse de presos peligrosos.

La concesión del tercer grado por la vía rápida, avalada por el artículo 72,3 de la Ley Penitenciaria presenta un condicionante que puede ser insalvable, porque cuando la pena sea superior a cinco años no se puede conceder hasta que el recluso haya cumplido la mitad de la condena. La vía más fácil para la Generalitat es, pues, la del artículo 100,2. Según este artículo el equipo técnico de la prisión podrá proponer a la Junta de Tratamiento que respecto a cada penado se adopte un modelo de ejecución de su condena. Esta medida de carácter excepcional tiene efectos inmediatos, pero después debe contar con el visto bueno del juez de vigilancia penitenciaria competente en función de lugar donde se ubique el centro penitenciario.