El proceso penal español, está contaminado, de tal manera que ha puesto en evidencia una justicia cuya credibilidad, en la aplicación de los principios básicos constitucionales y procesales, han quebrado, alcanzando las cuotas más bajas de desprestigio del Poder Judicial.

Se aceptan acusaciones populares espurias de partidos políticos con objeto de sacar rentabilidad política.
Se efectúan imputaciones sin indicios sólidos que posteriormente se desvanecen por haber sido infundadas o precipitadas.

Se efectúan por la UDEF y la UCO informes no ya serios, sino atribuyéndose competencias de la Fiscalía.

Se hace un uso abusivo, arbitrario y desigual de la prisión preventiva.

Se condena ante la sociedad con la pena del telediario, en un escarnio público.

Se producen dilaciones indebidas e injustificadas que no tienen compensación posterior.

Se producen filtraciones a “determinados” medios de comunicación social, para premiar su fidelidad perruna al régimen, y cómo forma de estigmatizar a enemigos y adversarios políticos, a los que conviene “destruir”.

Se acusa con penas desproporcionadas por parte del Ministerio Público para posteriormente forzar conformidades.

La fiscalía tiene una total dependencia del Gobierno, y los fiscales no son autónomos, y estar organizados jerárquicamente, de forma que tienen que obedecer lo que les dicen sus jefes, nombrados a dedo, y con arreglo a criterios políticos, no profesionales, de formación, experiencia y competencia.

10. No se repara el daño causado a la deshonra, prisión, en caso de absolución.

Mientras estas anomalías no se corrijan el proceso penal continúa contaminado y esa contaminación perjudica gravemente un proceso penal que debe ser escrupuloso en sus fases.

Jurista y secretario general del sindicato Manos Limpias