El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) han lanzado este sábado sendos comunicados para manifestar su apoyo a los compañeros que trabajan estos días en Cataluña, en los dispositivos de seguridad para controlar los disturbios desatados tras la publicación de la sentencia del ‘procés’.

Ante la gravedad de los incidentes registrados en las últimas horas en Barcelona, “un entorno de violencia y tensión extremo, nunca antes visto en Barcelona y muy similar al organizado por la banda terrorista ETA en las calles de País Vasco y Navarra en los años ochenta y noventa del siglo pasado”, el SUP exige una reunión urgente con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dé explicaciones sobre el dispositivo especial desplegado en Cataluña.

“De no ser convocados a la misma de forma inminente, entenderemos que el máximo responsable de la seguridad del Estado habrá dejado de ser un interlocutor válido y que su gestión al frente del departamento en este asunto requerirá que asuma responsabilidades políticas y presente su dimisión irrevocable”, señalan desde el SUP en una nota de prensa.

Desde este sindicato lamentan la “indignación” que les ha generado la situación vivida este viernes en Cataluña, tras cinco días con más de 207 heridos entre los distintos cuerpos de seguridad, más de 800 contenedores quemados y más de 110 vehículos policiales dañados.

“Siete compañeros -agrega el comunicado del SUP- tuvieron que ser atendidos ayer de lesiones de entidad, como consecuencia de la lluvia de piedras y todo tipo de objetos contundentes que grupos organizados lanzaron contra el dispositivo policial en varios puntos de la ciudad. Y en medio de todo ese caos, con la ciudadanía secuestrada en sus casas por la acción de los violentos, el ministro del Interior está teniendo una actitud impropia de quien debe velar por la seguridad de los policías nacionales y del conjunto de la ciudadanía”.

La UFP, por su parte, alude a una “total falta de planificación operativa por parte de los responsables policiales de la Policía Nacional”, cuyo “máximo responsable es el Director Adjunto Operativo, José Ángel González Jiménez que parece que, siguiendo directrices políticas, ha decidido aliarse a las tesis del Gobierno de no hacer nada”.

Desde la Unión consideran que esa falta de planificación “se está traduciendo en un abandono total a su suerte de los policías destacados en Cataluña”. Señalan desde este sindicato que los agentes carecen de material antidisturbios (“y el que se les ha entregado está caducado”) y que no hay previsión de relevos ni incremento de efectivos (“lo que se traduce en jornadas de trabajo de 20 horas diarias”).

“Ayer, algunos compañeros llegaron al hotel a la 1 de la madrugada y a las 5 de la madrugada entraban de servicio otra vez. Pero no contentos con eso, tuvieron que cambiar de hotel en esas 4 horas que tenían de descanso, porque el fin de semana no podían seguir alojados en él”, apunta la UFP.

Por otra parte, denuncian que “no están cobrando por el trabajo que hacen” y que “se les debe dinero”, y reclaman el uso del vehículo antiincendios y antibarricadas, “que costó 60.000 euros”.

Medidas inmediatas

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) exige una ampliación inmediata del dispositivo desplegado en Cataluña “con cuantos efectivos de Unidades de Intervención Policial y Unidades de Prevención y Reacción sean necesarios”, para “sacar de las calles de Barcelona a los violentos”. Asimismo, exponen su indignación ante el hecho de que “ni Grande-Marlaska ni la Secretaria de Estado de Seguridad, ausente en toda esta crisis pese a su innegable responsabilidad sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado, hayan puesto un pie en Cataluña estos días para interesarse por la situación”.

La Unión Federal de Policía (UFP) también exige soluciones de carácter inmediato. Reclama “material suficiente y en condiciones”, horarios de trabajo “acordes a la complicada situación” y el cobro de “lo que les pertenece” para que puedan hacer frente a los costes de alojamiento y manutención. Por último, exigen “la destitución del Director Adjunto Operativo, más preocupado de contentar a sus jefes políticos que de solucionar los problemas de la Policía”.