Los principales partidos del Congreso, excepto el PNV, llegaron a un acuerdo el 2 de octubre para reducir la publicidad electoral del 10-N, por lo que no colocarán banderolas en los lugares reservados como gratuitos por los ayuntamientos, ni contratarán publicidad exterior o espacios comerciales para carteles y otra propaganda.

El acuerdo, propuesto por el PSOE, fue firmado ante notario por PP, Ciudadanos, Podemos, Vox, ERC, JxCAT, y Compromís, y solo el PNV anució que no lo firmaría.

Fuera del convenio quedaba la colocación de carteles y pancartas que se produce de manera tradicional la noche de inicio de la campaña electoral en los espacios gratuitos que los ayuntamientos habilitan para tal efecto, de acuerdo al artículo 55 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG).

El PP, por su parte, ya aseguró que eliminará toda la publicidad electoral en el exterior, según informaron a principios de octubre en un comunicado en el que se explicaba que se trata de ser “coherentes” con la posición que han mostrado hasta ahora porque creen que los españoles “merecen más propuestas y menos propaganda”.

Por el contrario criticaron que otros partidos “se volcarán en la campaña electoral” para “tapar el bloqueo” al que ha sido sometido el país en los últimos meses. En concreto, se referían al PSOE y su líder, Pedro Sánchez, a cuya “incapacidad” para negociar atribuyen la repetición electoral.

Ciudadanos, que también firmó el acuerdo ante notario, lamentó que la propuesta socialista no incluya unificar en un envío la publicidad electoral de los partidos a los domicilios que, según cálculos de la formación naranja, supondría un ahorro de 20 millones de euros.

Unidas Podemos lamentó, asimismo, que no se hayan acordado medidas que supongan un mayor ahorro, como la del ‘mailing’ único, y que tampoco se haya contemplado la celebración de dos debates entre los candidatos de los principales partidos, que han propuesto.

Vox argumentó que se sumaba a la iniciativa de “ahorro publicitario” para la campaña electoral porque siempre ha defendido que el coste de los partidos políticos “no puede seguir recayendo en el bolsillo de los ciudadanos a través de indemnizaciones y subvenciones”.

Hay que tener en cuenta que la publicidad exterior mediante carteles y banderolas que emplearon los partidos en la última campaña electoral fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, correspondiente a las elecciones de junio de 2016, costó más de 2,4 millones de euros. En concreto, el importe total del dinero dedicado a estos fines contabilizados por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de las elecciones generales de junio de 2016 asciende a 2.428.508 euros repartidos entre la mayoría de los 18 partidos y coaliciones que se presentaron a aquellos comicios.

Para esta convocatorio electoral, el Ministerio del Interior ha cifrado el presupuesto destinado en 140 millones de euros (540 millones si tenemos en cuenta las cuatros elecciones desde 2015).