Los potenciales socios del PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez se han desmarcado este miércoles del decreto ley contra la ‘república digital’, cuya convalidación se debate en la Diputación Permanente del Congreso. Lo ha hecho no sólo Unidas Podemos, sino también ERC, el PNV y Compromís, al criticar una norma que ha sido, asimismo, duramente cuestionada por parte de Junts y EH Bildu. El PP, por su parte, ha avanzado que respaldará su convalidación.

El torrente de críticas al decreto-ley se ha producido durante el debate que se ha suscitado después de que la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, presentara la norma que el Gobierno aprobó el pasado 31 de octubre con “por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones”.

En nombre de ERC, Montserrat Bassa, ha avisado al Ejecutivo de que debería “retirar” el decreto ley no para lograr un pacto con su formación, sino “por los derechos y libertades de la soberanía española y por pura democracia”. “Les honraría que reflexionaran y asumieran que se equivocaron al presentarlo”, ha deslizado Bassa, tras descalificar la norma llamándola “ley mordaza digital”.

La diputada independentista se ha quejado de que el decreto-ley se aprobara coincidiendo con el inicio de la campaña electoral “para acallar” las protestas que tenían lugar en Cataluña contra la sentencia del ‘procés’. “No pueden frenar nuestra indignación por decreto”, ha avisado.

“No tenemos claro dónde quieren llegar con esta ofensiva represiva, pero sí que no habrá estabilidad política mientras no aborden políticamente aquellos conflictos de naturaleza política”, ha abundado, antes de remarcar la predisposición de ERC a afrontar el conflicto catalán “mediante el diálogo y la democracia”. “Si están dispuestos a sentare y hacer política de verdad, nosotros estaremos ahí porque es dónde siempre hemos estado”, ha añadido.

Por su parte, la portavoz de Junts, Laura Borràs, ha definido el decreto ley como “un golpe de Estado digital” de un “Estado tecnófobo” que “protege a sí mismo contra los ciudadanos”. “Es la ‘Ley Corcuera digital’, la ley de patada en el servidor sin orden judicial”, ha denunciado, incidiendo en que la norma “no tiene nada que envidiar a las de regímenes autoritarios”.

Además, ha coincidido con otros intervenientes en arremeter contra el Gobierno por haber aprobado la norma “de forma burda en el tiempo de descuento de una legislatura fallida”, sin dejar a los grupos presentar enmiendas, y evitándose los informes que habrían tenido que emitir los órganos constitucionales de haberse aprobado mediante un proyecto de ley.

Como el resto de portavoces que ha criticado el texto del Gobierno, Borràs, también ha lamentado que el Gobierno se agarre “a un concepto tan ambiguo como el del orden público” para poder intervenir sitios webs, un aspecto en el que ha incidido especialmente el representante del PNV, Mikel Legarda.

De hecho, Legarda ha llegado a avisar al PSOE de que o reconduce este asunto hacia la búsqueda de un acuerdo “a la mayor brevedad posible” o la “predisposición” del PNV “a colaborar” los socialistas “estará seriamente comprometida”.

Desde Compromís, Joan Baldoví, también ha avanzado que no apoyarán la convalidación de un decreto que permite “intervenir Internet como en China o Arabia Saudí”. Lo mismo ha argumentado Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, que cree que esta norma abre la puerta a un “Estado de excepción digital”.

El diputado de En Marea, Antón Gómez Reino ha desgranado las propuestas de Unidas Podemos para mejorar la norma subrayando que se debe garantizar “el control judicial de todas las decisiones de la administración”, que no se “vulneren derechos fundamentales ni libertades públicas de los ciudadanos” y se pone freno a la “recentralización digital”.

El diputado socialista, Manuel González Ramos, ha avanzado que la intención de los socialistas es “clarificar y mejorar” la norma “en un futuro proyecto de ley” que habrá que aprobar para trasponer una directiva europea en esta materia.

“Tendremos ocasión de trabajar conjuntamente para seguir desarrollando el marco normativo en el ámbito digital en la próxima legislatura”, ha apuntado, por su parte, la propia Calviño, avanzando que se tendrán en cuenta algunas de las propuestas de los grupos. Así, se ha abierto a “aclarar” algunos extremos desde el punto de vista “jurídico”, si bien ha subrayado que tal y como está ahora, el decreto ya respeta el marco jurídico nacional y europeo y no atenta contra la separación de poderes ni contra las competencias autonómicas.

También ha garantizado que se reforzarán los mecanismos de cooperación con las comunidades autónomas en materia de telecomunicaciones y que convocarán si es preciso la Conferencia Sectorial de Seguridad Nacional.

En todo caso, el decreto no corre peligro ya que el PP ha anunciado su voto a favor. Según la diputada Ana Belén Vázquez, es una “indignidad” que tenga que ser el Grupo Popular quien apoye al Gobierno socialista mientras el PSOE “negocia con quienes tienen personas en la cárcel”, en alusión a los presos del procés.

“Estaremos a su lado para defender la democracia, la libertad y la seguridad en Cataluña”, ha proclamado, a la vez que enseñaba a los independentistas un cartel con la frase ‘La República no existe, idiota’ y prometía “luchar” para que no tengan “ni una república, ni nada”.

También el diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real, ha utilizado el lema ‘La República no existe’.  “Coma, añadan el adjetivo que quieran”, ha espetado a los independentistas tras calificar de “sainete y chiste” el debate sobre un decreto que, desde su punto de vista, “parece escrito por Faemino y Cansado”. También Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, lo ha descalificado por ser una “chapuza legislativa”, si bien ha avanzado que no se opondrán al mismo.