Padre Custodio Ballester.- El pasado viernes ocho agentes de la Policía nacional, irrumpieron en la celebración de la Santa Misa en la Parroquia San Servando y San Julián, en el barrio gaditano de la Laguna. Al grito de “¡Suspendan esto inmediatamente!” “¡Esto está prohibido!”, irrumpieron e interrupieron abruptamente la celebración del culto católico. La docena de feligreses que asistían a la eucaristía, testigos oculares de lo ocurrido, denunciaron la “fuerza y el abuso de poder” del que hizo gala el dispositivo policial parece que dirigido personalmente por un subinspector, al que dijeron reconocer algunos de los asistentes y de los que filmaban con el móvil desde los balcones.

El escándalo ha sido mayúsculo, pues Real Decreto del Gobierno que regula el estado de alarma establece en su artículo 11 que la asistencia “a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”. Desde la parroquia de San Servando y San Germán se asegura que en el interior del templo “se guardaban escrupulosamente todas las medidas de seguridad”, con los asistentes debidamente separados en el interior de una iglesia de grandes dimensiones.

Ante el estupor de la sociedad gaditana, la Policía Nacional, suponemos que por boca del jefe del operativo que dirigió el asalto al templo, ha asegurado que la misa que se estaba celebrando en la parroquia de San Servando y San Germán no reunía las debidas condiciones de garantía sanitaria, por lo que ordenó su interrupción y que las personas allí congregadas volvieran a sus casas.

La Policía Nacional justifica la actuación del subinspector encargado de la Oficina de Atención al Ciudadano (ODAC), explicando que acudieron requeridos por vecinos de la zona que señalaban que dicho templo acoge cada día misas con unas 15 o 20 personas. Los agentes comprobaron que dentro del templo se celebraba una misa con unas 15 personas, en su mayoría personas de edad avanzada y por ello, “población de riesgo ante posibles contagios de coronavirus Covid-19, muchas de ellas sin elementos de protección como mascarillas o guantes, y sin que en la parroquia hubiese tampoco otros elementos como soluciones desinfectantes para las manos”.

Se consideró pues que la misa que se celebraba en estos momentos no reunía las debidas condiciones de garantía sanitaria, por lo que ordenaron su suspensión y que las personas allí congregadas retornasen a sus hogares, sin formular eso sí ninguna denuncia, según insisten las citadas fuentes, aunque las formas despertaron la desaprobación de los feligreses.

Hasta aquí el relato de Europa Press, reflejado también en el diario de Cádiz y otros rotativos. Ahora nuestra opinión:

El Decreto gubernamental sobre el estado de alarma no impide en modo alguno la celebración pública del culto católico, salvando las normas de seguridad que establecen “medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”.

Por tanto, ¿qué autoridad tiene el jefe del operativo para arrogarse la prerrogativa de desarrollar unas normas más estrictas que las que el Gobierno ha establecido? En una iglesia grande con 15 ancianos separados por mucho más de un metro, considera el subinspector que “la población de riesgo ante posibles contagios de coronavirus” no puede asistir a la misa porque muchas de ellas “no llevan elementos de protección como mascarillas o guantes, y en la parroquia no hay tampoco otros elementos como soluciones desinfectantes para las manos”. ¡Ninguna de estas condiciones las exige el Decreto! Todas esas condiciones no las ha puesto el Gobierno de Pedro Sánchez, sino el Subinspector del ODAC, jefe del operativo en cuestión. Su diligencia ha ido muchísimo más allá del cumplimiento del decreto. Probablemente no se ha guiado sólo por su letra, sino por lo que debe pensar que es su espíritu: suprimir incondicionalmente el culto católico. Aunque la generosa bondad del jefe del operativo hizo que las personas allí congregadas retornasen a sus hogares “sin formular ninguna denuncia”. ¡Todo un detalle de misericordia!

Le recordamos al diligente subinspector encargado de la Oficina de Atención al Ciudadano (ODAC) que existe una Ley de Libertad Religiosa que protege su ejercicio, y que el Gobierno de la nación se ha guardado escrupulosamente de violar. En el Código Penal se existe una sección dedicada a regular los delitos contra la libertad de conciencia y sentimientos religiosos, derechos protegidos directamente por la propia Constitución Española. Así, en el artículo 16 de la Constitución, se señala que: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.”

La ley también señala que “estarán incurriendo en delitos contra la libertad de conciencia y sentimientos religiosos aquellas personas que, por medio de violencia, intimidación, fuerza, o cualquier otro apremio ilegítimo:

Impidan a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los actos propios de las creencias que profesan, o asistir a los mismos.

Utilicen violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho para impedir, interrumpir o perturbar los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público.

La persona que, en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecute actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos”.

Omitimos las penas correspondientes a esos delitos porque no dudamos que el responsable las conoce. Los servicios jurídicos de la Diócesis de Cádiz ya se han peleado con algunas policías locales, como en San Fernando, por ejemplo, y éstas han acabado disculpándose. Y es que desde el obispado gaditano se dirigieron al mismo delegado del Gobierno, quien aseguró el cumplimiento del Decreto de alarma garantizando el culto en las condiciones prescritas ¿Lo hará también la Policía Nacional? Y es que las sabias palabras del filósofo y médico John Locke parecen fagocitadas por mismo el coronavirus en las mentes y en las acciones de algunos: “Donde no hay ley no hay libertad. Pues la libertad ha de ser el estar libre de las restricciones y la violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay ley; y no es, como se nos dice, una libertad para que todo hombre haga lo que quiera. Pues ¿quién pudiera estar libre al estar dominado por los caprichos de todos los demás?” Parece que la arbitrariedad es la pandemia que ahora guía muchas de las decisiones.