Enrique de Vivero Fernández

Enrique de Vivero Fernández*.- Hace pocos días leía en el periódico El Mundo una entrevista a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Entrevista preparada para que la ministra saliese airosa y presumiese de su magnífica gestión al frente de las FAS.

Se le preguntaba a la ministra sobre la falta de previsión del Gobierno social-comunista, sobre los posibles errores del mismo en la gestión del COVID-19 y sobre cómo ha actuado para preservar la vida y la salud de millones de españoles. Esos millones de españoles estamos a merced de este disparatado Gobierno, que a pesar de la gravísima crisis que tenemos, está más preocupado por colarnos en el BOE decretos del estado de alama, ampliación de los indultos e incluso la ampliación de la comisión del CNI para que participe Pablo Iglesias.

La ministra Margarita Robles ha echado balones fuera, valga el símil futbolístico ahora que no tenemos partidos de fútbol. La ministra ha negado la mayor. Dijo que no hubo falta de previsión porque las consecuencias del COVID-19 no se podían prever, y que todos los países actuaron igual. Con esto la señora ministra da por zanjada cualquier imprevisión en las medidas que se han tomado, en la oportunidad de la declaración del estado de alarma, en las compras de material sanitario, en la adquisición de los test del COVID-19 y en todas cuantas decisiones han sido adoptadas en la gestión de la crisis pandémica, que está ocasionando tantas tragedias en España.

Vamos a darle pruebas a la ministra de que sí hubo improvisación, que se ha realizado una nefasta gestión, que se han tomado decisiones erróneas e improvisadas, que no se ha analizado la gestión y las medidas tomadas por países como China, Italia y Corea.

Veamos lo que sucede en determinadas fechas y qué hace el Gobierno.

– 30 de enero: La OMS declara el COVID como emergencia de salud pública.

-31 de enero: Primer contagio foráneo

-3 de febrero: La OMS aconseja hacer acopio de material

-13 de febrero: La UE aconseja comprar material sanitario

-26 de febrero: Primer contagio local, el virus circula libremente por España. Esto fue 11 días antes del 8M

– Entre el 2 y el 8 de marzo se producen 16 fallecimientos.

– Entre el 2 y el 8 de marzo se contabilizan entre 326.000 y 652.000 contagiados, cifras no reconocidas por el Gobierno por falta de test.

– El 8 de marzo se celebra una manifestación feminista multitudinaria promovida por el Gobierno, causante del mayor número de transmisiones del COVID-19. La esposa del presidente Sánchez, la vicepresidente Calvo y la ministra Irene Montero, se contagiaron en esa manifestación. Los miles de españoles anónimos que se contagiaron ese día no los conocemos.

– El 11 de marzo la OMS declara el COVID-19 como pandemia.

– Entre el 23 y el 29 de marzo se producen 659 muertes, es decir, tres semanas después (es el tiempo entre el contagio y el fallecimiento según los médicos) del 8M.

¿Qué hace el gobierno durante este período de tiempo?

– El 31 de enero dijo que no íbamos a tener nada más que un caso aislado.

– El día 13 de febrero, el ministro de Sanidad manifestaba que estábamos preparados para cualquier situación, y que no había motivo para tomar ninguna medida y que se pueden celebrar todo tipo de eventos

– El día 4 de marzo, el director del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, manifestaba que no era necesaria la cuarentena y que los niños pueden salir a la calle.

– El 6 de marzo, la vicepresidenta Carmen Calvo animaba a asistir a la manifestación del día 8M, con el lema de que “les va la vida”.

– Ese mismo día, 6 de marzo, un informe de los servicios sanitarios alertaba de la gravedad del COVID-19 y del peligro de propagación.

Tristemente a muchas personas se les fue la vida por asistir a la manifestación del 8M.

La comparación de estos datos nos lleva a varias conclusiones. El Gobierno y la ministra de Defensa no dicen la verdad, engañan a los españoles. Cuando a nivel internacional era un clamor la gravedad del virus COVID-19, el Gobierno español manifestaba lo contrario. ¿No escucharon a sus asesores? ¿Los asesores tenían un sesgo político en sus informes? ¿O simplemente por sacar réditos políticos del 8M, negaron las advertencias internacionales?

Previsión habría sido intervenir las empresas españolas antes del 15 de marzo y retener la producción de los test del COVID-19 que se encontraban en poder de la industria nacional, como han hecho Alemania, Francia y otras naciones.

Previsión, señora ministra, habría sido no desmantelar estructuras sanitarias que se pueden utilizar en situaciones de emergencia.

Previsión habría sido poner las industrias y los laboratorios españoles, incluidos los de Defensa, a producir el material sanitario y medicamentos necesarios.

Previsión habría sido conservar una reserva estratégica de material y medicamentos para mantener la capacidad sanitaria en situaciones de emergencia.

Por el contrario, imprevisión y mala gestión es lo que han hecho con las compras de materiales, muchos de ellos bajo sospecha de corrupción y contratos con sobreprecio.

El caso de los respiradores comprados por España y que se encontraba en Turquía, no fue sino una historia de tramposos que querían estafar al servicio turco de Aduanas. Primero dijeron que el material estaba en tránsito procedente de China, después que Turquía lo retenía porque pretendía apropiarse del citado material. Lo cierto es que estas operaciones y otras tantas, bien regadas con dinero público, fueron descubiertas por el Gobierno turco.

El problema es que el material sanitario se había declarado como valija diplomática en lugar de efectuar un trámite de exportación, se supone que para evadir el control e impuestos. Este hecho fue detectado por el Gobierno turco a través de su servicio de Aduanas y no se autorizó el despacho hasta que se legalizase el embarque de material. Todo ello ha provocado un gran retraso en el abastecimiento tan necesario para la situación en España , dada la imprevisión del Gobierno para afrontar esta crisis.

Señora ministra, ustedes han actuado con imprevisión o con ineptitud, cuando ya a final de enero el jefe de Riesgos Laborales de la Policía Nacional alertaba al Gobierno de la necesidad de dotar a los agentes policiales con el material de protección necesario ante la expansión de la epidemia. Este funcionario ha sido cesado por su compañero Marlaska por decir la verdad.

A ustedes la verdad no les gusta, el sindicato CSIF alertó en esas fechas de la misma situación, y el Gobierno volvió a ignorar la advertencia.

La imprevisión del Gobierno alcanza las cotas más altas en cuanto examinamos los datos en gastos sanitarios. Alemania gasta el doble que España en sanidad, Francia gasta por habitante 4900 euros frente a los 3300 gastados por nuestro país.

En España se gastaba en sanidad antes de la crisis el 7% del PIB y ahora ustedes gastan apenas el 6,2%. Esto supone más de 8.000 millones de euros. Gran parte de este gasto se va en burocracia y mantenimiento de duplicidades en las comunidades autónomas.

España tiene la mitad de enfermeros que los países de su entorno, y no será porque nuestras facultades de medicina y escuelas de enfermería estén sin estudiantes. Ha sido porque gran parte de nuestros enfermeros, ante la imposibilidad de encontrar trabajo en España, han emigrado a países como Inglaterra o Alemania, donde sí se les proporcionan unos salarios justos.

El Gobierno miente desde el principio cuando afirmaba que el COVID-19 se curaba con paracetamol. Científicos y facultativos en China y en Francia aconsejaron el empleo de hidroxicloroquina combinado con azitromicina; también se está empleando el el antirretroviral Lopinavir/Ritonavir con bastante éxito en combinación con la hidroxicloroquina, por los buenos resultados que estaban dando en estudios experimentales. En España las autoridades sanitarias aún no se han hecho eco de esta información.

Cuando al ministro de Sanidad le preguntaron en rueda de prensa por estos tratamientos, se quedó mudo, no supo qué contestar. No obstante ya hay bastantes centros sanitarios que ponen en práctica este tratamiento y que están frenando el avance de los casos más críticos. Una vez más vemos la ineptitud del Ministerio de Sanidad para asumir medicamentos ya testados y comprobados los buenos resultados.

La pasividad e inacción del Ministerio de Sanidad al no recomendar las medidas sanitarias y tratamientos experimentados y testados en otros países, es uno de los motivos por los que la tasa de hospitalizados y fallecidos es tan elevada en España.

Señora ministra, el Gobierno no ha tomado ejemplo de las decisiones de aislamiento en China, ni de realización de test masivos en Corea. Ni siquiera han sido capaces de ver lo que sucedía en Italia para no caer en los mismos errores.

Tenemos el dudoso honor de que el presidente Trump cite la actuación del Gobierno español como ejemplo de mala gestión, de decisiones erróneas y de falta de previsión.

Toda esta imprevisión del Gobierno en la gestión de esta crisis sería una mera critica que a ustedes les molesta, pero el problema es que esta crisis ha ocasionado miles de muertos: familias destrozadas, ancianos fallecidos por falta de rentabilidad social.

El último dato escandaloso es el número de fallecidos, hasta en eso nos engañan. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha pedido los datos de los registros civiles y ha detectado que el número de fallecidos en esta Comunidad Autónoma es el triple del manifestado por el Ministerio de sanidad. El Gobierno no ha desmentido estas afirmaciones.

No sabemos el número de contagiados porque no se realizan los test que nos prometieron hace semanas. Tengo familiares y conocidos que han superado el COVID, pero como se les había negado la prueba, por no presentar todos los síntomas, no figuran en el censo de contagiados. Lo mismo sucede con los fallecidos. Una gran parte de los ancianos fallecidos no figuran en las listas de víctimas mortales del COVID-19 porque no se les realizó ninguna prueba.

La actuación en las residencias de mayores ha sido nefasta. Siendo como es un grupo de riesgo, no se tomaron las medidas necesarias para contener la enfermedad en esos centros. A todo el personal que prestaba servicios en esos establecimientos se le tendría que haber hecho las pruebas del COVID -19 y en caso de dar positivo retirarlos de sus puestos. Al no hacerlo, muchos de estos empleados, sin saberlo y al ser asintomáticos, estaban actuando como agentes transmisores del COVID-19 y contagiando involuntariamente a los residentes, que son los que sufrían la enfermedad. Ni el Gobierno ni las comunidades autónomas han tenido la voluntad de evitar la conversión de esos centros de mayores en centros de defunción.

Todas estas personas y sus familiares merecen que se aclare la actuación del Gobierno, la ocultación y falseamiento de datos. Esta crisis es lo suficientemente grave para pedir una Comisión de la verdad sobre la gestión del COVID-19.

Este Gobierno ha mentido, ha engañado, ha tomado decisiones erróneas a sabiendas, ha improvisado, ha negado tratamiento sanitario por razón de edad, ha dejado morir a nuestros mayores; en una palabra, ha negado la verdad y se ha escudado en que todo esto no se podía prever.

La verdad nos hará libres, pero la verdad no la conoceremos mientras el Gobierno actual siga en el poder.

* Enrique de Vivero Fernández fue coronel jefe del Tercio Gran Capitán I de La Legión, con base en Melilla.