Un hombre acusado de abusos sexuales a cinco niñas queda libre por el caos judicial del estado de alarma
Imagen de archivo tomada en el hospital de La Plana de Castellón
Los efectos colaterales de la declaración del estado de alarma por el Covid-19 decretado por el Gobierno hace dos meses se extienden a la Justicia. Así, la Audiencia de Castellón ha dejado en libertad a un acusado de cometer abusos sexuales continuados sobre cinco menores por «las dificultades» que supone la pandemia por coronavirus «para su enjuiciamiento», y pese a que hace menos de un año consideró que había riesgos para las víctimas y peligro de fuga.
La medida a la que ha tenido acceso Efe supone, según alerta la fiscal del caso en su recurso, «poner a las víctimas en una situación de riesgo e inseguridad evidente», entre otros motivos porque, aunque se ha impuesto al acusado la medida de alejamiento de las niñas, todos viven en un pueblo de unos 5.500 habitantes.
Las acusaciones piden veinitiocho años de prisión para el inculpado, un conserje y entrenador de gimnasia artística femenina de un pueblo de la comarca de la Plana Baixa, a quien acusan de haber abusado sexualmente de cinco niñas que entrenaban con él, con edades comprendidas entre los seis y los catorce años.
El acusado habría cometido ese delito, según la acusación particular, entre 1992 y 2017. En realidad, la acusación recuerda que fueron trece las víctimas, aunque no se le acuse de buena parte de esos delitos porque han prescrito.
En el auto en el que acuerda la libertad, la Audiencia señala como motivo de su salida de la cárcel que, además de las dificultades para celebrar el juicio, ahora «las circunstancias que se tuvieron en cuenta» para ordenar su prisión preventiva «han variado notoriamente».
En este sentido, señala que el riesgo de fuga es «muy reducido» y que son «inexistentes tanto el peligro de destrucción de pruebas como el riesgo de ataque» a las víctimas que «motivó el anterior agravamiento de su situación de libertad provisional, pero que en este estado de la causa no resultan previsibles».
Para la fiscal y la acusación particular, el riesgo para las víctimas y testigos protegidas no ha variado. En su recurso contra la libertad, la abogada de la acusación particular, Eva Marín, señala que después de un primer período en prisión preventiva, el acusado salió en libertad provisional pero ésta hubo de ser revisada, para volver a ordenar su ingreso en prisión por una serie de riesgos que la pandemia no ha modificado.
La abogada señala en su escrito que el tribunal no ha explicado qué ha cambiado ahora respecto a hace exactamente diez meses, cuando «esta misma Sala consideraba que las circunstancias personales, familiares y económicas del investigado facilitan la huida».
«La peligrosidad del acusado, el riesgo de fuga, la posibilidad de que ataque bienes jurídicos de las víctimas, que se destruyan pruebas y la protección a las menores que han testificado (…) no ha cambiado por la pandemia», dice.
«¿El estado de alarma evitará que se abstenga de acudir o participar en competiciones deportivas o le impedirá desarrollar cualquier actividad en la que se relacione con menores?», se pregunta.
Falta de medios para celebrar el juicio
La vista contra el reo estaba prevista para los días 15 y 18 de junio próximos. En una reciente resolución, la Sección Primera de la Audiencia acuerda la suspensión ante «la falta de los necesarios medios materiales y sala de vistas adecuada para celebrar un juicio con las debidas garantías sanitarias por razón del gran número de partes en la causa, elevado número de testificales y periciales a practicar y elevada repercusión social que motivará la presencia de múltiples medios de comunicación y asistencia de público».
Esa suspensión, y el hecho de que las acusaciones no hayan aceptado un acuerdo que hiciera innecesaria la vista pero implicara una reducción de pena, es el verdadero motivo de la puesta en libertad, según interpretan fuentes cercanas al caso.
En cualquier caso, el tribunal ha dejado al acusado en libertad bajo fianza de 10.000 euros, además de la prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte, prestación de comparecencias «apud acta» los lunes de cada semana ante el Juzgado y orden de alejamiento de las víctimas.
