El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga al comisario jubilado José Manuel Villarejo en el caso Tándem, podría estar sopesando pedir al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias ante la existencia de indicios que apuntan a que pudo cometer al menos dos delitos. Antes de dar ese paso, ha encargado a los investigadores de Asuntos Internos un informe sobre la tarjeta SIM del teléfono móvil de una antigua asesora de Iglesias, Dina Bousselham, a quien le fue sustraído en 2015.

La información contenida en la tarjeta habría caído en manos de Villarejo y de los medios que publicaron, por ejemplo, este comentario del actual vicepresidente contra la presentadora Mariló Montero: “La azotaría hasta que sangrase”.

Este lunes se conoció el auto en el que el juez le retira a Iglesias la condición de víctima del comisario al considerar que las pesquisas efectuadas hasta el momento “no han permitido concretar en qué medida resulta ofendido o perjudicado de infracción penal alguna” el vicepresidente segundo del Gobierno. El juez considera que las publicaciones no son ilícitas porque pudo ser la propia Dina Bousselham la que comenzó a difundir los pantallazos publicados desde su teléfono móvil y así podrían haber terminado llegando a los medios. Bousselham sigue como perjudicada porque la copia íntegra de su teléfono estaba en manos de terceros, incluido el propio Iglesias, que la retuvo durante bastante tiempo. De hecho, el juez denuncia que ad lo largo del procedimiento se han descubierto “contradicciones” incompatibles con su supuesta posición de damnificado. Le reprocha incluso que ocultara entre cinco y 36 meses un pendrive con fotos íntimas de una colaboradora.

Ya en la parte dispositiva, el magistrado requiere a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional “que esclarezca los envíos a terceras personas y alteraciones físicas a las que pudo ser sometida” la tarjeta telefónica que fue entregada a Iglesias en 2016, meses después de sus sustracción, pese a lo cual tardó aún unos cuantos meses más en ser restituida a su propietaria. En ese periodo, el contenido fue copiado varias veces para después destruir el soporte original.

Parece que entre los datos conservados en la tarjeta había fotos íntimas y mensajes comprometedores para Iglesias procedentes de un chat que compartía en Telegram con su equipo de Unidas Podemos. Según el auto de García Castellón, la propia Dina acabó reconociendo ante el juez que Iglesias le entregó “en junio o julio de 2016” una tarjeta SIM de su móvil (no se sabe si la original o una copia), que ella no pudo abrir porque estaba dañada. En sus declaraciones iniciales ante la Policía había asegurado, en cambio, que “no disponía de copia de la tarjeta ya que tras el robo del móvil perdió toda la información”.

El dirigente de Podemos declaró, por su parte, que la tarjeta del teléfono de Dina se la entregó el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, y confirmó que accedió a su contenido. En la resolución por la que ha retirado la condición de víctima a Iglesias, el juez concluye que, aunque “hay dudas” de cuándo devolvió la tarjeta a Dina, en todo caso el vicepresidente del Gobierno tuvo ese dispositivo en su poder, al menos, cinco meses: desde el robo del móvil hasta junio de 2016, cuando la asesora dice que se la entregó. Pero hay sospechas de que la devolución no se produjo hasta el 27 de marzo de 2019, el día en que ambos estaban citados por el juez.

Para que Iglesias fuera acusado de un delito de descubrimiento de secretos (art. 197.2 del Código Penal), tendría que ser denunciado por Dina Bousselham, lo que parece improbable. Sin embargo, sí podría imputársele un presunto delito de daños informáticos, el mismo del que fue acusado el PP en el procedimiento penal que se siguió por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que utilizaba el extesorero Luis Bárcenas. De momento, García-Castellón rechaza la petición de la Fiscalía de volver a citar a Bousselham y preguntarle si perdona a Iglesias que retuviera la tarjeta tanto tiempo, ya que de ser así sería imposible atribuirle indiciariamente un delito.