Las ayudas previstas tendrían consecuencias de largo alcance en la magnitud del déficit público de España y en la sostenibilidad a largo plazo de su deuda. Como saben perfectamente, España depende completamente del programa de estímulo del BCE para no declararse en bancarrota. Sin embargo, la dinámica de incumplimiento de las reducciones de déficit prometidas por España parece no tener fin; Además, se ha acentuado en los últimos tiempos.

Hace dos semanas, el gobierno español presentó un Plan de Estabilidad para 2020-2021 a la Unión Europea; en él, se introdujo una caída del 9,2% en el PIB durante 2020 y una recuperación del 6,8% en 2021, más un déficit del 10,3% en 2020, cifras que son, por decir lo menos, pura ficción científica.

Comenzando con el PIB de España, nuestra estimación es una caída del 19,9%, basada en i) las cifras oficiales del primer trimestre (-5.2% o -20.8% aumentadas a la tasa anual), ii) los PMI para el segundo trimestre, con caídas a 7 y 8 en el sector de servicios (el peor de la historia), y iii) las previsiones para todo el año de las asociaciones de empleadores activas en los sectores más afectados (ver Anexo 1). Las industrias en el sector de servicios representan, con mucho, el componente más grande de la economía (alrededor del 68% del PIB y el 75% del empleo). Estas industrias son, en promedio, las más afectadas por la pandemia, y los ingresos perdidos desaparecen para siempre, no se difieren (menos consumidores que tienden a gastar menos). Por este motivo, no es posible una recuperación del 6,8% en 2021; Un crecimiento cero es nuestra estimación.

Anticipamos un aumento del 19,6% en el déficit de España a raíz de las necesidades financieras derivadas de la pandemia y un aumento brutal en los gastos corrientes propuestos por el gobierno español, que incluye un aumento gigantesco en el gasto en salarios públicos (6%). En resumen, un aumento sin precedentes en el tamaño del sector público español, que pasa del 41,9% al 51,5% del PIB de España. Además, el gobierno español considera que el interés de la deuda apenas aumentará de 25,000 a 29,000 millones de euros, en un contexto en el que se necesitarían al menos 380,000 millones de euros en realidad para la refinanciación y la nueva financiación.

Con respecto al empleo, se han perdido cerca de un millón de empleos entre el 12 de marzo y el 30 de abril, y además 3 millones de trabajadores están bajo un esquema de desempleo temporal (“ERTE” en español). Teniendo en cuenta estos trabajadores desempleados temporales, España ha alcanzado un 34% de desempleo. Como se estima que uno de cada tres trabajadores temporales desempleados perderá su trabajo de forma permanente, podemos anticipar que el desempleo se estabilizará en un 24%. Las cifras de la Seguridad Social española también muestran que en un mes y medio 142,000 empresas han sido desmanteladas en España, y los trabajadores independientes han sufrido la mayor caída desde que se registran series estadísticas.

Finalmente, en la relación deuda / PIB, se realizan dos estimaciones, una con la deuda EDP y la otra con la deuda total, incluidos los pasivos no incluidos en la deuda EDP que ascienden a 350,000 millones de euros según el Banco de España. En resumen, la deuda EDP / PIB = 141% y la deuda total / PIB = 175%. Es imposible pagar esta deuda, por lo que España está obligada a suspender los pagos en 2021, y dado el tamaño de nuestra economía, 6.5 veces mayor que la de Grecia, España no puede ser rescatada. En nuestra opinión, la única opción realista para abordar este desafío es poner fin al modelo de regiones autónomas, que representa un desperdicio anual de aproximadamente 100.000 millones de euros.

Por esta razón, creemos que la financiación adicional requerida por España debe tener como condición “sine qua non”: el corte drástico en nuestro modelo administrativo regional que representa un desperdicio anual de alrededor del 10% del PIB. Solo las duplicaciones entre las Administraciones Públicas representan 36.000 millones de euros despilfarrados. En palabras del antiguo Ministerio de Finanzas: “dos millones de empleados públicos se han unido al servicio público a través de conexiones personales y no por méritos”,. Hay más de 3.000 empresas públicas en las administraciones de las regiones autónomas que son ineficaces. Asignar recursos adicionales a España sin condiciones implicaría la eventual salida del país del euro, y probablemente el fin del sistema del euro.

Por consiguiente, dejen caer al Gobierno de España aún cuando ello implique a corto plazo el progresivo deterioro de nuestras condiciones económicas. Sin la ética de la responsabilidad y el trabajo, España va a seguir siendo el Brasil del sur de Europa, una sociedad de festeros y parásitos al acecho siempre de las ayudas.

El futuro de España y el de la Eurozona está en peligro. No ayuden a consolidar una economía clientelar al servicio de los peores paradigmas de la sociedad, que es lo que conviene a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para consolidar su régimen bolivariano. Si les preocupa el futuro de España, dejen caer a Sánchez suspendiendo las ayudas previstas hasta la llegada de un nuevo Gobierno. Si comparten con nosotros la necesidad de que media España deje de parasitar a la otra media, entonces eviten que la reconstrucción económica española tenga que ser, una vez más, a costa del esfuerzo y el trabajo de millones de europeos.