En general, han predominado las explicaciones de los golpes que inciden en la inestabilidad política o en la falta de cultura cívica como factores que facilitan la intervención militar. Varios especialistas han destacado que las políticas del golpe de Estado varían sustancialmente en función de las tradiciones políticas y culturales, del mismo modo que el golpismo puede modelar de forma duradera el carácter de una sociedad y de su sistema político, sobre todo en países con una larga tradición intervencionista, donde el ejército ha renunciado implícitamente a su papel de salvaguardia frente a amenazas exteriores. A pesar de la incidencia de las circunstancias culturales, muchos analistas señalan al debilitamiento de la autoridad política como uno de los factores precipitantes de los golpes.

Un sistema desvertebrado, sin ausencia de líderes e instituciones capaces de paliar el conflicto entre las diversas fuerzas que participan en la arena política, facilita la irrupción del pretorianismo. Los gobiernos se deslegitiman por el comportamiento inconstitucional, ilegal y corrupto de las autoridades, por su responsabilidad en las crisis económicas o por su incapacidad para dominar la oposición política y el descontento que deriva en desórdenes y violencias. Finer hizo hincapié en los factores de movilización y de legitimación política: donde la vinculación pública a las instituciones civiles es fuerte, la intervención militar en la política encontrará mayores dificultades. La propensión a la intervención militar decrece con el incremento de la atención y de la participación populares en la política, y con la fuerza y efectividad de los partidos políticos, grupos de interés e instituciones civiles de gobierno. Pero cuanto mayor sea la movilización social y menor la institucionalización política, mayores serán las posibilidades de intervención militar.

Sin embargo, sus análisis estadísticos, Thompson no ha encontrado ninguna relación entre el nivel de movilización social y la predisposición a los golpes. Es más, Luttwak ya advirtió que algunos factores económicos (por ejemplo, las crisis) fomentan los golpes sin que esté presente ninguna limitación de la participación política. La élite militar responde a los retos de la movilización de diversas formas, y no todas las autoridades civiles en decadencia son derribadas por golpes militares.

En realidad, esta debilidad sólo puede dar lugar a la naturaleza pretoriana del sistema político. En su estudio clásico sobre la consolidación institucional en sociedades en cambio, Huntington observó que existía la posibilidad de golpes si las instituciones no eran capaces de adaptarse a las nuevas situaciones o aumentar su complejidad para asumir nuevos roles políticos. El multipartidismo y la participación política de las masas eran factores desestabilizadores que favorecían la intromisión militar en la política. Huntington concibió la intervención militar como una reacción evolutiva producto de las acciones de otros grupos sociales en un entorno de cambio.

En ese sentido, ofreció dos versiones correlativas y contradictorias del golpe de Estado según su alcance político: la intervención militar en la lucha intraelitista producida en el seno de regímenes oligárquicos tradicionales, dirigida simplemente a la distribución del patronazgo mediante revoluciones de palacio, y su papel radicalmente reformador al derribar a una oligarquía corrupta e incompetente. Huntington observaba que el pretorianismo radical de impronta mesocrática, dirigido a ampliar la participación política de la clase media ascendente, marcaba el paso de la antigua pauta oligárquica de los golpes o las revoluciones palaciegas propias de monarquías tradicionales, al esquema radical, de clase media, de golpes reformistas y modernizadores.

El proceso de avance del pretorianismo radical es largo, y viene precedido de «golpes anticipatorios» donde se sondean las fuentes de apoyo y de oposición, de golpes de irrupción que derrumban el antiguo régimen y de golpes de consolidación que sitúan en el poder a los elementos jacobinos más radicales. Si la sociedad pasa a la participación de masas sin desarrollar instituciones políticas efectivas, el papel del ejército puede evolucionar del reformismo al vigilantismo: los militares emprenden esfuerzos conservadores para proteger el sistema existente contra las incursiones de las clases bajas, sobre todo las urbanas, y se convierten en los guardianes del orden de clase media vigente mediante intervenciones militares de «veto» destinadas a obstaculizar la participación política de las clases subalternas.

En consecuencia, la utilidad del golpe como técnica de intervención política decae a medida que se ensancha el horizonte de la participación ciudadana en la cosa pública. En una sociedad oligárquica y en las primeras fases de una pretoriana radical, la violencia es limitada porque el gobierno es débil y la movilización política escasa, pero cuando la participación se amplía y la sociedad se vuelve más compleja, los golpes de veto resultan más difíciles y sangrientos, al dividirse los militares en tendencias radicales y moderadas y tener que afrontar una oposición más enérgica, como fue el caso de julio de 1936 en España.

El golpe de Estado como violencia interna limitada puede ser entonces sustituido por la guerra revolucionaria o por una insurrección violenta que implique a muchos elementos de la sociedad. Para William R. Thompson, la hipótesis predominante sobre los golpes de Estado es la de la vulnerabilidad del régimen: los sistemas políticamente inestables y fragmentados tras su emancipación de los antiguos sistemas coloniales resultan más propensos que otros a los golpes militares. Este autor destaca factores como las herencias históricas y culturales, el papel de las clases medias como punta de lanza de la modernización, o la erosión y el fracaso de la democracia en los nuevos países surgidos tras la Segunda Guerra Mundial debido a la falta de cohesión nacional, a la ausencia de condiciones previas para la consolidación democrática o a la ocupación por los militares del vacío generado por la implantación de un poder constitucional corrupto e ineficaz, que ha sido impuesto por intereses ajenos al margen de los usos políticos tradicionales.

Autores como Finer ya señalaron que las repercusiones de un golpe son trascendentales para el futuro de los sistemas políticos. El primer golpe de Estado tiene un impacto fundamental sobre las reglas del juego político, ya que otorga al ejército ciertos derechos y un papel más o menos permanente en las futuras contiendas por el poder. Según Hibbs, un gran determinante de los golpes entre 1958 y 1967 fue la incidencia de actos similares en los diez años anteriores, del mismo modo que un golpe triunfante incrementa la propensión para otro en el curso de los seis años siguientes. Esta «teoría del contagio» no sólo condiciona la vida pública del país afectado, sino que la intervención militar en una nación puede estimular actos de emulación en los países vecinos, según ciclos u oleadas mejor o peor caracterizadas.

Las concepciones del golpe como un modo particular de violencia o como un factor de cambio sociopolítico son demasiado limitadas para dar cuenta de la complejidad del fenómeno. Quizás el reto que deberán abordar las ciencias sociales en el futuro inmediato sea devolver al golpe su protagonismo en el desarrollo de las crisis políticas, pero no mediante un retorno a las consideraciones técnicas de contenido más o menos pseudomilitar, sino analizarlo desde una luz nueva, que sin minusvalorar los factores precipitantes o retardatarios de la actividad golpista enumerados en los últimos debates, restituya todo su valor y significado heurístico al proceso de lucha por el poder político.

En ese sentido, quizás su conceptuación como estrategia de acción colectiva concebida racionalmente para la conquista del Estado nos proporcionaría un marco teórico adaptado a la diversidad de factores expuestos por anteriores teorías, desde la forja de identidades e intereses comunes (de carácter corporativo o no), el desarrollo de estructuras específicas de movilización de los recursos internos o externos de tipo coercitivo, utilitario o normativo necesarios para la acción, la incidencia de la estructura de oportunidades políticas (en su doble vertiente de coacción y facilitamiento) establecida tanto por los propios conjurados como por las agencias estatales o la misma sociedad, y, sobre todo, la aplicación de estos recursos simbólicos y de ejecución a los fines perseguidos mediante una determinada estrategia de acción colectiva inserta en un contexto histórico definido.

Las diversas teorías vinculadas al paradigma de la acción colectiva podrían situar al golpismo bajo el prisma de un tipo de estrategia política empleada por actores elitistas que comparten a priori recursos amplios que les permiten alcanzar un objetivo ambicioso (la conquista del poder) con un nivel de violencia potencialmente intensa, pero breve en el tiempo y limitada en sus efectos sobre la población. Con ello se restituiría la autonomía política a los actores que intervienen en el juego, siempre complejo, del golpe de Estado. Que los golpes son una estrategia particular para derribar gobiernos es algo aceptado generalmente por la literatura al respecto. Pero ¿es el golpe un fenómeno histórico aplicable únicamente al tipo de sociedades burocráticas generadas por la revolución industrial y desaparecerá en la multiplicidad de poderes característica de la nueva civilización postindustrial? ¿Sigue siendo efectivo el golpe como herramienta política, o existen formas de acción usurpadora mejor adaptadas a la resolución no pautada de bloqueos políticos en los Estados contemporáneos? ¿Cuál es el impacto que provoca en la actualidad este tipo de estrategia abocada al cambio político? Son cuestiones que hoy en día siguen sin clara respuesta.

*Resumido de Eduardo González Calleja en “En las tinieblas de Brumario: cuatro siglos de reflexión política sobre el golpe de Estado”.