Dos mujeres pasan al lado de una pared en la que hay un graffiti donde se puede leer «8-M genocidio de Estado»

El Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía Jupol ha presentado una querella contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por su gestión de la pandemia del coronavirus.

La querella, que se ha presentado en los juzgados de instrucción de Madrid y a la que ha tenido acceso Europa Press, acusa a Franco y Simón de los presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y prevaricación.

El escrito también va dirigida contra otras siete personas, entre ellos cargos de Sanidad y de la Policía Nacional, según han informado fuentes del sindicato a Europa Press, entre ellos el subsecretario de Estado de Sanidad, Alberto Herrera Rodríguez; y la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio Azcárraga.

Jupol también se querella contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Pilar Allué Blasco; el director adjunto operativo de la Policía Nacional, Ángel González Jiménez; y el subdirector general de Logística e Innovación de la Policía Nacional, José García Molina.

La querella, de 59 páginas, subraya que en las semanas anteriores a la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, «se permitieron en España la celebración de eventos multitudinarios sin que las autoridades competentes encargadas de velar por la seguridad en las mismas tomaran ningún tipo de medida para evitar el contagio de Covid-19, advirtieran de los riesgos a los ciudadanos que asistieron a los mismos o, directamente, acordaran su suspensión o cancelación».

Numerosos evento multitudinarios

En este sentido, afirma que en el fin de semana del 6 al 8 de marzo, «las autoridades contaban con sobrada información que recomendaba la adopción de medidas de contención y de distanciamiento social, siendo numerosas las recomendaciones de organismos sanitarios que apuntaban a la ‘evitación de las aglomeraciones’».

Aún así se permitieron en todas las ciudades de España la celebración de «numerosos eventos multitudinarios», indica Jupol, que recuerda que en Madrid, los museos, teatros, cines permanecían abiertos, se disputaron eventos deportivos y Vox celebró el 8 de marzo en el Palacio de Vistalegre un congreso de la formación política.

También destaca que ese mismo día tuvo lugar en la capital la manifestación por el Día Internacional de la Mujer «sin que se advirtiera a los asistentes, ni a los agentes de servicio, del riesgo de contagio en que incurrían, sin que se facilitaran mascarillas o guantes, o se recomendara su uso, en fin, sin que se tomara una sola medida de prevención o evitación del contagio de covid-19».

«No puede admitirse, sobre la base de ningún prisma bajo el que pretenda examinarse la materia, que a fecha 8 de marzo de 2020 existieran meras dudas acerca de la inconveniencia de permitir una concentración de miles de personas», dice la querella.

Para Jupol está acreditado que en esos días «todas las autoridades conocían la existencia de razones convincentes, imperativas y científicas, que no sólo desaconsejaban, sino que exigían, a las autoridades actuar en la contención de la propagación del virus».

En este sentido, asegura que la celebración de estos eventos expuso a los agentes de la Policía Nacional que tuvieron que participar en el ejercicio de sus funciones a un «elevadísimo riesgo de contagio del que fácilmente podría haberse prescindido si se hubieran atendido las abrumadoras advertencias con las que se contaba en dicha fecha».

Falta de prevención

Así, Jupol reprocha a los altos cargos de la Policía la «ausencia de cualquier directriz o plan coordinado en la prevención del Covid-19», así como la falta de aprovisionamiento de material.

«Desde laDirección General de la Policía se omitió, de enero a marzo, cualquier prevención organizativa dirigida a evitar el contagio de los agentes, entre éstos trabajando conjuntamente y entre ellos y sus familias», indica el sindicato policial.

Añade que el que era responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional José Antonio Nieto González advirtió en un informe, con fecha del 24 de enero de 2020, de «la necesidad de utilizar guantes de nitrilo y mascarillas FFP2 como medidas preventivas a los funcionarios policiales o de Guardia Civil» y se hizo eco de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de «evitar aglomeraciones».

«Hay ciento de solicitudes de material de protección de agentes que, de forma particular y fuera de los cauces formales del sindicato se dirigieron a sus superiores en este sentido antes de la declaración del estado de alarma», continúa diciendo la querella.

Con todo ello, Jupol también apunta a Simón al entender que el centro que dirige no adoptó ninguna medida de seguridad cuando elaboró un informe técnico sobre el coronavirus, con fecha del pasado 10 de febrero, y «privó a la población de la información que se contenía en dicho informe».

Asimismo, critica la gestión de los altos cargos de Sanidad porque, según dice el sindicato, «resulta notorio que el número de fallecidos en nuestro país crece diariamente de manera exponencial y que los servicios sanitarios de todas, o de la mayor parte, de las Comunidades Autónomas se han visto, y así permanecen en algunos casos, desbordados, tanto a nivel de personal como de material sanitario».

En este contexto, lamenta la falta de anticipación de las autoridades sanitarias que ha provocado escasez de mascarillas, guantes, trajes de protección, etc., tanto para el colectivo sanitario como policial.

Otras causas contra Franco y Simón

Franco ya se encuentra investigado por un delito de prevaricación administrativa en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, al que irá a declarar el próximo miércoles, 10 de junio, para explicar por qué permitió la celebración de concentraciones multitudinarias entre los días 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha por el día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, pese a las advertencias de riesgo de contagio.

En esta causa, las acusaciones populares también han intentado que se imputara a Fernando Simón, pero la juez Carmen Rodríguez-Medel ya ha avisado en varias resoluciones que no va a investigar al portavoz del Ministerio de Sanidad en la gestión de la crisis sanitaria porque «los únicos hechos investigados en este procedimiento» hacen referencia a las decisiones tomadas por José Manuel Franco, como autorizar el 8-M.

Por otro lado, Simón ha sido objeto de otras querellas en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla interpuesta por familiares de fallecidos por Covid-19, pero los titulares de los juzgados número 11 y 34 de Madrid han acordado recientemente archivarlas al considerar que los hechos imputados no son objeto de delito.