Juan Mariano Pérez Abad (Vegamedia Press) ¿Recuerdan cuando, al inicio de esta legislatura, la ministra Celaá nos decía que los niños ya no pertenecían a los padres, sino al Estado?

¿Recuerdan también que, pocos meses después, esa misma coalición política, que también gobierna la Comunidad Autónoma Balear, impedía la creación de una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer la prostitución sistemática de las niñas tuteladas por el Estado, que era conocida y consentida durante años por las Instituciones responsables de su cuidado? Quedó así en evidencia los cuidados que venía proporcionando el Estado a las 50.000 “personas menores de edad” que ya le “pertenecían”.

La lamentable situación de esos niños tutelados contrasta con la enorme cantidad de dinero público que se destina a su manutención, educación y cuidado, que se estima entre 6.000 y 9.000 € al mes por cada uno de ellos. Es evidente que ese dinero no se destina al objetivo que se persigue, sino a fines menos nobles. El exagerado número de declaraciones de desamparo que se producen en nuestro país pone de manifiesto la existencia de una auténtica red de tráfico de seres humanos dentro de nuestro Sistema de Protección de Menores.

Lejos de avergonzarse y replantear ese objetivo del Gobierno, Pablo Iglesias ha hecho suya la batalla y ha volcado todo su esfuerzo en sacar adelante una reforma de la Ley de Protección Juridica del Menor (1/1996) haciendo aprobar por decreto su “Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia”, en trámite de urgencia, aprovechando la discutida prórroga del Estado de Alarma. Que sepamos, no se había producido ninguna crisis epidémica en la seguridad física o psíquica de la infancia de nuestro país que justifique tal premura.

El texto del “Decretazo” define el maltrato infantil con expresiones tan amplias e inconcretas como: “así como los actos de omisión producidos por las personas que deban ser garantes de la protección de las personas menores de edad” (Art. 1, P-2) Eso deja prácticamente en indefensión a cualquier progenitor para que pueda ser señalado como maltratador por cualquier empleado público o incluso por cualquier otro ciudadano. El refuerzo que hace de la autoridad de los funcionarios y empleados públicos de Servicios Sociales, en mayor detrimento de la tutela judicial efectiva de la que ya se sufre ahora en este terreno, viene a dejar el peso de la toma de decisiones en los polémicos “Equipos Psicosociales” que tan dudosa legitimidad, capacitación y moralidad han demostrado en el pasado.

También parece resultar improcedente su forma de vincular una ley de protección de la infancia con la “Perspectiva de Género” y la “LGTBI”, mezclando y confundiendo colectivos tan distintos. Su ambigüedad se convierte en una ratonera para los progenitores que se atrevieran a oponerse al dictamen del “monitor de educación sexual obligatoria” de sus hijos, pues no define quién debe interpretar la “…orientación sexual e identidad de género, sentida o expresada, …” por el menor, por lo que podrían verse acusados de maltrato infantil por vía penal si se le oponen. Aún resulta más peligroso cuando, en el punto 2-b del artículo 47, se obstaculiza que el propio menor sea oído en declaración durante la investigación del presunto episodio de violencia que ha sido denunciado, lo que podría impedirle incluso la defensa de sus propios padres. Se alcanza la desfachatez en el art. 51 cuando, después de vetar lo de la comisión de investigación en Mallorca, se pretende legislar sobre la “intervención ante casos de explotación sexual de personas menores de edad tuteladas”.

Pero lo más escandaloso de este Anteproyecto son sus disposiciones finales, en las que se modifican por decretazo varios artículos de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. Ahora se podrá retirar la tutela de los hijos a las familias por simple pobreza, por un desahuicio, porque el menor “sobreexponga su imagen” en redes sociales, por “embarazo precoz”, los ingresos hospitalarios múltiples o, simplemente, por las desavenencias propias de un divorcio. La reforma introducida permite incluso que se le pueda quitar la tutela de sus hijos a una madre, simplemente por haber sido identificadas como “víctimas de trata o de violencia de género”. La tutela de los menores de 14 años con delitos, ahora pasaría también a manos del Estado.

Con este nuevo Decretazo, el Gobierno se garantiza la “propiedad efectiva” de nuestros hijos, pues podrá asumir su tutela y apartarlos de nuestro lado siempre que lo desee. Si atendemos al hecho de que los niños tutelados por el Estado sufren unas tasas de fracaso escolar de alrededor del 90 %, que tan solo el año pasado fue denunciada la desaparición de 1.521 menores tutelados por el Estado y a que la prostitución y el narcotráfico entre ellos no se da solo en Mallorca.

¿Recuerdan la obsesión que arrastraba Pablo Iglesias por esas élites del poder a las que él llamaba “la casta”? Llama la atención que, ahora que él mismo forma ya parte de esas “élites”, ha dejado de hablar tan machaconamente de ellas, tal vez insinuando que la causa de su feroz rechazo no fuese otra más que una envidia que ya ha quedado saciada.

Y justamente ahora, Netflix ha llevado a cotas de máxima audiencia su documental recordándonos la aún reciente detención y supuesta muerte de Jeffrey Epstein, ese monstruoso multimillonario americano, que organizaba orgías pederastas e infanticidas para la élite del poder mundial –LA CASTA- Esta reforma de la ley facilitará enormemente a esas personas que ocupan la cúspide de nuestra Sociedad poder disponer a su antojo de cualquiera de nuestros hijos o nietos.

En todo caso, siempre multiplicaría el volumen de negocio de la red de tráfico de menores instalada en nuestras instituciones, siempre basado en un motivo como el “bien superior del menor” que daría por justificado el gasto por muy grave que sea la crisis económica en la que nos sumerjamos tras la pandemia.

En cualquier caso, la extraña, urgente y repentina obsesión de Pablo Iglesias con la infancia de nuestro país da mucho que pensar.