Laura acudía como de costumbre a la parroquia de San Antonio de La Navata, en Galapagar. Al percatarse de que había varias personas protestando en las inmediaciones de la vivienda del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, decidió acercarse. ¿El resultado? Una sanción administrativa. «Me parece de locos, en la vida me había ocurrido esto», relata indignada desde su casa de Torrelodones, donde nos lee el argumento que consta en el documento sancionador emitido por la Guardia Civil el pasado miércoles.

«En las observaciones detalla que se me ha multado por pasear tres veces por el lugar de la denuncia en un periodo corto de tiempo, llevando reivindicaciones en la vestimenta. ¿Qué tipo de delito he cometido? Claro que llevaba una bandera de España, pero eso no puede suponer un castigo. Si no recuerdo mal, la libertad de expresión sigue existiendo en nuestro país pese a que muchos quieran silenciarnos», dice enfadada.

A sus 69 años, esta española de origen alemán que ha pasado media vida residiendo en el extranjero, no esconde su descontento con el actual Gobierno y con el modo en el que ha gestionado la crisis del coronavirus, por eso reclama su derecho a unirse a una protesta espontánea en los alrededores de la vivienda de Iglesias en Galapagar. Según consta en la sanción, el hecho denunciado consiste en «la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2,8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1985 de 15 de julio», aludiendo que la norma infringida es la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana.

Esta ley a la que se refiere es la conocida como «la ley mordaza», que fue impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y a la que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias criticaron con dureza por considerarla un atentado contra la libertad de expresión. De hecho, el actual Gobierno de coalición ha iniciado el camino para su modificación de los aspectos más polémicos.

Según expertos consultados, toda concentración debe ser comunicada a la Delegación del Gobierno y «sólo se puede prohibir si se cumplen ciertos requisitos de que exista peligro para las personas o que lancen proclamas que sean constitutivos de delitos de odio». El artículo 4.2 se refiere a la orden en la manifestación y el 8,9,10 y 11 a la comunicación y autorización de la misma. Sin embargo, Laura insiste que aquello no se trataba de ninguna manifestación ni convocatoria organizada, sino de una protesta espontánea, al estilo de las que a lo largo del confinamiento se han producido, por ejemplo, en Núñez de Balboa.

Los participantes en estas protestas nunca fueron amonestados y, por eso, esta madrileña no entiende el porqué de su sanción. «Todavía no sé la cuantía exacta, porque tras la sanción es la Administración la que debe comunicarlo, pero al parecer son 600 euros. Aun así, uno de los guardias civiles que estaba allí se me acercó y, como me vio alterada, me dijo que no me preocupara, que al final esto quedaría en nada y no tendría que pagar ninguna multa», apunta.

Máxima seguridad

Ella niega que se tratara de un escrache, «pero aunque así hubiera sido, me gustaría recordarle al señor Iglesias que ellos fueron los primeros que comenzaron a realizar estos actos contra miembros del Partido Popular hace años. Ahora nos quiere multar a los demás por ejercer nuestra libertad».

Laura ironiza con el despliegue de seguridad que se ha instalado en los alrededores de la casa del vicepresidente Iglesias y de su esposa, la ministra de Igualdad, Irene Montero: «Hay camiones de antidistubrios. Yo creo que se han equivocado y donde deberían estar es en Cataluña. Ah, y encima quien estaba dando órdenes a los guardias civiles era el famoso Julio ‘‘El rojo’’», dice en alusión a Julio Rodríguez, el militar de Podemos que actualmente es el director del Gabinete de la Vicepresidencia segunda (la de Iglesias). Una información que ha corroborado el periódico digital «Ok diario» tras conseguir unas imágenes donde se ve al ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, paseando por las calles colindantes mientras observaba la situación.

Éste enclave del hasta ahora tranquilo Galapagar se ha convertido en un punto de encuentro de críticos y partidarios de los políticos de Podemos. Las caceroladas de hace semanas quedaron prohibidas «porque causan molestia a la fauna, y ahora solo gritamos cosas como ‘‘Gobierno dimisión’’, ‘‘abajo el Gobierno’’ o ‘‘Viva España’’, no se por qué esto puede ser objeto de un delito», recalca la sancionada.

Ella, además, conoce bien la zona, no solo por sus frecuentes visitas a la Parroquia de San Antonio, sino porque en 2016 ella estuvo a punto de comprar la casa en la que hoy residen Iglesias y Montero. «Conozco bien la finca de los ‘‘marqueses de Podemos’’, es grande, pero la casa en sí no, en la cocina no caben ni dos taburetes. Además, recuerdo que los materiales de las ventanas eran bastante malos. Al final optamos por no comprarla, pero recuerdo con detalle cómo era.

Es más, la zona de la piscina podía ser observada desde una piedra grande que hay en las inmediaciones. Cuando se lo dije a Ana, la ex dueña de la casa, me comentó que se podían plantar árboles altos, pero yo le dije que aun así te veían. No sé qué habrán hecho con esa piedra los Iglesias, lo mismo hasta se la han cargado. Lo que sí es precioso es el jardín», recuerda.

En lo que insiste Laura es en las «enormes» medidas de seguridad que se han instalado en los alrededores de la finca: «He contado varias decenas de guardias civiles, y luego a más de 200 metros sigue habiendo vigilancia. Sin contar con la caseta fija que tienen montada al lado de la puerta. Todo eso lo pagamos todos. Por eso me indignaba cuando los ‘‘podemitas’’ que había también en la zona nos increpaban diciendo que: ‘‘Menos ir a misa y más pagar nuestros impuestos’’. ¡Qué sabrán ellos todo lo que pago yo en impuestos! Es una vergüenza, yo solo les recuerdo tanto a Iglesias como a su esposa, que ahora son ellos los que están bebiendo del jarabe de la democracia».

Desde el miércoles, Laura Wachter no ha vuelto por La Navata, pero dice que nadie va a impedirle hacerlo y que si la vuelven a multar por ejercer su derecho a la libertad de expresión que lo hagan. «Lo que han hecho es un abuso de poder total, y no lo digo por los guardias civiles –que ellos no hacen más que cumplir con las órdenes de sus superiores–. Es más, te digo que algunos ya están hartos de tener que estar ahí de guardaespaldas de Iglesias y familia».

A pesar del incómodo momento de tener que facilitar a la autoridad su identidad, pues «te hacen sentir como un delincuente», Laura ya está deseando coger de nuevo su bandera de España para apoyar lo que ella considera es la prioridad: la defensa del país. «Siempre lo haré de manera pacífica, aunque a algunos les moleste y quieran que nos quedemos en casa sin hacer nada», concluye.

(La Razón)