La asociación ha acompañado la presentación de la querella de una representación

La asociación Hazte Oír ha presentado este jueves en el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todo su equipo ministerial por la gestión de la crisis del coronavirus. En su escrito, acusa al Ejecutivo de los delitos de homicidio imprudente, prevaricación, imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones, omisión del deber de socorro, delitos contra la seguridad de los trabajadores y contra los sentimientos religiosos.

La actuación del Gobierno es «perseguible», dice la asociación, tanto si tomó sus decisiones al margen de los datos objetivos como si, conociendo, esos datos no las tomó o lo hizo con retraso. «A la hora de calificar de imprudente o de culposas las acciones, habrá que valorar si las decisiones o inacciones de gobierno se debieron a simple incapacidad del mismo (en cuyo caso serían imprudentes) o si se dilataron o tomaron otras diferentes a las que correspondían por motivos ideológicos o de cálculo político o electoral (en cuyo caso serían culpables)», señala.

“Tenía información”

Hazte Oír argumenta que desde «mucho tiempo antes» de la declaración del estado de alarma el Gobierno tenía información suficiente para haber tomado medidas preventivas para un escenario de crisis como el que se anunciaba (compra de mascarillas, equipos de protección y otro material sanitario), de haber recomendado a la población medidas de protección de forma intensiva, de haber informado a las empresas de la necesidad de realizar teletrabajo o de haber licitado concursos públicos para la compra del material sanitario necesario.

«El Gobierno no puede evadir sus responsabilidades culpando a las Comunidades Autónomas, y ello en tanto en cuanto la información de organismos supranacionales, internacionales y de otros países las recibe directamente el Gobierno, no los gobiernos de las Comunidades Autónomas», dice en su escrito.

A su juicio, el Gobierno no sólo no tomó medidas antes de la declaración del estado de alarma, sino que conociendo la situación de riesgo, lanzó «mensajes contraproducentes y noticias falsas», como que no era necesaria la mascarilla, que el Covid no era más que una gripe e incluso «animó a asistir a eventos de gran concentración de personas (Manifestaciones del 8-M) que incluso convocó el propio Gobierno. El Ejecutivo tampoco informó a las Comunidades Autónomas del deber de impedir concentraciones y de otras medidas a tomar, lo cual «fue de una gravedad extrema, pues las Comunidades Autónomas solo tenían información parcial de lo que pasaba en sus territorios, pero no tenía la información global, ni la internacional, que si estaba a disposición del Gobierno».

Sobre el estado de alarma, la asociación señala que se declaró muy tarde, lo que propició un aumento de los contagios, y que durante su vigencia tampoco se han proporcionado medios a los colectivos de los considerados servicios esenciales. Además, añaden «durante la situación del Estado de Alarma las Fuerzas y Cuerpos de seguridad han restringido indebidamente derechos fundamentales».

Junto con el requerimiento a los distintos ministerios para que aporten toda la documentación relativa a la actividades desplegada durante este tiempo, Hazte Oír solicita que se solicite a las presidencias de todas las comunidades autónomas toda la información relativa a instrucciones, órdenes- verbales o escritas-, acuerdos, protocolos de actuación de todo tipo o informes que recibieron desde el 8 de diciembre de 2019 hasta la actualidad en relación al Covid, pot parte de cualquiera de los ministerios. «Muy especialmente deberán informar en relación a aquellas instrucciones, órdenes o protocolos en relación a las residencias de la tercera edad, y en relación a la actuación de policías autonómicos o municipales«, apunta.