Felipe González, la CIA y el GAL
Alfredo Grimaldos, en su libro ‘La CIA en España’ (Editorial Debate),asegura que la llegada al poder del socialista Felipe González como presidente del Gobierno español en 1982 fue en realidad la alternativa “diseñada y controlada por la CIA para mantener la tutela sobre España”, estrategia diseñada en el Congreso de Suresnes tras el que asistimos al acta de defunción del camarada Isidoro y al nacimiento de un Felipe Gónzalez convertido ya en secretario general de un PSOE tutelado por la CIA.
El GAL y Mister X
La deriva totalitaria del Estado español arranca con la implementación de la doctrina de la alternancia en el poder del bipartidismo PP-PSOE como defensa y garante del citado establishment dominante, fruto del acuerdo tácito entre los partidos políticos tras el simulacro de golpe de mano de Tejero (23-F del 1981), y alcanzó su mayoría de edad con la llegada al poder del PSOE y el nombramiento como presidente del Gobierno de Felipe González (1982), Con González, asistimos al finiquito de la idílica Transición y al inicio de la deriva totalitaria del sistema mediante la implementación del llamado ‘terrorismo de Estado’ o ‘guerra sucia’ contra ETA y su entorno, del que serían paradigma los Grupos Armados de Liberación (GAL).
Dicha trama se destapó gracias a las pesquisas de periodistas de ‘Deia’, ‘Diario16’ y de ‘El Mundo’ pero aunque uno de los implicados, el comisario Amedo afirmó que «los GAL fueron decisión de Felipe Gónzalez» y aunque en su época no se pudo probar que el misterioso ‘Señor X’, que desde la sombra movió los hilos del GAL fuera el entonces presidente del Gobierno Felipe González, la reciente desclasificación de papeles de la CIA citadas por el diario La Razón, confirman que Felipe González “acordó la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas” y añade que “las credenciales democráticas del Gobierno español y del Partido Socialista quedarían manchadas seriamente”.
Un hito fundamental en la espiral involucionista del régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1985, definida por José Manuel Bandrés en su artículo “La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto”, publicado en el diario “El País”, como “la aplicación de facto del estado de excepción encubierto”. Dicha Ley Anti-terrorista (todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad por parte de ETA), sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que podría convertir a los sótanos de cuartelillos y comisarías en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados.
Felipe, testaferro del establishment
El establishment dominante del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial,política, militar, jerarquía católica,universitaria y mass media del Estado español,herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet).
La formación de un Gobierno de Coalición “a la navarra” entre PSOE y UnidasPodemos habría desatado las alarmas en el establishment por lo que se habría iniciado una cruzada mediática para deslegitimar la “unión antinatura” de PSOE y Podemos encabezada por Felipe González, devenido en testaferro del Establishment. Igualmente, se estaría trabajando entre bambalinas para presionar a Pablo Casado y convencerlo “en aras del interés general de España” de la necesidad imperiosa de un Gobierno de Salvación Nacional PSOE-PP, acuerdo que contaría con las bendiciones del establishment financiero y tendría como objetivo último el retorno del Bipartidismo PSOE-PP y la adopción de recortes siguiendo los dictados de la Troika europea para evitar el rescate. Dichas medidas se traducirán en una dramática reducción de los subsidios sociales que afectarán a la duración y cuantía de las prestaciones de desempleo, Asimismo, escenificará la metamorfosis del Régimen del 78 mediante una reforma edulcorada de la actual Constitución vigente para implementar un Estado monárquico, bonapartista y eurocéntrico, siguiendo la máxima del gatopardismo (“Cambiar todo para que nada cambie”).
