El ministro de Sanidad, Salvador Illa, este 18 de junio en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.

España seguiría hoy en estado de alarma, si el Gobierno hubiera contado con una mayoría solvente para ello. En los planes del Ejecutivo estaba en un inicio aprobar una última prórroga de la excepcionalidad de un mes de duración que abarcara hasta finales de esta misma semana, hasta el 27 de junio. Así figuraba en un borrador que se llegó a elevar al Consejo de Ministros. Sin embargo, la falta de respaldo parlamentario, las presiones económicas y políticas, así como las dudas de sus socios sobre la extensión de este mecanismo, llevaron a Moncloa a acelerar la desescalada e iniciar la «nueva normalidad» el pasado domingo. Con las competencias en manos de las comunidades autónomas, los rebrotes que están surgiendo en diferentes zonas de España han reabierto el debate sobre la posibilidad de reactivar el mecanismo constitucional que acaba de decaer.

Desde el Gobierno llevan días advirtiendo de esa posibilidad. Lo hizo hace días el ministro de Sanidad, Salvador Illa; lo hizo el sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y lo volvió a hacer ayer la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. En una entrevista en Antena 3 aseguró que, de agravarse la situación, en el contexto de los rebrotes actuales, la «alarma se puede activar en cualquier parte del territorio, si no en todo». «Ojalá no lo tengamos que hacer, pero seremos contundentes para proteger la salud. Llegado el momento, el Gobierno volverá a dar señales de responsabilidad», aseguró. El objetivo de Moncloa era trasladar una sensación de firmeza contra el virus y de que todos los escenarios están cubiertos, pero, lejos de tranquilizar, ha generado cierto desasosiego.

Sobre todo, en lo relativo a sus socios. Con los partidos que le permitieron aprobar las sucesivas prórrogas del estado de alarma, el Gobierno se comprometió no ya a no volver a recurrir en caso de rebrotes al 116 de la Constitución –un presupuesto que algunas formaciones consideran «recentralizador»–, sino a analizar y estudiar las reformas que fueran oportunas de la legislación ordinaria para hacer frente a una segunda ola del virus, si llegara a producirse en verano u otoño. Sin embargo, ahora se rompe con esta tesis y se vuelve a defender que el estado de alarma es el único instrumento que permite restringir la movilidad. Desde el Ejecutivo aseguran que «la legislación ordinaria tiene un alcance muy limitado e insuficiente» para acotar esta libertad de movimientos, una restricción que solo tiene un «marco jurídico garantista» dentro del estado de alarma. «No nos engañemos, no hay sustituto», zanjan.

Desde el Ejecutivo aseguraron que se «plantearía de manera urgente» al resto de formaciones diversos acuerdos para poder «reaccionar» y que España esté «pertrechada» ante las emergencias que puedan acontecer durante los próximos meses sin recurrir al estado de alarma. Sin embargo, todavía no se les ha trasladado nada, según ellos mismos reconocen, y en base a los plazos no se debería dilatar más allá del mes de julio su activación en el Congreso. Podría hacerse por vía de urgencia y lectura única en base al artículo 93 del reglamento de la Cámara Baja, un trámite que estaría listo en un par de semanas o veinte días.

En esta línea, desde Moncloa reconocen que se está estudiando cómo «mejorar las actuaciones de los gobiernos autonómicos y del de España» y en Moncloa están abiertos a modificar leyes vigentes como la Ley General de Sanidad, de 1986; la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, de 2003; la Ley de Seguridad Nacional, de 2015; y la Ley General de Salud Pública, de 2011. En el marco de esta última se pueden llevar a cabo ya, ante los rebrotes que están surgiendo, «confinamientos quirúrgicos», esto es limitar la movilidad en «entornos reducidos y colectivos reducidos», como se hizo en la Conca Òdena o en Adeje, cuando se confinó un hotel en Canarias antes de decretar el estado de alarma.

Fue la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien tuvo que salir a matizar las declaraciones de Calvo, dejando claro que «el Gobierno no está estudiando ni en el corto ni en el medio plazo decretar el estado de alarma» ante las últimas reactivaciones «puntuales» del virus. En Moncloa consideran que la epidemia de la covid-19 está «estabilizada» y que existen los «instrumentos» necesarios para hacer frente a los «brotes esporádicos» que están surgiendo en diferentes zonas de España.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero aseguró que «no está en mente» recuperar el artículo 116 de la Constitución, una reactivación del estado de alarma a la que solo se verían obligados en caso de que la situación sanitaria cambiara a peor de «forma drástica». «Esta circunstancia no existe y ojalá no llegue nunca», deseó. En Moncloa consideran que es suficiente con las atribuciones que tienen «encomendadas» las comunidades autónomas en la actualidad, pero que «si en algún momento tenemos la necesidad de activar el estado de alarma para poner a raya el virus, utilizaremos todos los mecanismos que están a nuestro alcance», señaló la portavoz.

(La Razón)