Irene Montero, Pablo Iglesias y DIna Bousselham.

LR.- Ni en sus presagios más fatalistas podía imaginar Pablo Iglesias que una tarjeta de teléfono pudiera acarrearle tantos quebraderos de cabeza. Pero lo cierto es que su actuación en el «caso Dina Bousselham» –la ex asesora de Podemos que denunció el robo de su móvil en noviembre de 2015 y cuya tarjeta SIM tuvo en su poder el actual vicepresidente del Gobierno durante seis meses antes de entregársela inutilizable en julio de 2016– le ha hecho pasar en apenas un abrir y cerrar de ojos de perjudicado a bordear una posible imputación.

Al margen de la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, sobre la mesa de la Fiscalía Anticorrupción ya hay una denuncia de Vox contra el líder morado por seis delitos, que también se dirige contra la propia Bousselham, su abogada, Marta Flor –hasta hace poco también de Iglesias– y uno de los fiscales Anticorrupción del caso, Ignacio Stampa, que supuestamente habría facilitado a la letrada información reservada sobre el procedimiento. Por si fuera poco, la Fiscalía también investiga si la relación de Stampa con la abogada pudo condicionar su actuación procesal.

Iglesias explicó al juez que cuando recibió la tarjeta de manos del presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, en enero de 2016, pudo examinar el contenido del dispositivo que –además de fotografías de carácter íntimo de Bousselham– contenía pantallazos de conversaciones de dirigentes de Podemos, entre ellas una en la que el líder morado aseguraba que «azotaría» a la periodista Mariló Montero hasta que «sangrara».

Pero el actual vicepresidente no se puso en contacto con su ex asesora en el Parlamento Europeo para devolvérsela hasta seis meses después, en julio de 2016, y cuando lo hizo, el dispositivo estaba dañado según aseguró en la Audiencia Nacional Bousselham el pasado 18 de mayo. Una versión que intentó corregir días después por escrito para despejar las dudas sobre su antiguo jefe y que el juez García Castellón no se cree. De hecho, ni siquiera ha atendido su pretensión de comparecer para explicitar su perdón a Iglesias, a quien el instructor retiró la condición de perjudicado al no considerarle ya víctima del robo del móvil.

Desde un primer momento, el líder de Podemos atribuyó lo sucedido a una campaña de las cloacas del Estado para desprestigiarle políticamente. Según su versión, el comisario jubilado José Villarejo –a quien la Policía incautó en su vivienda dos dispositivos con contenido del móvil– habría facilitado la tarjeta al medio digital Okdiario, que publicó el contenido de las polémicas conversaciones que figuraban en la tarjeta del teléfono, para azuzar una campaña contra él.

Pero una vez Bousselham admitió que compartió esos pantallazos con otras personas, el magistrado cuestionó esa versión y retiró a Iglesias la condición de perjudicado para pasar a investigar por qué tuvo la tarjeta tanto tiempo –el político aseguró el pasado viernes en RNE que quería proteger a su ex asesora– y por qué la entregó dañada, algo que él negó en esa entrevista.

Desde el punto de vista penal, las imputaciones que acechan al líder de Podemos son fundamentalmente dos, a las que ha hecho referencia expresa el propio instructor de la causa en sus resoluciones: un delito de daños informáticos y otro de apoderamiento de datos reservados de carácter personal. El primero castiga con penas de seis meses a tres años de cárcel a quien «sin estar autorizado y de manera grave, obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno», entre otras conductas «destruyendo, dañando» o «inutilizando» su contenido. El segundo prevé penas que pueden alcanzar los cuatro años de prisión, además de multa, para quien «utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos».

De ahí el empeño de García Castellón por esclarecer qué hizo Iglesias con la tarjeta. Lejos de plegarse a la pretensión de Anticorrupción de que Bousselham escenificara el perdón a su ex jefe, el instructor ha solicitado a las autoridades británicas que reclamen toda la información disponible a la empresa a la que la ex asesora morada remitió la tarjeta SIM para intentar recuperar su contenido. «La revelación de secretos no se daría si hay perdón del ofendido, pero tendría que ser auténtico y eso lo tiene que valorar el instructor, y los pasos que está dando el juez indican que no cree que ese perdón sea sincero», apuntan las fuentes consultadas.

Además de revelación de secretos (el juez debería hallar indicios de que Iglesias «alteró» el contenido del dispositivo), fuentes jurídicas consultadas aseguran que, de confirmarse que el vicepresidente de Pedro Sánchez tuvo algo que ver con el borrado de la tarjeta podría haber incurrido en un delito de daños informáticos o de falsedad documental –un dispositivo aportado al juzgado «aunque no sea escrito es técnicamente un documento», subrayan– en concurso medial (cuando es necesario perpetrar un delito para cometer otro) con el que sería el delito principal, que consideran que podría tratarse, según «la intención real» con la que se lleva a cabo esa conducta, bien de una simulación de delito o denuncia falsa, bien de un delito de obstrucción a la justicia o incluso de una estafa procesal.

En este caso, el tribunal puede imponer una pena superior a la que comporta el delito más grave (la falsedad documental se castiga hasta con seis años de prisión), pero que nunca puede superar la suma de las penas que se puedan imponer por cada uno de los delitos por separado. No obstante, añaden, también se podría entender que el delito principal absorbe al primero (falsedad o daños informáticos) , que en ese supuesto quedaría subsumido en esa conducta, que es la que se castigaría penalmente.

Esas mismas fuentes consideran que si Iglesias fue consciente en algún momento de que la publicación de sus conversaciones no era achacable a las cloacas del Estado, podría haber cometido una simulación de delito o denuncia falsa «por no retractarse» y mantener su condición de perjudicado en la causa. Estos son, precisamente, dos de los seis delitos que Vox imputa al vicepresidente en su denuncia ante la Fiscalía.

La simulación de delito prevé penas de multa de seis a doce meses para quien simule ser responsable o víctima de una infracción penal «o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales». Se trata de evitar, precisamente, que los recursos del Estado, en este caso la Administración de Justicia, se empleen en actuaciones innecesarias. Más graves (hasta seis años de cárcel) son las penas previstas para quien realice una denuncia falsa con «conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad» imputando a alguna persona «hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal».

Más complicado ven esas mismas fuentes que se pueda imputar a Iglesias un delito de tráfico de influencias –que sí está incluido en la denuncia de Vox–. Habría que demostrar, subrayan, que como miembro del Gobierno se habría servido de su posición para tratar de influir en la Fiscalía para que actuase en beneficio de Podemos en la causa, avalando su versión de que fue la «Policía patriótica» la que difundió esos datos para perjudicarle. «Los hechos no demuestran eso –mantienen–, pues la actuación del fiscal no busca obtener ninguna ventaja del vicepresidente, sino que es achacable a su relación personal con la letrada de Pablo Iglesias».