Por el momento son solo las diligencias de investigación de un juzgado de Instrucción de Madrid, abiertas a raíz de una denuncia del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, ante la Guardia Civil. El denunciante tendrá que declarar a finales de mes y ratificar su denuncia. También hay previstas más declaraciones en septiembre, entre otras medidas investigadoras. Aunque todo se encuentre en fase muy preliminar, el partido de Pablo Iglesias tiene ya su propio caso de sobres y fondos opacos. Calvente acusa a Podemos de pagar sobresueldos con dinero negro y de usar fondos de manera irregular para contrataciones del partido.

Todos los dirigentes de Podemos tienen intacta su presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, pero la ocasión es propicia para que Iglesias y sus camaradas reflexionen sobre el escenario judicial que se les abre y recuerden el rigor inquisitorial que han aplicado a otros en la misma situación. Tampoco estaría justificado hacerse ilusiones con la idea de que Podemos vaya a ser respetuoso con el juzgado de Instrucción o, llegado el caso, vaya a asumir responsabilidades políticas, al margen -y aun antes- de las responsabilidades judiciales. Normalmente, Podemos y la extrema izquierda, en general, jalean a quienes son condenados por los tribunales, sean agresores de policías, como la diputada madrileña Isabel Serra, o sean difamadores profesionales, como el rapero huido Valtonyc.

El momento político es aciago para Iglesias y su partido. A los reveses electorales en Galicia y en el País Vasco se unen la investigación judicial en el «caso Iglesias» por la tarjeta de su excolaboradora Dina Bousselham, y estas incipientes diligencias por sobresueldos, dinero negro y contrataciones dudosas. Los que dijeron llegar a la política para defender a «la gente» se han acomodado rápidamente a los peores resabios de la casta.