Semanas complicadas para Pablo Iglesias y para Unidas Podemos en los juzgados. Al ya conocido caso Dina, que afecta de lleno al vicepresidente del Gobierno, ahora se suma la polémica relacionada con la supuesta ‘caja B’ de Podemos denunciada por el que fuera responsable jurídico del partido, José Manuel Calvente.

El juez que está detrás de esta investigación, Juan José Escalonilla, ha decidido dar un paso importante en la instrucción e imputar a varios miembros de la cúpula de Podemos, incluso al propio partido como persona jurídica. En este sentido, el juez ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.

Este procedimiento se abrió con la denuncia interpuesta por Calvente, a la que ha tenido acceso Confilegal y en la que se señala de forma directa el nombre de varias personas muy vinculadas a la formación morada: Rafael Mayoral, Juan Manuel del Olmo, Daniel de Frutos, Ana Marcello y las hermanas Rocío y Esther Val. También aparece el nombre de Juan Carlos Monedero, que según cita este mismo portal habría participado “como intermediario en las contrataciones ilícitas de Podemos con la empresa Neurona, obteniendo un beneficio personal”.

No todos los denunciados están llamados a declarar

Calvente realizó una investigación interna y después formuló una serie de acusaciones que estaban relacionadas de forma directa con el papel que varios miembros fuertes de la cúpula de Podemos tendrían en la presunta comisión de delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos. En este sentido, Calvente declaró durante 3 horas el pasado 29 de julio y tras su testimonio el juez ha considerado citar a varios miembros de Podemos como Juan Manuel del Olmo, que deberá declarar el próximo 20 de septiembre, tal y como consta en dos autos del 30 y el 31 de julio.

En el primero de estos autos, el juez cita a declarar como investigados a la gerente de Podemos, Rocío Val, al responsable de finanzas y transparencia y coordinador del área de anticorrupción del partido, Daniel de Frutos Ramírez, y al actual secretario de comunicación del partido, Juan Manuel del Olmo. El resto de denunciados no tendrán que declarar por el momento, aunque el papel que hayan podido jugar sigue siendo investigado.

La lista de denunciados por Calvente

En la denuncia de Calvente a la que ha tenido acceso Confilegal aparece el nombre de Rafael Mayoral. Según el abogado su papel destacó “por el destino de los fondos del partido bajo la opacidad de la nueva Gerencia a partir de 2019, Mayoral parece ocupar el lugar de organizador y máximo destinatario de los fondos dispositivos”.

También aparece el nombre de Juan Manuel del Olmo, exdiputado y secretario de Comunicación de la formación morada. También es persona de confianza de Mayoral dentro del partido. Como responsable de las campañas electorales de Podemos, Del Olmo es quien ha decidido la partida presupuestaria en las elecciones generales y autonómicas de Madrid en el año 2019, “ordenando la celebración de contratos presuntamente ficticios o manifestamente hinchados, con importes muy elevados con varias empresas opacas, entre otras “Neurona Comunidad S.L.”.

“Estos contratos ficticios de Podemos se habrían celebrado con total conocimiento y complicidad del Tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y todo ello al margen de la obligación estatutaria de dar parte al máximo órgano de Podemos, el Consejo Ciudadano que es quien tiene la competencia para aprobar los presupuestos electorales”, matiza Calvente en su denuncia.

Por su parte, Daniel de Frutos es la persona de confianza de Del Olmo dentro del partido, y a su vez es el encargado de la gestión y la contabilidad de estos fondos destinados a las campañas electorales y también el encargado de controlar las subvenciones públicas recibidas por el partido. Sobre su papel, Calvente señala lo siguiente: “Utilizando siempre contabilidades separadas y la máxima opacidad interna de las facturas pagadas por Podemos, hasta el punto de que algunos socios han exigido introducir cláusulas en las mismas en caso de producirse pérdidas”, y es más, Calvente señala que De Frutos sería “el responsable de eliminar toda publicidad y transparencia de la contabilidad de Podemos”.

Respecto a Ana Marcello, es la responsable de recabar fondos a través de los actos y los eventos que organiza el partido. “Se trata de la hermana de Elena Marcello, compañera de Rafa Mayoral, desde su militancia en el Partido Comunista y actual presidenta de la Cooperativa Kinema, que sería la encargada de llevar a cabo las gestiones de ocultación”.

Por otro lado está Esther Val, actual gerente de Podemos que fue nombrada en enero de 2019 por su relación de amistad con Rafael Mayoral y a la vez socio de la cooperativa Kinema. Fue vicepresidenta de esta cooperativa previamente a este nombramiento. Val controla todo lo relacionado con los contratos y gastos del partido y del Grupo Parlamentario estatal de Podemos en coordinación con el tesorero, Daniel de Frutos.

El papel de intermediario de Juan Carlos Monedero

Según Calvente, Monedero sería el encargado de buscar empresas y gobiernos extranjeros con los que contratar a través de la empresa mexicana Neurona Consulting, obteniendo fondos mediante contratos simulados, que luego servirían para su beneficio personal, a través de comisiones cobradas de forma directa o indirecta o mediante partidas para financiar a otros partidos en el extranjero o al propio Podemos a través de microcréditos.

La motivación de Calvente: destapar la ‘caja B’ de Podemos

El que fuera responsable legal de la formación morada interpuso la denuncia en el año 2019 por sentirse víctima de la trama corrupta que había motivado su cese. Calvente ha señalado en más de una ocasión que “su cese sería la culminación de los planes de miembros de Podemos para acallar a cualquier empleado o cargo del partido que pudiera entorpecer sus presuntas actividades poco éticas, irregularidades o directamente ilícitas”.

La respuesta de Unidas Podemos: pedir la nulidad

A raíz de todas estas diligencias, la representación legal de Podemos ha dirigido un escrito al instructor en el que solicita la nulidad de las mismas alegando que el juzgado sólo le ha proporcionado “los primeros 41 minutos y 52 segundos” de la comparecencia que prestó Calvente el 29 de julio, a pesar de que en realidad la declaración se alargó casi tres horas y media.

Para Podemos, mantener las actuaciones acordadas sin haberle facilitado la totalidad de la comparecencia de Calvente, pues en ella se basan los autos dictados por el juez, genera “una evidente indefensión al no poder esta parte verificar lo practicado en su integridad en dicha declaración a los efectos de ulteriores recursos, de declaraciones testificales o de las personas investigadas, entre tantas otras diligencias que puedan practicarse”.