Convendría no engañarse. Ni dejarse llevar por estrategias del tebeo: las cortinas de humo son una exquisita (?) especialidad de los gestores de la gobernación. Los supuestos indultos que tramita el Gobierno para los golpistas catalanes, que ni los han pedido ni los desean ni los piensan admitir, son la última liebre que ha soltado la banda de Sánchez, esta vez en boca del ministro de Justicia. Ni los quieren dar, ni creen que les convenga; eso es mancharse las manos de forma demasiado evidente. El anuncio innecesario de ese trámite en pleno debate del Congreso responde a un simple cortejo escénico a los que tienen en su mano la aprobación de los presupuestos. Un indulto precisa de muchos papeleos que no están dispuestos a cumplimentar quienes, teóricamente, serían beneficiarios. Ninguno de los golpistas quiere arrepentirse ni pedir perdón: antes la amputación de cualquier saliente. Los golpistas quieren una salida «digna», y esa solo es posible mediante procesos paralelos: usted sáqueme de aquí con la cabeza muy alta y luego hablaremos de lo demás. ¿Quieres que votemos sí a tus cuentas?: pues amnistíame. Nuestro delito no existió.

Sánchez propugna una táctica que resulta menos dañina -supuestamente- que la concesión de indultos que perfectamente podría conceder independientemente de lo que informara el Supremo. Es mucho más fácil cambiar la consideración de los delitos y favorecer a quienes aún siguen encerrados a horas parciales: a partir de ahora dejamos de considerar delito execrable la sedición y en beneficio del reo, todos quedan exentos de las penas que les fueron impuestas. Evidentemente ello conlleva pagos de desgaste, pero seguramente menos engorrosos que hacer al Rey firmar un indulto a aquellos por los que se pronunció en su discurso de Octubre del 17. El indulto obliga al Gobierno a responder por un hecho plástico de alto riesgo: yo libero a los presos que orquestaron un golpe a la Constitución española dando por hecho que considero que no fue un delito que merezca la prisión. Modificando el Código Penal y acogiéndome a supuestos equilibrios de jurisdicción internacional consigo que todo parezca un rebote de consecuencias. Todos sabemos que no es así, pero en la muy lanar opinión española siempre habrá quien considere que es la legislación la que estaba equivocada y que la nueva adecuación supondrá que fueron condenados por una anacronía. Indudablemente es indecente, pero permite esconderse en algunos recovecos argumentales que el «relato» permitirá utilizar de forma perversa. Poco importa que eso no sea sino abaratar la nueva intentona que abrigan y no disimulan los que quieren desmontar España sin contar con la opinión de los españoles: cuando vuelvan a probar suerte, contarán con que el delito de sedición, gracias al sanchismo, cursa prácticamente sin pena alguna.

Todo ello ocurre ante el silencio asombroso del socialismo patrio. Sólo Felipe González -y en ocasiones Alfonso Guerra- han levantado la voz ante el desmadre sanchista y la ofensiva totalitaria de la otra mitad del Gobierno que encarna ese Pablo Iglesias que se lanza en sede parlamentaria a amenazar a la oposición con que jamás volverá a sentarse en el Consejo de Ministros, al estilo de Pasionaria con Calvo Sotelo (no era una forma de pronosticar el futuro: en boca de un comunista venezolano es una forma de amenazar al contrario). ¿Dónde están esos socialistas con los que era posible establecer pactos? ¿Son los barones socialistas unos seres mitológicos que, en realidad, no existen? ¿Piensa alguno rebelarse ante la entrega del Gobierno al execrable y muy racista independentismo catalán con tal de que garanticen la permanencia en el poder de esta pareja de buscavidas? España está inmersa en un gran fraude. El de quien dijo que iba a hacer exactamente todo lo contrario de lo que está haciendo. Los que callen que sepan que serán cómplices de esta estafa.