José María Mazón en el centro de la imagen.

ED.- El Juzgado de Instrucción Número Uno de Elche ha abierto diligencias previas por la supuesta financiación ilegal y blanqueo de capitales de Vox en la ciudad. De esta forma, la justicia ha empezado a recabar pruebas de una presunta trama revelada por este medio en junio cuando publicó el escrito de denuncia de un grupo de militantes y exmilitantes del partido de extrema derecha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante.

Entonces, el fiscal Felipe Briones se encargó de corroborar los datos aportados y de tomar declaración como testigos a los diferentes actores mencionados en el documento, entre ellos el aparente cabecilla, José María Mazón, pareja de la que fuera portavoz del grupo municipal, Amparo Cerdá. Ahora, Mazón, ya en calidad de investigado tras la denuncia del Ministerio Fiscal, deberá hacer frente a las acusaciones vertidas por los testigos llamados por el magistrado.

El supuesto delictivo, el de financiación Ilegal de partidos políticos, como se puede leer en la cédula de citación a uno de los testigos, comprende pagos en B por parte de José María Mazón en la anterior campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales con el objetivo, en este último lugar, de promocionar supuestamente la imagen de la candidata Cerdá a la alcaldía.

El escrito de denuncia apuntaba al pago en negro durante varios meses de la sede local de Vox antes de las elecciones. Justo al inicio de la campaña, especifica, Mazón aportó presuntamente 10.000 euros al partido con la orden de que fuera “en metálico” para ser repartido “entre diez afiliados para que se hagan diez ingresos de 1.000 euros”. Luego Amparo Cerdá sería la que, en teoría, informó “a afiliados fieles” de que la suma de ese dinero la habían conseguido de las mesas informativas que puso Vox en la calle “y que lo va a repartir para que lo ingrese cada uno en importes más pequeños”. Se trata de un procedimiento que recuerda a la pieza separada del caso Taula por el que están imputados exconcejales y afiliados del PP de València.

De todas estas presuntas operaciones ilegales en la agrupación local de Vox, actualmente en la oposición de la ciudad con dos diputados, el documento asegura que la actual portavoz en las Corts Valencianes, Ana Vega, era conocedora de los hechos, que “ocultó a Madrid”. La denuncia en Fiscalía también cita al diputado nacional Manuel Mestre como receptor de un dossier con todas las irregularidades. Ambos, Vega y Mestre a través del candidato Rafal Ramos, se están disputando la dirección de la agrupación de Vox en la provincia de Alicante, cuyas primarias han tenido que ser anuladas hace una semana por las acusaciones de pucherazo y de “juego sucio” de la que es actual presidenta de la gestora