Irene Montero, Pablo Iglesias y DIna Bousselham.

Pablo Iglesias y Podemos aterrizaron hace unos años en medio de un clima de desafección hacia los protagonistas del bipartidismo y la transición como esa nueva política regeneracionista contra la casta corrupta. El suyo es un caso paradigmático sobre el envejecimiento prematuro de un proyecto y de sus actores cuando el escaparate y la retórica escondían a un grupo de arribistas dispuestos a la toma del poder para servirse del mismo y no al bien común.

En estas últimas semanas, el socio de Pedro Sánchez en el Gobierno es objeto de varias instrucciones en distintos juzgados por diferentes causas relacionadas con su financiación irregular, inmersas en malversación y administración desleal, entre otros. El partido se encuentra hoy imputado por una presunta Caja B. Los escándalos crecen no como enanos, sino como gigantes, una vez reventado el tapón del sumidero con revelaciones como las de Calvente, pero no sólo.

Desde ayer, Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, el hombre que en otro tiempo provocaba el insomnio de Pedro Sánchez, está más cerca de responder ante la Justicia por su conducta presuntamente ilegal en el escándalo Dina. El juez García Castellón ha pedido al Tribunal Supremo que instruya una causa penal contra el líder de Unidas Podemos por delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y delitos de daños informáticos relacionados con su principal participación en el oscuro episodio del robo de la tarjeta del móvil de su colaboradora, la filtración y la manipulación de sus contenidos y la instrumentalización de este sombrío capítulo en beneficio propio. Su condición de aforado, privilegio del que abominaba hace unos años, evita su imputación, que queda ahora en manos del Alto Tribunal. Ahora bien, las repercusiones políticas y las consecuencias son insoslayables.

El Gobierno de España no puede cargar ni con un vicepresidente encausado ni con un partido envuelto en indagaciones judiciales por corrupción. Iglesias está obligado a renunciar o si no, a ser relevado, pues la sombra de la sospecha es un lastre que un Ejecutivo con desafíos de enorme envergadura no debe soportar, con Europa, además, pendiente de su ejemplaridad. De la respuesta de Unidas Podemos a sus diferentes frentes judiciales, sin la más mínima explicación y con ataques contra la “derecha judicial” y las cloacas, cabe deducir que Iglesias se enrocará cueste lo que cueste y explotará el victimismo. Tampoco hay aguardar nada del Código Ético del partido que él mismo se encargó de desactivar este verano para que no fuera un obstáculo ante contratiempos penales. El foco se centrará entonces en Sánchez si este no hace lo que debe, lo que debería haber hecho hace tiempo. Si se convierte en consentidor por activa o por pasiva, entonces podríamos rememorar aquello de dos por el precio de uno de González y Guerra. Sea como fuera, queda claro que aquel famoso “tic tac” que el todavía vicepresidente esgrimió contra el Gobierno del PP suena ahora más cerca que nunca de su futuro. Presunción de inocencia por delante, es una evidencia que el banquillo está hoy más cerca que ayer.

El juez pide al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en su gestión de la tarjeta del móvil sustraído a la que fue su asesora, Dina Bousselham.

La exposición razonada, de 63 folios, traslada al Supremo el asunto que se venía investigando en el caso Villarejo porque Pablo Iglesias es aforado, pero señala a más personas: Pide investigar a la actual vicepresidenta tercera del Congreso y exjefa del equipo legal Gloria Elizo y a los abogados del partido Marta Flor y Raúl Carballedo, por los mismos delitos.

De igual modo, incluye indicios de delito contra Bousselham y su marido, Ricardo Sa Ferreira, por falso testimonio, según cuenta ABC citando fuentes jurídicas.

El magistrado considera que Iglesias usó de forma fraudulenta para lograr algún tipo de ventaja electoral la causa abierta en la Audiencia Nacional a partir del hallazgo entre los archivos de Villarejo de parte del material que obraba en la tarjeta de memoria del móvil que Dina Bousselham denunció que le habían robado: Un fin «estrictamente de oportunidad política».

En concreto, relata la «consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el Sr. Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales».

El magistrado relata que bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, presentaron la desaparición del teléfono de Dina «como un encargo realizado por el Gobierno del PP al ex comisario Villarejo, para publicar en el digital OK Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos».

Meses con la tarjeta en su poder

En su propuesta a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el magistrado explica que Iglesias recibió de manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, la tarjeta del móvil de Bousselham que había llegado de forma anónima a la revista Interviú y comprobó in situ que contenía material íntimo de la que había sido su asesora.

«Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015», explica el auto. Bousselham lo había denunciado en un juzgado de Alcorcón y siguió litigando por aquel asunto asesorada por los letrados Raúl Carballedo y Marta Flor Núñez, que ahora también se ven señalados.

Para el juez, que Iglesias ocultase la tarjeta a Bousselham puede vincularse a que al consultar su contenido, vio las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía él. De acuerdo a los informes policiales, las imágenes se encontraban en la carpeta de enviados de una aplicación de mensajería.

Esos mismos pantallazos que él «había visto» aparecieron publicados en OkDiario en julio de 2016, mientras Iglesias seguía teniendo la tarjeta en su poder. Sabía así, según la tesis del instructor, que lo que se estaba difundiendo eran imágenes que la asesora había enviado a terceros.

El juez sostiene que pese a ello, con la única finalidad de desprestigiar al medio OK Diario, puesto de común acuerdo con Gloria Elizo y con la participación de los letrados Raúl Carvalledo y Marta Flor Nuñez, «a sabiendas del origen de las imágenes publicadas, el aforado Pablo Iglesias insta a los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial formulada por Bouselham, tratando de disimular falsariamente, una conexión entre las imagen publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015«.

Añade que pese al conocimiento de su falsedad y puestos de común acuerdo; Iglesias, Elizo y «Marta Flor Nuñez, como ejecutora material, simulan que la publicación de las imágenes en OK Diario durante los días 21 y siguientes del mes de julio, fue el resultado de un encargo realizado al Sr. Villarejo para perjudicar a Pablo Iglesias Turrión».

Daños informáticos

Como fuere, al cabo de varios meses le acabó devolviendo en una fecha que no se ha podido determinar la tarjeta, pero ya «inoperativa»: «Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento».

Sobre este asunto, García Castellón aprecia que existen «elementos de cargo suficientes para poder atribuir al Sr. Iglesias los daños sufridos por la micro tarjeta SD», si bien reconoce que el auto de la Sala de lo Penal que devolvió al vicepresidente su posición como perjudicado en este asunto y que especificaba que el juez no era competente para seguir esta línea de investigación dado el aforamiento, impidió recabar prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte del aforado.

De lo actuado hasta el momento se desprende, según el juez, que Iglesias recibió la micro tarjeta de memoria en buen estado, que se la llevó y que durante un tiempo la tuvo en su poder; que no consta que la compartiera con nadie más; la misma tarjeta, añade el juez- que recibe de Antonio Asensio- es la que entregó a Dina Bousselham, que trató de recuperar los datos y que sigue sin funcionar.

García Castellón considera que ahora debe ser el órgano competente el que decida si practicaba más diligencias para concretar cómo se dañó la tarjeta. «La única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder del Sr. Iglesias, pues la micro tarjeta funcionaba en el momento en el que el sr. Asensio se la entrega, y ya no lo hace cuando el sr. Iglesias se la devuelve», zanja.

Bousselham todavía puede exculparle

En cuanto a Bousselham, el juez destaca que en su comparecencia del 26 de marzo de 2016, cuando fue citada junto a Sa Ferreira e Iglesias para declarar como perjudicada, faltó a la verdad en sus manifestaciones, al igual que hizo su marido tres días más tarde.

«Ambos hechos se entienden conexos a la actuación desplegada por los servicios jurídicos del partido Podemos para construir ante el órgano judicial un relato coherente con las instrucciones dadas por el agorado, secretario General del Partido», concluye el magistrado.

Para García Castellón, los hechos que rodearon al robo del móvil de la exasesora se incardinan en un delito de descubrimiento y revelación de secretos pero le aplica un agravante porque entiende que «el hecho se habría cometido por razones de género».

«Podríamos apreciar un acceso no consentido a datos de carácter personal por parte del Sr. Iglesias, además de un apoderamiento de los archivos aprehendiendo el dispositivo en el que se almacenaba la información (la mini tarjeta SD) de carácter íntimo y personal de Dina Bousselham», dice en este sentido.

El juez explica que el delito de descubrimiento y revelación de secretos requiere denuncia de la persona agraviada, en este caso Dina Bousselham. El magistrado considera que debe ser el órgano competente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo quien decida si considera oportuno o no citar a la Sra. Bousselham, a los efectos de manifestar si exculpa al señor Iglesias por los hechos expuestos, tal y como ha venido interesando en varias ocasiones la Fiscalía Anticorrupción. García Castellón argumenta que hasta ahora no ha practicado esta diligencia, toda vez que la Sala de lo Penal confirmó la incompetencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos.

Procesa a Villarejo y a los periodistas

En otro auto, el juez acuerda procesar por estos hechos al comisario Villarejo, al director de la revista Interviu, Alberto Pozas y al periodista Luis Rendueles por delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Según obra en las actuaciones, el primero tenía en su poder los archivos de Bousselham porque Pozas y Rendueles, que lo recibieron de forma anónima en la extinta publicación, se lo entregaron.

Ellos sostienen que fue en respuesta a un requerimiento policial verbal. A partir de ahora el fiscal y las acusaciones personadas disponen de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.