El Ayuntamiento de Barcelona regó el año pasado con casi 88.000 euros por cinco proyectos a Irídia-Centro de Defensa de los Derechos Humanos, una asociación más que afín a los comunes que, como sus impulsores definen, «trabaja en Cataluña para la defensa de los derechos humanos, principalmente civiles y políticos». Desde su creación no ha dejado de recibir buenos pellizcos de las arcas municipales, especialmente por sus proyectos vinculados a la «violencia policial e institucional» y a la defensa de los inmigrantes.

La entidad nació a finales de 2015, curiosamente poco después de que Colau llegara a la alcaldía. Contó entre sus impulsores con Mariana Huidobro, la madre del antisistema Rodrigo Lanza, que el 4 de febrero de 2008 dejó a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona tetrapléjico durante un desalojo de una casa okupa, el conocido como caso del 4-F, y que recientemente ha sido condenado por un asesinato por motivos de odio que cometió en Zaragoza en 2017. Irídia se agarró entonces a las teorías, arropadas por los comunes, de que el caso había sido un montaje policial.

El «amiguismo» del gobierno de Ada Colau con esta entidad, de hecho, no es nuevo. Las primeras subvenciones se concedieron poco después de su creación, por parte de la tenencia de alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento, que lideraba el entonces concejal Jaume Asens, que había sido uno de los abogados defensores de Lanza en el 4-F. Entre 2017 y 2019, el total de subvenciones públicas que recibió Iridia, desglosado en su portal web, pasó de 35.015,05 euros (de los que 34.281 llegaron de la caja municipal) a 89.975,17 euros (61.850 de ellos, vía Colau). Eso, sin contar la contratación de servicios, de la que también tiró para ello el gobierno de los comunes.

Facturas hinchadas

De los seis proyectos que consiguió Irídia el año pasado, hubo 61.850 euros que llegaron a través de subvenciones. Un total de 37.800 euros fueron para el proyecto «Sistema de deportación y racismo. Estudio del caso: Marruecos», que impulsa el área de cooperación internacional del Consistorio en colaboración con el Instituto Internacional para la Acción Noviolenta.

Además, hubo 20.000 euros para el Servicio de Atención y Denuncia frente a situaciones de Violencia Institucional (Saidavi, por sus siglas en catalán), una aportación que desde 2017 se ha ido repitiendo periódicamente. El Saidavi, como Irídia explica, ofrece «asistencia jurídica y psicosocial a las personas que sufren situaciones de maltrato en el marco del sistema penal catalán, con el objetivo de prevenir y denunciar la violencia institucional». El servicio cogió fuerza a raíz del referéndum ilegal de 2017, ya que entonces se impulsó una campaña para denunciar las vulneraciones por las «medidas represivas adoptadas por el Estado español como respuesta al 1-O», como ellos mismos recuerdan. Hace justo un año, con la publicación de la sentencia contra los líderes del «procés», vivió otro «boom».

El gobierno de Colau ha regado sustancialmente este proyecto, aunque también se ha beneficiado de subvenciones privadas, donaciones y «crowdfunding» de sectores independentistas. Una tercera subvención del año pasado, en este caso de 4.050 euros, fue para el estudio «La violencia después de la violencia», encargado por el área de feminismos y LGTBI del Ayuntamiento barcelonés para analizar los cuerpos policiales y la violencia machista.

Por otro lado, a las arcas de Irídia llegaron otros 25.821,40 euros de Barcelona en forma de dos proyectos de contratación de servicios. De estos, destaca un contrato por valor de 16.105 euros (que por su coste, es menor, puede otorgarse por la vía directa) para la realización de las «Jornadas sobre la vulneración de derechos humanos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)». Se realizaron en diciembre de 2019 en el Colegio de Abogados de Barcelona y aunque apenas duraron media jornada, de 9.45 a 14.00 horas, la factura de Iridia, a la que ABC ha tenido acceso, contabilizó 320 horas de trabajo, además de dos noches de hotel para dos ponentes (a 180 euros cada una de ellas), un hecho que como poco choca pues el acto duró emnos de cinco horas.

La paradoja con los CIE

Irídia ha sido una de las asociaciones sobre las que se ha apoyado más el gobierno de los comunes en Barcelona para luchar por el desmantelamiento de los CIE. Una batalla que Colau arrastra desde hace años y que ahora ha intensificado. Estas instalaciones reabrieron hace escasas dos semanas tras un cierre forzado por el Covid y la líder BComú, junto a su homólogo en Valencia, Joan Ribó (Compromís), mandaron hace unos días una carta al Gobierno, la segunda de ambos en menos de medio año, para exigir el cierre de estos espacios. «Son crueles, ineficaces e incumplen las medidas sanitarias», recordaba la alcaldesa. A nadie se le escapa, sin embargo, esta paradójica presión de ambos líderes locales al Ejecutivo central, al que sus coaliciones pertenecen.