La Policía francesa se ha presentado en la casa del ministro de Sanidad de ese país para efectuar un registro al objeto de investigar lo que los franceses consideran una gestión fallida de la lucha contra el coronavirus. Diversos ámbitos políticos de la Unión, por demás, recelan de la pretendida reforma impulsada por el Gobierno español para controlar el Poder Judicial y vienen a decir que peligran los fondos europeos destinados a la recuperación económica. Los polacos se dirigen a la Comisión Europea y le preguntan con guasa: Oiga, ¿va a ser sancionada España por su pretensión de controlar el poder judicial tal y como ustedes han hecho con nosotros por una acusación parecida?

Vayamos por partes. Si en España hubiera que enviar a la Policía a registrar domicilios de gestores fallidos no habría bastantes agentes para revolver papeles en todos los escritorios habidos y por haber. En el país europeo de peor gestión gubernamental, el ministro de Sanidad se asoma a diario a dar lecciones de cómo actuar ante una pandemia que se ha comido más vidas que en cualquier otro lugar, imparte estados de alarma según la conveniencia política de su gobierno, y templa gaitas con territorios en los que su actuación resultaría, cuando menos, políticamente tensa. Por mucho menos de eso en Francia la policía ha entrado a pedir documentos.

La queja de Polonia -y la de Hungría, a poco que se les conceda tiempo-, establece comparaciones entre diversos populismos europeos. Los españoles, desgraciadamente, estamos sujetos a uno de ellos, el de la izquierda extrema. El Tribunal Supremo dinamitó antes de ayer el montaje que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, invalidando al juez mamporrero que incluyó una frase con la que culpar al PP para que pudieran justificar su moción de censura. Cuando ocurrió, en su día, no pocos avisaron de las intenciones que albergaba el Gobierno que se asomaba: control indecente de todos los resortes del Estado. Quien era capaz de manipular una sentencia con falsedades para justificar un asalto político negado por las urnas, podía ser capaz de todo. Ese gesto inicial, ese primer aldabonazo de un individuo al que sus propios compañeros habían echado por la ventana del Comité Federal de su partido, indicaba la senda a recorrer. A Sánchez le echaron a patadas por querer hacer con el partido lo mismo que está haciendo ahora con el país, manosearlo a su gusto. Ni qué decir tiene que la unión con Podemos -ese pacto de dos borrachos para no caerse al suelo- añadiría intensidad al paquete gubernamental y no habrían de pasar muchas lunas antes de evidenciar el interés del gobierno en conquistar y doblegar al Poder Judicial: sobre un juez sometido -José Ricardo de Prada- pusieron la primera piedra de su edificio, y ocupando el CGPJ quieren ahora alicatarlo hasta el techo. El Consejo no juzga, pero sí nombra a quienes juzgan, y, además, es la cantera de aquellos que forman parte de la Junta Electoral Central: controlando a los jueces propios, a los Pradas de turno, también aspiran a controlar las normas electorales. Ojo con eso.

Sánchez va a tumba abierta tratando de liquidar los controles democráticos y ocupar todos los resquicios del poder (cuando tiene la mayoría más exigua que se recuerda). Todo mientras la pavorosa pandemia que nos ocupa ha dejado en España cerca de 60.000 muertos. Ahí convergen los dos argumentos de salida de este suelto: una epidemia mál controlada y gestionada mete el miedo en el cuerpo de la ciudadanía y, mientras tanto, una tuneladora subterránea va taladrando el edificio constitucional del que nos dotamos hace ya unas décadas. No hay ámbito en el que las garras de este Gobierno no arañen lo que puedan. De ahí que la esperanza esté en el ejemplo europeo. Registren a este Gobierno.