La enmienda a la ley de Educación que ha ultimado la abrasiva ministra Celaá y que ayer echó a andar en sus primeros trámites parlamentarios, tiene elementos estratégicos y también otros meramente operativos. Lo de menos es el castellano: el idioma español, en este caso, es el catalizador oportuno, la pieza perfecta que encaja en la maquinaria tacticista.

Los impulsores de esta enmienda que quiere eliminar del texto de la ley la referencia al castellano como lengua vehicular, buscan encabronar a Ciudadanos, ya que hasta ahora no se han enfadado lo suficiente y siguen empeñados en votarle los Presupuestos a Pedro Sánchez a poco que garantice un par de cosas.

Cuando los de Arrimadas dijeron bovinamente que sí a que este pájaro haga y deshaga lo que quiera durante seis meses sin pasarse por la oficina de todos que es el Parlamento, los amigos de Podemos entendieron que había que tocarles algún territorio sensible para levantarles de la mesa de cualquier negociación: sencillamente, no quieren a Ciudadanos en los alrededores. Pactar con ERC una enmienda aprobada por el PSOE (al que ya le da igual todo con tal de que su dueño y señor siga ahí amarrado hasta que no haya más remedio que convocar elecciones) en la que se oficializa la situación del castellano en Cataluña es lo suficientemente corrosivo como para que, efectivamente, se levanten y no vuelvan. ERC consigue, por su parte, además de las medallas correspondientes, acallar a todos los tribunales quisquillosos que inician procedimientos contra la anulación total del castellano en las aulas y la desobediencia a diversas sentencias que obligan a que la lengua común de todos los españoles ocupe, al menos, un 25% del tiempo lectivo. Esa sentencia del Supremo se la ha pasado la Generalidad por el mismo forro que algunas otras.

Sin que nunca haya pasado nada. La guinda del engrudo se sitúa en las próximas elecciones catalanas de febrero, en las cuales podría formar un gobierno ERC, los Comunes Podemos, como se llamen; la CUP si hace falta y el apoyo del PSC. Esa es una forma de estabilizar el Gobierno en La Moncloa, manejar la Generalidad y, por qué no, también el Ayuntamiento de Barcelona. El castellano sería aquí la víctima propiciatoria aunque sólo de forma escénica, ya que esa lengua solo vive en la calle, en las conversaciones y transacciones privadas, que son muchas, desde luego, pero no en la Cataluña oficial.

Y si queremos ahora hagamos todas las consideraciones debidas: es un allanamiento de la libertad de elección, es estigmatizar la lengua hablada familiarmente por la mitad de catalanes y tal y tal. La lista sería larga. Pero no es empeorar la situación del castellano en la escuela catalana porque el castellano, sencillamente, no existe más que en el recreo y hasta eso quieren corregir. Este trámite sirve para mantener viva la llama del amor con ERC, echar a Ciudadanos y planear el control de poderes futuros. Y así sacar los dichosos Presupuestos.