Lo que está aconteciendo en España estas últimas semanas tras el hundimiento del PSOE en las municipales y autonómicas del 22-M, tiene una marcada similitud, guardando las distancias, con la magnífica película del director alemán Oliver Hirschbiegel sobre el hundimiento de Hitler y el tercer Reich. La película narra los últimos días de Hitler y su retirada al sistema de búnkeres que se encontraban bajo la cancillería alemana. El enemigo se aproximaba. El ejército ruso, sin remisión, estaba estrechando el cerco sobre Berlín. La capital estaba en ruinas. Destruida. Por ende, la derrota de Alemania era inevitable. Sólo unos cuantos soldados seguían luchando en las calles ayudados por las milicias populares Volkssturm, el ejército del Führer. El imperio se desvanecía y Hitler reunió a su personal de confianza para la despedida final. Condecoró a Magda Goebbels, esposa del ministro de propaganda de la Alemania nazi Joseph Goebbels, con una medalla como la mejor madre del tercer Reich. Agradeció a los presentes la deliciosa comida y se despidió de Traudl, una de sus secretarias personales. A continuación, Hitler y su esposa se retiraron a sus estancias privadas. Era el final. Y en aquel momento sus vasallos cumplieron la última voluntad de Hitler: calcinar los cadáveres en una zanja sobre el búnker y acometer una quema desbocada de papeles para no dejar huella.

Huelga decir que mi intención no es banalizar ni un ápice un hecho tan monstruoso como fue el holocausto nazi. De hecho, Hannah Arendt, en su libro Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalización del mal, expuso un nuevo concepto para explicar el genocidio judío por parte del régimen nazi. Arendt no culpaba, única y exclusivamente, a los autores directos del genocidio, sino que responsabilizó además a toda la sociedad alemana, sin duda la más culta y refinada de la época. Pero soy de la opinión que la situación de las consecuencias del descalabro socialista del 22-M tiene una cierta equivalencia con el hundimiento del régimen de Hitler. No porque semejante cataclismo se haya traducido en que los socialistas hayan perdido numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas en los que llevaban décadas gobernando. Sino porque desde el mismo momento que se conocieron los resultados electorales comenzaron a producirse denuncias por toda España sobre la destrucción de documentos oficiales. Lo cual es un escándalo de proporciones mayúsculas.

Es evidente que no es un hecho coyuntural el que los tradicionales traspasos de poderes, que deberían ser modélicos en cualquier democracia que se precie, se sucedan con una multitud de historietas y una guerra psicológica por doquier. De hecho, la toma de posesión del alcalde popular Xavier García Albiol en Badalona, entre vítores y silbidos, forma parte de la genética de un país plural. Es decir, entra dentro de la normalidad democrática. Sin embargo, lo que hasta ahora no habíamos visto en este país con cierta diligencia democrática es la quema de documentos y la aparición de furgonetas oficiales con bolsas de basura repletas de documentos, al más estilo de los años oscuros malayos y del hundimiento hitleriano. Vergüenza cósmica produce que la Policía Judicial haya intervenido el Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva), donde el PP ha conseguido la mayoría absoluta tras más de treinta años de gobiernos del PSOE, después de que un denunciante alertara a la Guardia Civil de que se estaban destruyendo documentos municipales arrojándolos a la basura. O que del Ayuntamiento de Jaén partieran de madrugada a toda velocidad furgonetas llenas de documentación, acaso para practicar una quema documental y pugnar con el humo del volcán Peyehue en Chile. O que en Estepa (Sevilla), al parecer, se hayan llevado ordenadores con información, tal vez para evitar que encontrasen algún documento oficial, disfrazado de virus informático, con contratos a amiguetes, chanchullos por doquier y facturas comprometidas. Y así un largo etcétera. Toda una competición institucionalizada del delito y del disparate para emular a los compañeros del Ayuntamiento de León, la patria chica del hombre de la ruina, cuyas prisas para limpiar despachos y destruir masivamente papeles haya traído como consecuencia que dos máquinas destructoras de documentos hayan resultado averiadas y llevadas a reparar por el excesivo trabajo al que han sido sometidas en los últimos días.

Con todo, el caso más paradigmático es el de la Junta de Castilla-La Mancha, bastión socialista por excelencia, conjuntamente con Extremadura –la siguiente que puede caer- y Andalucía. Y es que gracias a las prebendas, al silencio funesto, al derroche sin fronteras, como el ruinoso aeropuerto de Ciudad Real, no resulta extraño que haya traído como consecuencia el que se publiquen fotografías, como las que hemos visto estos últimos días, en las que se mostraban furgonetas sacando numerosas bolsas de basura llenas de documentos. Y todo para intentar disfrazar que el gobierno de Barreda debe, por poner un ejemplo, 70 millones al grupo Capio por asistencia sanitaria, otros 40 millones a la Asociación de Residencias de Mayores de Castilla-La Mancha o más de 4,5 millones comprometidos en programas sociales aprobados a Cáritas. Pero por si esto fuera poco, el gobierno manchego sólo podrá pagar las nóminas del mes de junio a sus funcionarios si aplaza el pago a hospitales, farmacéuticas y residencia. Todo un síntoma y una paradoja de un país enfermo cuya única respuesta radica en mostrar trituradoras a todo ritmo, mutilando la memoria de la Administración y aniquilando el futuro. Triste epitafio de la nación que fue y que está en ruinas. Lo peor es que nunca una ruina fue tan cara.