El establishment del Estado español estaría formado por las subélites financiera-empresarial, política, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español,herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Sin embargo, dichas subélites tan sólo serian satélites orbitando en la esfera de gravedad del Opus Dei, élite Alfa que habría fagocitado todas las subélites del establishment e iniciado asimismo una estrategia de acoso y derribo del Gobierno Sánchez.

Operación “Acoso y derribo del Gobierno Sánchez”

La primera fase de dicha operación, incluiría una ofensiva mediática para hacer del Gobierno central el único culpable de “la pésima gestión ante la crisis sanitaria”. La segunda fase consistiría en la negativa del PP y Vox a implementar nuevas prórrogas del Estado de Alarma por ser “una dictadura constitucional que restringe las libertades individuales”, tentativa que fracasó debido al cambio de actitud de Ciudadanos al apoyar al Gobierno Sánchez en las dos últimas prórrogas. La tercera fase de la operación “Acoso y Derribo” intentará aprovechar el malestar de amplios sectores de la ciudadanía por la duración del confinamiento así como la ruina de autónomos y pequeños empresarios para iniciar “una Revolución Patriótica o Rojigualda” que mediante “caceroladas y escraches” desafió al Gobierno al incumplir sin recato las restricciones incluidas en el Estado de Alarma.

La cuarta fase desestabilizadora consistió en la “judicialización de la política o lawfare”.Con dicho término nos referimos al “abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad”, sirviéndose del Tardofranquismo judicial. Dicho anacronismo tendría a la Audiencia nacional y el Tribunal Supremo como brazos ejecutores, a los jueces Lamela y Llarena como su más destacados peones y al juez Marchena como Sumo Sacerdote de unos tribunales que estarían controlados por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, descollando la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, condecorada en su día por la Presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal).

Como paradigma de tal ofensiva judicial, estaría la cabriola jurídica del juez García Castellón, que pertenecería al llamado “clan de los políticos afines al PP” con el objetivo inequívoco de declarar a Pablo Iglesias como “investigado en el llamado “Caso Dina” y forzar su dimisión como Vicepresidente del Gobierno así como la posterior apertura del sumario por el juez Escalonilla contra la cúpula de Podemos tras una denuncia presentada por el ex-abogado de Podemos, José Manuel Calvente por “presunta financiación irregular”, procesos judiciales de escaso recorrido y que terminarán diluyéndose en el olvido.

La línea roja de Bildu

EH Bildu estaría integrada por militantes de las extintas Aralar y EA así como de Sortu y estaría marcada por el estigma de su reticencia a condenar el terrorismo de ETA, lo que le habría convertido a ojos del establishment español en un “paria político”. Sin embargo, el apoyo de Bildu a los Presupuestos del gobierno Sánchez escenificaría la asunción de Bildu como colaborador externo del Gobierno de Sánchez , lo que de facto supone otorgarle “la legitimidad democrática al otrora paria político” (EH Bildu), acuerdo que habría encendido las alarmas en el establishment españolista. En consecuencia, asistiremos a la quinta fase desestabilizadora, conocida como “Ave Fénix” que intentará reeditar el Tejerazo del 1.981, en el que los líderes políticos confinados en el Congreso fueron “invitados” a aceptar un acuerdo tácito por el que se declaraban intocables el status quo dominante (establishment) asociado al sistema monárquico (Felipismo), al sistema político bipartidista, al eurocentrismo y a la defensa de la “unidad indisoluble de la nación española”.

En este contexto se encuadra la carta dirigida al Monarca y firmada por 73 ex-mandos del Ejército de Tierra en el que le muestran su “apoyo y lealtad en estos momentos difíciles para la Patria” al tiempo que culpan al Ejecutivo social-comunista de “amenazar con la descomposición de la unidad nacional”. Así, tras el “golpe blando” y la disolución del Gobierno Sánchez, asistiremos a la convocatoria de nuevas elecciones de las que surgirán un Gobierno de Salvación PSOE-PP que procederá a la adopción de medidas austericidas siguiendo los dictados de la Troika europea. Dichas medidas se traducirán en una dramática reducción de los subsidios sociales que afectarán a la duración y cuantía de las prestaciones de desempleo, pensiones de jubilación y viudedad así como a una severa reducción de los sueldos del funcionariado que significarán de facto el retorno a escenarios económicos de la postguerra.