La Fiscalía Provincial de Madrid considera que Podemos debe seguir imputado como persona jurídica en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que investiga a la formación por un delito de financiación irregular en relación al contrato de consultoría con Neurona Comunidad.

El Ministerio Público se opone a la petición de Podemos de archivar las diligencias argumentando que resulta «más garantista» para el partido mantenerse como imputado.

El juez investiga ese contrato por importe de 363.000 euros que la coalición Unidas Podemos intentó pasar por gasto electoral en las generales de abril de 2019 haciendo saltar las alarmas del Tribunal de Cuentas. Las fechas del contrato no cuadraban con las facturas y la supuesta consultora resultó ser una mercantil con sede en un despacho de abogados de Carmona (Sevilla) sin empleados ni actividad.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas informó al juzgado de indicios de delito electoral y falsedad en documento mercantil, ilícitos que sólo pueden cometer personas físicas, pero el instructor acordó imputar al partido por un presunto delito de financiación irregular que en la actualidad, se sigue investigando.

No obstante, en la causa se analizan asimismo otros hechos denunciados por el exabogado del partido José Manuel Calvente, como el sobreprecio de las obras de la sede de Podemos o los pluses salariales de su cúpula económica.

La Fiscalía, en línea con la posición que ha mantenido desde que en julio se iniciaron las pesquisas, señala en su escrito que «los únicos hechos respecto de los que existen indicios racionales de delito son los referidos a la contratación con la mercantil Neurona».

Recuerda sobre el contrato que «existen indicios de que el objeto del mismo era la propia financiación del partido desde la cuenta electoral» y por ello, «la tipificación inicial» del delito que hizo el juez «no es absurda o arbitraria», como dice Podemos.

Añade, no obstante, que en su opinión, «de las diligencias practicadas por el momento no existen indicios de esa presunta financiación irregular», es decir, de que tuviese lugar.

Delito electoral y falsedad

Se posiciona así con el criterio de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas pues considera que los hechos que rodean al contrato con Neurona «son susceptibles de ser incardinados en un delito de falsedad en documento mercantil y un delito electoral». Por estos dos ilícitos están imputados los dos administradores mancomunados de la cuenta electoral de Unidas Podemos, Daniel de Frutos y Carlos García Ramos; así como el administrador de Neurona Comunidad, Elías Castejón.

Para la Fiscalía de Madrid, atribuir al partido la condición de investigado «resulta más garantista para el mismo por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación pueda defenderse y proponer diligencias».

«Más aún, si no tuviera la condición de investigado, mal podría proponer prueba o interponer recursos como ha venido haciendo a lo largo del procedimiento», añade el escrito.

Podemos había solicitado salir de la causa al entender que no hay indicios de financiación irregular que justifiquen el desgaste de una imputación. Su cúpula económica y el secretario de Comunicación están investigados.