Ana González García.-.- Desde años se ha consentido y normalizado una aberración, ya que fruto de las irregularidades, la opacidad y las continuas arbitrariedades que se cometen en las pruebas de ingreso al CNP, los procesos selectivos vienen acompañados del escándalo mediático e institucional, que ensucia el nombre de la institución y desprestigia el trabajo de sus miembros, sin que a nadie parezca importarle o interese ponerle remedio.

Esta anomalía administrativa desemboca cada año en un colapso en la vía judicial, debido a la ingente cantidad de recursos que los opositores se ven obligados a interponer, y que se postula como la única posibilidad para defender sus derechos, recobrar su dignidad y poder continuar como opositor de pleno derecho en la lucha por una plaza.

Estos recursos, que se han convertido en una rutina más del proceso, son ganados sistemáticamente por los opositores. Una estadística de éxito que se debe básicamente a dos aspectos: Por un lado, un cuadro médico obsoleto, pruebas diagnósticas inadecuadas y dictámenes médicos ausentes del rigor necesario. De otro lado, entrevistas personales que carecen de todo rigor científico y adolecen de una evaluación psicológica previa al candidato.

Es a partir del año 2015, cuando la DFP, conocedora de esta demoledora estadística, cambia el orden de realización de las pruebas, con el único fin de obstaculizar la entrada en Ávila de los recurrentes injustamente expulsados. Lo cual quedó constatado, el 27 de junio del año 2019, tras la jugada que sufrieron los 28 opositores recurrentes de aquella promoción convocados a realizar una prueba de psicotécnicos que, tras el fallo estimatorio del TSJM, debería ser de la misma dificultad que la de su año. Y en cambio fueron sometidos a un examen con una dificultad extrema, que conllevó que ninguno pasara el corte establecido, teniendo que acudir nuevamente a la justicia, los magistrados del TSJM despacharon este escabroso asunto con auto muy duro en el que se daba la razón a los opositores y se considera probada la desviación de poder de la DGP.

Este profundo desprecio hacia el opositor, emana de una autoridad despótica que entronca con los más oscuros episodios de nuestra historia reciente, y les lleva no solo a ignorar la ley, sino incluso a incumplir las sentencias judiciales, como hemos visto. Y lejos de avergonzarse y corregir esas actuaciones indeseables, se han elaborado estrategias para perpetuarlas: por un lado se ha utilizado el Cuestionario de Información Biográfica (CIB) como prueba documental que esgrimir contra los posibles recurrentes. Por otra parte, con respecto a la grabación de la entrevista personal, y a pesar de los múltiples requerimientos para que sean aportadas como medio de prueba, a día de hoy no han tenido respuesta ni se ha reportado ninguna.

Asimismo, en la última convocatoria se modifican las bases para que el CIB y el test de personalidad (TP), sean instrumentos meramente anecdóticos, utilizados para orientar la entrevista al capricho del tribunal. Se da la paradoja de opositores expulsados en entrevista, alegando un supuesto déficit en la comunicación por haber dejado alguna pregunta en blanco en el CIB, frente a otros opositores que, a pesar de haber dejado en blanco numerosos ítems, incluso en el TP, han superado la misma.

Ahondando en la opacidad del proceso, nos encontramos con la negativa de la grabación de las pruebas físicas, argumentando razones peregrinas de protección de datos, cuando estas garantías son utilizadas en otros cuerpos hermanos como la Guardia civil, e igualmente la negativa a utilizar instrumentos de medición modernos, y homologados, y ello a pesar de que el sindicato mayoritario JUPOL y alguna academia como DEPOL se ofrecieron a sufragar de su bolsillo los chips para la medición de las pruebas.

Una prueba más de este dislate es lo sucedido este año con la prueba de ortografía, cuando se decidió elevar la nota de corte y se consideró que determinadas palabras estaban mal escritas, contraviniendo el criterio de la RAE a este respecto, y abocando a miles de opositores a recurrir estas decisiones que parecen no tener padre, pero esperemos que pronto tengan nombre y apellido. Esta situación además, guarda cierta similitud con la ocurrida en el año 2017, cuando se tuvo que anular dicha prueba y motivó el cese del jefe de la División en aquel momento, Carlos Lobato Masa.

El pasado día 12 de diciembre se hacía pública la noticia de que el comisario principal, Jesús María Marín Zabala, jefe del Área de Procesos Selectivos del CNP era “cesado”. Otro lavado de imagen, que a pesar de las similitudes con el anterior, hemos de anotar una gran diferencia, ya que a toda la vorágine mediática, administrativa y judicial y a la incidencia acumulada estos últimos años, siendo especialmente grave el Auto de la XXXII, hay que añadir que este “cese” ha sido coincidente en el tiempo con otra publicación, de la revista jurídica Economist&Jurist, en la que JUPOL, habla de exigir y depurar las responsabilidades correspondientes en la vía penal.

¿Estrategia, coincidencia, causalidad…?